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El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, durante la presentación del decreto de vivienda. EFE

Canarias permitirá convertir oficinas y locales comerciales en viviendas

Rodríguez lleva al próximo Consejo de Gobierno un decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis habitacional aumentando la oferta y simplificando requisitos

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 15 de febrero 2024, 01:00

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Con el objetivo de hacer frente a la crisis habitacional que registra la comunidad autónoma, el Gobierno de Canarias adoptará medidas urgentes encaminadas a aumentar la oferta de vivienda y simplificar los requisitos y procedimientos.

Entre estas propuestas figura el cambio de uso para convertir oficinas y locales comerciales en casas. Además, las nuevas viviendas públicas protegidas serán de alquiler de manera permanente y sin opción a compra por parte de los adjudicatarios.

Así lo recoge el proyecto de decreto ley que el consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez, elevará al Consejo de Gobierno del próximo lunes para su aprobación.

Se trata de un texto que recoge «iniciativas concretas y valientes» para afrontar «uno de los principales problemas» del archipiélago, como es la emergencia habitacional. Según los datos del Ejecutivo, más de 20.000 familias son actualmente solicitantesde una vivienda en las islas.

Agilización

La intención de la Consejería es agilizar la construcción de toda la obra planificada en este momento -que suman en torno a 3.000 casas contempladas en el «poco ambicioso» Plan Canario de Vivienda, el Plan Nacional de Vivienda y el programa europeo MRR-.

Sin embargo, esta cifra, que Rodríguez calificó de insuficiente, «se puede multiplicar por dos» con las medidas contempladas en el documento. Entre ellas, la finalización de las viviendas inacabadas, que cifró en torno a 3.000 inmuebles y que el Gobierno de Canarias quiere «comprarlas todas».

Reducir plazos

Uno de los objetivos fundamentales fijados por este departamento es la reducción de los plazos en los diferentes procedimientos, especialmente en la cesión de suelo de los ayuntamientos a la administración regional, y pasar de los 14 meses actuales a tres meses de media desde que es aprobado el expediente por el pleno municipal hasta que el suelo es asumido por la comunidad autónoma.

Además, el consejero detalló que entre las medidas contempladas para incrementar la vivienda disponible, además del cambio de uso de locales comerciales y oficinas a residencial, se plantea que los edificios ubicados en suelo urbano incrementen su edificabilidad si se destinan a vivienda protegida hasta alcanzar la altura máxima de los edificios colindantes o la división de casas para obtener nuevas viviendas.

El decreto ley también contempla que la vivienda protegida no pase, como ocurre actualmente, a ser propiedad del solicitante sino que se mantenga siempre en régimen de alquiler, con cuotas que no superarán el 20% de los ingresos familiares.

Obras inacabadas

En las edificaciones y urbanizaciones no terminadas serán autorizadas las obras necesarias para su finalizaciónsegún la licencia original. Además, concede el derecho de adquisición preferente a favor de la administración autonómica sobre la totalidad de un inmueble en el que exista más de una vivienda, cuando al menos una de ellas esté arrendada.

El requisito para implantar estas medidas es que al menos el 50% de las casas se destine a vivienda protegida de promoción privada, dijo Rodríguez.

Compatibilidad suelo residencial y turístico

En cuanto al procedimiento para la obtención de suelo público, el decreto recoge la compatibilidad del uso residencial y del turístico «siempre que estén en suelos sin desarrollar». En estos casos, un tercio de la edificabilidad debe ser para vivienda protegida.

El consejero hizo hincapié en que este decreto ley pretenden actuar en suelos «antropizados», de manera que no se ocupe más terreno. En el caso de los ayuntamientos que no tienen más suelo para poner a disposición de la construcción de nuevas viviendas, pueden dar respuesta a través del espacio destinado a equipamiento.

Pablo Rodríguez fue tajante al asegurar que «no» se utilizará el suelo rústico.

Vista aérea de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Necesaria implicación del sector privado

Parte del éxito de las propuestas del decreto ley pasa la implicación del sector privado, al que «se ha escuchado» antes de elaborar este texto, apuntó el consejero Pablo Rodríguez. Uno de los aspectos que recoge el documento es la actualización del Módulo Básico Canario, de manera que recoja no solo la realidad del mercado sino de cada territorio, diferenciando el precio de las islas capitalinas -que se fijará en 1.905 euros el metro cuadrado- y las periféricas, que quedará establecido en 2.183 euros. Rodríguez confía en que esta propuesta sea «un revulsivo» para la construcción, de manera que se pueda reactivar el sector y con ello crear puestos de trabajo, además de equilibrar el mercado «y bajen los alquileres».

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