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La capacidad de la red de acogida para menores migrantes no acompañados en Canarias está al límite. Y pese a que hace ya 13 días se aprobó la reforma de la Ley de Extranjería, que permite su reparto entre comunidades autónomas, y a que han pasado 11 días desde que expiró el plazo dado por el Supremo al Estado para hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo -unos 1.200-, las islas siguen a la espera de cómo se materializarán ambas medidas.
El Ejecutivo regional confía en que se vislumbre una salida en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia, que, aunque aún no ha sido convocada formalmente, la ministra Sira Rego anunció para el lunes 28 de abril.
28 de abril Es la fecha en la que está previsto que se celebre la Conferencia de Infancia.
13 días Han pasado ya desde que se convalidó la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores.
5.600 Son los menores no acompañados que tutela Canarias, con una sobreocupación de sus recursos de 1.600 plazas.
1.200 Es el número de menores no acompañados que ha pedido asilo. Tampoco tienen aún una respuesta estatal.
«Estamos a la espera de las dos cosas. La Conferencia Sectorial de Infancia es la que llevará a cabo el desarrollo del reglamento del Real Decreto. Y, por otro lado, de que el Supremo se pronuncie sobre lo que le hemos comunicado ambas administraciones, es decir, el Estado y Canarias, y de que el Gobierno central nos dé una respuesta sobre cómo va a hacer frente a lo que dice el Alto Tribunal. Entendemos que en la Conferencia se plantearán soluciones», afirmó la directora general de Infancia del Gobierno regional, Sandra Rodríguez.
En la Conferencia Sectorial se deben aprobar «los criterios» para el reparto, y se decidirá qué comunidad está en situación de contingencia migratoria extraordinaria —como ocurre ahora con Canarias—, explica Rodríguez.
De esa reunión, además, debe salir por «unanimidad», recalcó la directora, el reparto y la distribución territorial al resto de comunidades autónomas. De no ser así, se aplicará lo que dispone el Real Decreto convalidado en el Congreso. «Un equipo interministerial está trabajando en el reglamento del Real Decreto y entendemos que de todo eso se nos dará cuenta a lo largo de esta semana para poderlo debatir y votar el lunes», añadió Rodríguez.
Mientras tanto, la «crisis humanitaria que se está viviendo» en Canarias se ha convertido en una «crisis de acogida». El archipiélago, insiste Rodríguez, «no tiene más recursos para seguir acogiendo a menores migrantes no acompañados. Estamos haciendo un esfuerzo impresionante a todos los niveles, y también las propias entidades están buscando recursos, lo cual es cada vez más difícil», advierte.
«Como no encontramos nuevos centros, lo que hacemos es buscar nuevos espacios en los centros que ya tenemos. Centros que estaban previstos para 80 menores pueden albergar ahora hasta 200. Tenemos centros con cerca de 400 menores. Los espacios comunes han desaparecido para hacer habitaciones, cuando lo ideal habría sido que siguieran siendo espacios comunes. El aula es, al mismo tiempo, comedor», lamenta la directora general.
«Lo que nosotros queremos es que esta sobreocupación desaparezca, que haya un reparto más eficaz para poder velar entre todos por estos menores, porque esto no es un tema solo de Canarias. Es un problema del país, de Europa. Hay que dar respuesta y atención a los menores, velando por su interés superior», afirma.
En 2024, Canarias atendió a 8.820 menores migrantes no acompañados. «Ese es el máximo», destaca Rodríguez. A lo largo del tiempo, 3.000 cumplieron 18 años. Actualmente hay 5.600 menores acogidos, cuando el sistema dispone de 1.600 plazas menos, lo que supone una situación de «sobresaturación». El sistema de protección, subraya Rodríguez, «está roto». Recuerda que cuando se transfirieron las competencias, entre 1996 y 1997, «había apenas 200 menores migrantes no acompañados en Canarias».
El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, rechazó en un comunicado el escrito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al Tribunal Supremo sobre su incapacidad para integrar a los 1.200 menores no acompañados solicitantes de asilo que permanecen en Canarias en el sistema de acogida de protección internacional. «Detrás lo que hay es una clara falta de voluntad del Estado de hacerse cargo de unos niños, niñas y jóvenes que tienen unos derechos», dijo Toledo en la nota de prensa remitida a los medios. El dirigente nacionalista aseguró que es «vergonzoso» que el Gobierno estatal «siga dando largas a un auto del Tribunal Supremo que no deja lugar a dudas sobre los derechos de estos niños y sobre los deberes de la Administración del Estado, como es vergonzoso que siga dando la espalda a Canarias». Por su parte, el secretario ejecutivo de Acción Política del PP canario, Carlos Tarife, también remitió a los medios una nota en la que señalaba que el Gobierno socialista de [Pedro] Sánchez y de [Ángel Víctor] Torres «se ríe de Canarias negándose a atender, como le exige el Tribunal Supremo, a mil menores inmigrantes con derecho a asilo que siguen a cargo de Canarias junto a 5.000 menores más». Tarife, lamentó que el Ejecutivo central «convierta a España en un Estado fallido capaz de contestar a un tribunal que no puede atender a mil menores cuando una sola comunidad atiende en solitario a casi 6.000. El PSOE vuelve a despreciar a Canarias. Se burla de nuestras Islas», dijo. Cabe recordar que el PP votó en el Congreso de los Diputados en contra del reparto de menores migrantes.
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