El personal temporal, en una manifestación. / ARCADIO SUÁREZ

La bolsa de empleo no incrementará la temporalidad en Canarias

El Gobierno garantiza que la nueva norma impedirá prolongar la situación de los interinos más allá de los tres años

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La dirección general de Función Pública rechaza las críticas recibidas por el comité de huelga de los interinos sobre la creación de la nueva bolsa de empleo con la que el Gobierno de Canarias pretende subsanar las deficiencias en la plantilla de algunas consejerías y organismos públicos. A juicio de los sindicatos convocantes, esta estrategia alimentaría la inestabilidad laboral y supondría incrementar el porcentaje de temporalidad entre un 8% y un 12%, mientras que el Ejecutivo niega que suceda ese escenario.

«Ninguna persona puede estar más de tres años ocupando un puesto de trabajo con un contrato de interinidad», ha afirmado el viceconsejero del área, Manuel Martínez. Remite así a la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que el Senado terminó por aprobar en diciembre, y que se aplica tanto a las nuevas plazas ofertadas como a las anteriores. La norma -que contó con el acuerdo a nivel nacional de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF- contempla un proceso de estabilización que podría afectar a más de 300.000 plazas que deben ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024.

Las listas convocadas ya cuentan con 14.000 inscritos

Otro de los puntos más polémicos de la reforma es que las administraciones podrán convocar las plazas por el sistema de concurso, sin oposición, por lo que solo se valorarían los méritos. De hecho, las listas de empleo complementarias creadas por la comunidad autónoma, que ya cuentan con 14.000 inscritos, no prevé ningún proceso selectivo previo. Un planteamiento tildado como «novedoso» por la consejería que dirige Julio Pérez.

Al comité, en cambio, le resulta incongruente que el Gobierno abra una convocatoria para el nombramiento de funcionarios interinos mientras habla «de ilegalidad y falta de seguridad jurídica para resolver la situación por incumplimiento de los principios constitucionales de Igualdad, mérito y capacidad».

Las críticas se extienden al señalar que los procesos de estabilización no implican poner solución al fraude de ley en Canarias y que los afectados están «condenados a la exclusión laboral». Con el diálogo aún roto entre el comité y Función Pública, los sindicatos reclaman al presidente Ángel Víctor Torres que «coja las riendas de esta situación» ante la «incapacidad de gestión» de Julio Pérez, de manera que apueste por garantizar la fijeza -una solución «a coste cero»- en lugar de añadir listados. «No somos plazas, somos personas con familias detrás», recordó el colectivo.