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S.T. / L.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 28 de abril 2025, 14:41
El apagón que sufrió este lunes la Península Ibérica, afectando a España y Portugal, además de a zonas de Francia, Alemania e incluso Bélgica ha tenido consecuencias para Canarias. La Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia que iba a celebrarse este lunes por la tarde en Madrid fue cancelada por el Ministerio que dirige Sira Rego. La caída de la luz y las comunicaciones hicieron inviable que se llevara a cabo la reunión en la que se esperaba alcanzar un acuerdo sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados que tutela Canarias entre las comunidades.
La consejera de Bienestar social, Candelaria Delgado, se encontraba desde por la mañana en Madrid para asistir a la reunión. A otros, como a la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, el apagón la pillo ya montada en el AVE en el que se iba a dirigir a la capital de España , informa Efe.
Momentos antes de que se cancelara la conferencia el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, señalaba tras la reunión del Consejo de Gobierno en Lanzarote que Canarias esperaba de esa reunión que se fijara «un cronograma claro para cumplir la ley vigente, tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería».
Preguntado por la postura de algunas comunidades, como Madrid, que tildó el viernes la convocatoria de la conferencia de «ilegal», o Aragón, que ha elevado al Supremo el decreto ley que permite el reparto, dijo que la ley «está para cumplirse, y quien no la cumpla tendrá que dar explicaciones». Cabello también expresó su malestar por el intento de «dilatar» una solución para el problema del «hacinamiento» de los menores en los centros del archipiélago.
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Además del «cronograma», el Ejecutivo regional esperaba que se aclarase «el marco jurídico con respecto a las posibles declaraciones de emergencia». El decreto recoge que la situación de contingencia migratoria extraordinaria de declarará cuando las comunidades o ciudades autónomas tengan su sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas excedido en ocupación tres veces su capacidad ordinaria. Y da cinco días naturales para que la región comunique a la Conferencia Sectorial de Infancia esta situación. Cabello señaló que en la reunión debía exponerse cómo habilitar de forma «rápida» los recursos necesarios para atender a los menores trasladados de una comunidad en contingencia migratoria extraordinaria.
Otro de los puntos que el Ejecutivo regional esperaba que se aclarara en la Sectorial de Infancia era todo lo referente a la financiación de las plazas de menores migrantes no acompañados. «Eso es lo que nosotros esperamos que salga de esa reunión y, a partir de ahí, que el Gobierno, quien tiene la responsabilidad de hacer cumplir esta normativa y esta legislación, ponga cartas en el asunto y comiencen las derivaciones en el menor plazo de tiempo posible»
Todo ello, sin embargo, ha quedado aplazado «sine die» hasta que el Ministerio de Juventud e Infancia fije otra fecha para la reunión.
Lo que parece claro, dijo Cabello ante los medios de comunicación, es que «Canarias ha estado actuando en solitario desde hace más de 20 meses» en la atención a los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados. Y destacó que la Dirección General «ha sido reforzada» con más personal. En ese tiempo, destacó, «se creó un plan de choque y se han declarado dos emergencias relativas a este asunto».
Y recordó que el archipiélago «ha recibido a más de 8.000 menores en los últimos 12 meses».
Continuar dilatando el cumplimiento del decreto ley del que permite el reparto de menores migrantes no acompañados es, a juicio del Gobierno canario, «una irresponsabilidad». No solo por la situación de «emergencia» en la que se encuentran las islas sino por el «hacinamiento» en el que viven muchos de estos menores en las islas.
A ello también se refería este lunes el senador del PSOE por Tenerife, Pedro Martín, quien dijo en una rueda de prensa recogida por Efe que esperaba que el PP tuviera criterios de Estado y, sobre todo, «criterios éticos» para no dejar a Canarias «abandonada a su suerte» respecto a la derivación de menores inmigrantes no acompañados acogidos en las islas.
Pedro Martín subrayó que, sobre todo, se trata de que el PP no deje abandonados a los menores porque, afirmó, cuando se trataba de defender el reparto voluntario todas las comunidades autónomas se pronunciaban a favor, pero, en cuanto se ha hecho obligatorio, las gobernadas por los populares se niegan o anuncian recursos.
En Canarias hay en estos momentos unos 5.600 menores migrantes no acompañados, para los cuáles el Gobierno ha tenido que abrir 86 recursos de atención.
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