Canarias permitirá convertir oficinas y locales comerciales en viviendas

Así lo recoge el proyecto de decreto ley que el consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez, elevará al Consejo de Gobierno del próximo lunes para su aprobación.

Se trata de un texto que recoge «iniciativas concretas y valientes» para afrontar «uno de los principales problemas» del archipiélago, como es la emergencia habitacional. Según los datos del Ejecutivo, más de 20.000 familias son actualmente solicitantesde una vivienda en las islas.

La intención de la Consejería es agilizar la construcción de toda la obra planificada en este momento -que suman en torno a 3.000 casas contempladas en el «poco ambicioso» Plan Canario de Vivienda, el Plan Nacional de Vivienda y el programa europeo MRR-.

Sin embargo, esta cifra, que Rodríguez calificó de insuficiente, «se puede multiplicar por dos» con las medidas contempladas en el documento. Entre ellas, la finalización de las viviendas inacabadas, que cifró en torno a 3.000 inmuebles y que el Gobierno de Canarias quiere «comprarlas todas».

Uno de los objetivos fundamentales fijados por este departamento es la reducción de los plazos en los diferentes procedimientos, especialmente en la cesión de suelo de los ayuntamientos a la administración regional, y pasar de los 14 meses actuales a tres meses de media desde que es aprobado el expediente por el pleno municipal hasta que el suelo es asumido por la comunidad autónoma.

Además, el consejero detalló que entre las medidas contempladas para incrementar la vivienda disponible, además del cambio de uso de locales comerciales y oficinas a residencial, se plantea que los edificios ubicados en suelo urbano incrementen su edificabilidad si se destinan a vivienda protegida hasta alcanzar la altura máxima de los edificios colindantes o la división de casas para obtener nuevas viviendas.

El decreto ley también contempla que la vivienda protegida no pase, como ocurre actualmente, a ser propiedad del solicitante sino que se mantenga siempre en régimen de alquiler, con cuotas que no superarán el 20% de los ingresos familiares.

En las edificaciones y urbanizaciones no terminadas serán autorizadas las obras necesarias para su finalizaciónsegún la licencia original. Además, concede el derecho de adquisición preferente a favor de la administración autonómica sobre la totalidad de un inmueble en el que exista más de una vivienda, cuando al menos una de ellas esté arrendada.

El requisito para implantar estas medidas es que al menos el 50% de las casas se destine a vivienda protegida de promoción privada, dijo Rodríguez.

En cuanto al procedimiento para la obtención de suelo público, el decreto recoge la compatibilidad del uso residencial y del turístico «siempre que estén en suelos sin desarrollar». En estos casos, un tercio de la edificabilidad debe ser para vivienda protegida.

El consejero hizo hincapié en que este decreto ley pretenden actuar en suelos «antropizados», de manera que no se ocupe más terreno. En el caso de los ayuntamientos que no tienen más suelo para poner a disposición de la construcción de nuevas viviendas, pueden dar respuesta a través del espacio destinado a equipamiento.

Pablo Rodríguez fue tajante al asegurar que «no» se utilizará el suelo rústico.