Canarias aprueba una paga social «única» de emergencia

Un Consejo de Gobierno extraordinario dio ayer luz verde al decreto ley que recoge una iniciativa pionera en el Estado que permitirá que casi 40.000 familias en el archipiélago puedan disponer de un ingreso «puente» hasta que el Ejecutivo central ponga en marcha la anunciada renta mínima vital

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ

Entre 38.000 y 40.000 familias canarias en situación de vulnerabilidad recibirán un ingreso de emergencia que oscila entre los 367 euros y los 478 euros hasta que el Ejecutivo central ponga en marcha la anunciada renta mínima vital. Esta es una de las medidas recogidas por el decreto ley aprobado ayer por el Gobierno regional en una reunión extraordinaria y monográfica que recoge también iniciativas relativas al alquiler de viviendas.

Tanto el presidente canario, Ángel Víctor Torres, como la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, hicieron hincapié en que es una iniciativa pionera en el Estado y recordaron que el principal objetivo del Pacto de las Flores que sostiene al Gobierno regional era atender a las personas más vulnerables de las islas «y ahora que nos ha salpicado el coronavirus, cuando los augurios económicos estaban bien, no los vamos a dejar atrás». Este ingreso de emergencia, detalló Santana, «es el escudo social para proteger a la población más vulnerable y evitar que la curva social vaya aparejada a la curva sanitaria».

Además, la consejera detalló que se realizará un ingreso «único» a casi 40.000 familias que suponen unas 100.000 personas. La cuantía será de 367 euros si se trata de una sola persona; 415 euros si la familia tiene dos miembros; 453 euros si es de tres personas o 478 si es de cuatro miembros o más. Indicó además que, para permitir que los solicitantes sigan respetando el confinamiento, las peticiones se pueden hacer a través del teléfono de información del Gobierno de Canarias 012, de tal manera que quedará grabada una declaración de responsabilidad, a través de la página web del Gobierno de Canarias o de los servicios sociales municipales, que serán intermediarios.

Para que esta ayuda pueda llegar a estas familias durante el mes de mayo, Derechos Sociales reforzará la plantilla a partir de la próxima semana y contarán con 300 personas a través del 012 y otros 50 empleados públicos que continuarán el resto del procedimiento.

Esta medida, que costará al Gobierno de Canarias 16 millones de euros queda lejos de la propuesta inicial del departamento de Derechos Sociales que pretendía ampliar el ingreso de manera urgente más allá del estado de alarma y cuyo coste estaba estimado en torno a los 40 millones de euros.

Otra de las medidas aprobada ayer por el Consejo de Gobierno pretende igualmente despejar «incertidumbres y preocupaciones» de las familias canarias respecto al pago del alquiler y «blindar la cohesión social», según indicó el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis.

En este sentido, el decreto ley contiene distintos tipos de ayuda a la vivienda. Así, se exonera del pago del alquiler de 17.200 viviendas públicas durante los meses de abril y mayo que costará dos millones de euros al Gobierno. Si el estado de alarma continúa, «se ampliará». Los inquilinos no tendrán que hacer ningún trámite. Además, desde la Consejería se pondrá en marcha otra ayuda al alquiler en las próximas semanas con un montante de 5,3 millones -en este caso procedentes del Estado- que se puede ampliar igualmente si fuera necesario. Según Franquis, en torno a 20.000 y 25.000 familias en dificultades derivadas de la crisis del coronavirus se pueden beneficiar de este programa de ayudas durante seis meses si sus ingresos no superan los 1.600 euros mensuales.

Por otro lado, Torres anunció que el Gobierno trabaja en otro decreto ley que previsiblemente se aprobará el próximo martes con nuevas medidas económicas. Sobre el desconfinamiento, insistió en que no se levantará antes del 26 de abril pero anunció que se podría «abrir insularmente espacios para ir normalizando la vida».