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La ausencia de planificación, la obsolescencia de las instalaciones y el crecimiento poblacional -fundamentalmente en la provincia oriental y Tenerife- son las tres principales causas que han colocado a la comunidad autónoma ante la necesidad de una profunda renovación de sus infraestructuras hidráulicas y, con ello, de una importante inversión.
Concretamente, poner al día todo el sistema en todas las islas tiene un coste de casi 4.000 millones de euros, según el diagnóstico realizado por la Consejería de Política Territorial.
Tal como explica el viceconsejero de Aguas, Marcos Lorenzo, esta cantidad -concretamente 3.981 millones- corresponde a la actualización de los planes hidrológicos para el período 2022-2027 que recoge un total de 1.525 actuaciones en el archipiélago. Esta programación, dice, tenía que haber estado ultimada desde hace dos años pero «se está terminando ahora».
Después de este diagnóstico por parte del departamento que dirige Manuel Miranda, el problema ahora es contar con la financiación precisa. Y aunque el viceconsejero puntualiza la responsabilidad del Estado en este asunto, también reconoce que «ya no asume el coste de estos convenios al 100%» y plantea la cofinanciación como la única fórmula siguiendo las directrices de la Abogacía del Estado.
Canarias no se opone a esta vía, pero insiste Marcos Lorenzo en que «no dicen en qué porcentaje pueden implicarse y tampoco acceden a sentarse para buscar una salida» que se vuelve urgente para el archipiélago.
No es esta la única dificultad que encuentran a la hora de negociar con Madrid. A pesar de que la comunidad autónoma tiene competencias en aguas y, por tanto, la responsabilidad de negociar con el Estado, detalla el viceconsejero, en los últimos años «algunos cabildos e incluso ayuntamientos han contactado directamente con empresas públicas estatales» para solventar sus problemas en materia de aguas. El problema es que ese dinero se contabiliza como fondos asignados a Canarias.
«Ese modelo no sirve para planificar», insiste Lorenzo, para quien «no se cumple con la legalidad porque no es la comunidad autónoma quien planifica, sino que el primero que llega se lleva el dinero».
De esta manera, en los últimos cinco años las corporaciones locales negociaron obras por valor de unos 400 millones. Esa partida, apunta, «es la cuenta de la vieja, porque ni procede de la coordinación ni emana del consenso entre el Estado y la comunidad autónoma». En cambio, al conjunto del archipiélago solo llegaron los 20 millones que por este concepto destina Madrid al archipiélago y que aún está pendiente de recibir este año.
Por eso, el viceconsejero de Aguas insiste en abogar por la coordinación entre las instituciones canarias y evitar «que las inversiones en las diferentes islas se vean descompensadas». Sobre todo, indica, es importante la coordinación para hacer frente a los problemas de depuración, por los que Bruselas mantiene varios expedientes abiertos.
El responsable de Aguas del Gobierno regional asume que no podrán contar con toda la financiación que precisan para hacer frente a la actualización de las infraestructuras hidráulicas y se muestra a favor de reforzar también la inversión contemplada en los presupuestos canarios, que en 2024 contabilizó 25 millones de euros.
Para el próximo ejercicio espera contar con al menos 60 millones, sumando los fondos propios y los del Ministerio para la Transición Ecológica. «Invertiremos todo lo que tengamos».
Canarias ha pagado casi ocho millones de euros por una sanción derivada de la sentencia de Bruselas contra España por el incumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en Tenerife, a razón de 115.000 euros mensuales que se abonan en dos pagos semestrales de 687.017 euros.
Y tendrá que seguir haciendo frente a esta multa hasta que no se solucione el problema de vertidos detectado y finalicen las obras que permitan el tratamiento de estas aguas y que afecta a tres municipios tinerfeños, según explica el viceconsejero de Aguas, Marcos Lorenzo. Detalla que la multa europea hace referencia a los vertidos en el Valle de Güimar, concretamente en la zona de Candelaria.
La dificultad para buscar una salida a esta situación y dejar de pagar la sanción estriba en que la solución «no puede venir solo del Gobierno de Canarias», sino que implica a tres niveles de la administración.
Indica al respecto que en este área existe una depuradora comarcal a la que tienen que llegar las aguas de los municipios de Arafo, Candelaria y Güimar.
Sin embargo, la realidad es que, después de varios años y con esta infraestructura terminada, «no llega ni un solo litro» porque aún no están terminados los colectares municipales que deben recoger el agua residual de estos municipios para tratarla en la depuradora.
En el caso de Candelaria, los trabajos se han encontrado un problema añadido y es que la zona para hacer el bombeo a la estación de Arafo está situada detrás de la Basílica y el colector tiene que tiene que atravesar la Plaza de la Candelaria. El Gobierno de Canarias tiene casi dos millones de euros recogidos en el presupuesto de 2024 para realizar la obra, en coordinación con el Consejo Insular de Aguas, porque la obra es comarcal.
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