Los ayuntamientos del PSOE inician su rebelión contra el decreto de vivienda
La Fecam asegura que la iniciativa del Gobierno canario para agilizar las licencias de construcción cuenta con su respaldo | Pero lo cierto es que hay un boicot de fondo
Ya los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Candelaria (Tenerife) han reconocido que no tienen previsto recurrir a órganos colegiados externos para agilizar la concesión de licencias de construcción, posibilidad que se abre y persigue con el decreto de licencias urbanísticas que impulsan las consejerías de Vivienda y de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
Aunque es cierto que la normativa que tramita el Parlamento regional da la posibilidad a los ayuntamientos que así lo consideren necesario, y en ningún caso obliga, el Ejecutivo canario tramita esta iniciativa para solucionar el supuesto atasco administrativo que sufren las oficinas municipales de urbanismo partiendo de un consenso, según aseguró en sede parlamentaria el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez.
Este viernes la Federación Canaria de Municipios (Fecam), consultada por este periódico, apuntó que está a favor del decreto, pero recordó que «el propio decreto otorga la potestad a los ayuntamientos de utilizar o no entidades externas que emitan informes para la concesión de licencias». Partiendo de la base de que «es una herramienta que tiene ahora seguridad jurídica» a la hora de convalidar el servicio de forma externa, son los ayuntamientos «quienes deciden si lo utilizan o no». Ya Las Palmas de Gran Canaria y Candelaria, ambos gobernados por el PSOE, han adelantado que no utilizarán el decreto de agilización de licencias urbanísticas.
En el caso de Candelaria, regido por María Brito, presidenta de la Fecam, el asunto se llevará próximamente a pleno para rechazar la posibilidad de que los informes técnicos sean «emitidos en régimen de colaboración y aportados a instancia directa del interesado» que solicita una licencia de obra. Por tanto, se decanta este ayuntamiento tinerfeño porque sigan siendo los órganos municipales los encargados de emitir los informes técnicos correspondientes.
Lo que se viene a poner en tela de juicio es que el control y verificación administrativa quede en manos del propio interesado y no, como hasta ahora, por la propia Administración.
Los informes técnicos emitidos aportados por los constructores suscitan suspicacias frente a la Administración
Por su parte, el consistorio de Las Palmas de Gran Canaria rechazará los informes que aporten los promotores para agilizar la concesión de los permisos y se marca un tope de tres meses para realizar la correspondiente concesión. En este caso, que se llevará a pleno, el gobierno local de la capital grancanaria priorizará los informes técnicos municipales en la solicitud de licencias urbanísticas de construcción de viviendas, lo que supuestamente llevará a una agilización en la concesión de las licencias de obra que, de media, se calcula el retraso en dos años.
Lo que se pone de manifiesto, como apuntaron en el Parlamento PSOE y NC, los informes técnicos emitidos por los colegios profesionales y otras entidades colaboradoras y aportados por los constructores suscitan suspicacias. Los técnicos municipales también han alzado la voz contra el Decreto-ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas.
