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El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, en una foto de archivo en los pasillos del Parlamento canario junto a Sebastián Franquis. EFE

La bolsa de empleo del Gobierno regional saldrá en mayo con el listado de las 50.000 inscritas

Los recursos de la Administración se centrarán el próximo mes en los 24 procesos selectivos convocados en noviembre

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 21 de marzo 2022, 01:00

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El engranaje de la Administración Pública sigue rodando -con más o menos aceite- camino a sanear las deficiencias en su plantilla, que está compuesta de al menos un 40% de trabajadores temporales.

Una de las piezas fundamentales de ese mecanismo es la bolsa de empleo complementaria para el nombramiento de personal funcionario interino en la que se inscribieron alrededor de 49.300 personas entre el 12 de enero y el 1 de febrero, con el objetivo de nutrir a consejerías y otros organismos de perfiles ya agotados en las listas ordinarias. Sin embargo, estos deberán esperar a finales de mayo para ver la resolución de nombres publicados en el Boletín Oficial.

El motivo, ha apuntado la directora general de Función Pública, Monserrat García, es que los trámites de los 24 procesos selectivos de carácter ordinario convocados el pasado noviembre están ocupando gran parte de la agenda del personal. Si bien un pequeño grupo de entre tres y cuatro irá avanzando con la bolsa, la mayoría atenderá a los exámenes que tendrán lugar en las últimas dos semanas de abril.

LAS CLAVES

  • Complementaria La Administración tirará de la nueva bolsa en caso de que se agoten las listas ordinarias.

  • Autoevaluación El orden de los inscritos depende de la nota que hayan obtenido ellos mismos durante el trámite.

  • Revisión Se irá comprobando la documentación en función de los llamamientos que se hagan, no la lista completa.

  • Cambios Las listas se mantendrán «vivas» e irán publicándose actualizadas según sufran modificaciones.

«Ahora mismo estamos en la situación de ordenar y revisar las solicitudes, subsanar algunas incidencias que se produjeron durante su presentación o las reclamaciones que son habituales en cualquier procedimiento de este tipo», explicó García.

En este caso, se habilitó únicamente la vía telemática para las inscripciones, lo que pretendía agilizar los trámites, aunque al ser listas extraordinarias no responden a ningún plazo concreto. «Nos ajustaremos más bien a los llamamientos y, en cualquier caso, no será necesario evaluar toda la lista de un tirón porque ya lo han hecho los propios inscritos».

Lo «novedoso» este procedimiento, según anunció el consejero Julio Pérez, es que esta bolsa de empleo no depende de ningún proceso selectivo, sino que el solicitante acredita la documentación pertinente y, en base a una baremación, se ordena en la lista. Luego, en función de las plazas que vaya convocando la Administración por esta vía, se irá validando: si todo es correcto, pasará el filtro, si no, se revaluará a la persona y volverá a la bolsa con la nueva nota.

«Lo que no va a haber es un perjuicio, en todo caso, se mejoraría» -añadió García-. «A medida que se vayan haciendo llamamientos y se vaya revisando, quienes estén arriba de la lista y no tengan la nota correcta se recolocan. Por tanto, los que estén abajo escalarán más rápido».

Con este sistema, la dirección general pretende ahorrar esfuerzos, ya que reconocen que la Consejería no tendría capacidad para asumir la carga de trabajo de casi 50.000 trámites, pese a ese esfuerzo inicial durante el plazo de subsanación. En este sentido, será difícil concretar con exactitud la posición del solicitante: la directora general ha señalado que se mantendrá «viva» y que irán actualizándola según las distintas modificaciones que sufra.

La Administración ha aclarado, además, que no se producirán duplicidades en las listas, ya que quienes se presentan por la vía ordinaria no pueden hacerlo por la complementaria. El proceso selectivo será siempre el paso uno, mientras que en el dos solo estarán los perfiles no obtenidos en esas reservas, insisten.

En total, la bolsa de empleo se estructura en catorce Cuerpos, Escalas y, en su caso, Especialidades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entre los perfiles requeridos constan administradores financieros y tributarios, ingenieros de caminos, industriales y telecomunicaciones, psicólogos, inspectores, auxiliares o trabajadores sociales.

Los sindicatos se resisten a una «administración paralela»

La nueva bolsa de empleo ha salido adelante no sin oposición. Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han presentado un recurso ante lo contencioso-administrativo por considerar que incumplía varios preceptos y normativas de la resolución. Entre ellos, aseguran que se han convocado listas que ya tienen reservas en la Administración y critican que se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad en tanto que en el procedimiento se «discriminó» a unos colectivos respecto a otros y se puso límites al derecho de participación.

Esta postura tomó por sorpresa a la dirección general de Función Pública, ya que aseguran que durante la Mesa de Negociación en la que se planteó la iniciativa no hubo alegaciones por parte de los sindicatos. También insisten en que se trata de listas complementarias a las que acudirá la Administración cuando los perfiles solicitados estén agotados en las ordinarias. «Hemos convocado aquellos que los departamentos nos han dicho que faltan o que han desistido cuando se les llama porque ya están trabajando o han cambiado sus circunstancias», señaló Monserrat García.

Entre las quejas de las organizaciones sindicales están, además, el incumplimiento del principio de transparencia, ya que apuntan que los inscritos no sabrán exactamente el orden de las listas. Tampoco ven que se garanticen unos plazos de toma de posesión ajustados a la normativa y, sobre todo, sumará interinidades a una plantilla en gran parte temporal. «Estamos creando una Administración paralela y tememos que la falta de plazos implique acogerse a 'excepciones' para ampliar más de los tres años legales los contratos», objetó Javier Galván, portavoz de CSIF.

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