Menores migrantes: una sola etiqueta para distintas realidades

Este lunes se celebra la Conferencia Extraordinaria Intersectorial de Infancia, convocada por la ministra Sira Rego. Sobre la mesa estará una cuestión urgente: el reparto entre las comunidades autónomas de los más de 5.600 menores migrantes no acompañados que actualmente tutela el Gobierno de Canarias. Una cifra que desborda todos sus recursos de acogida. Sin embargo, el presidente regional, Fernando Clavijo, ya ha advertido que tiene «pocas expectativas» de que se alcance un acuerdo unánime.

Además, se celebra con el rechazo frontal de Madrid, que el viernes pidió que se cancelara por «ilegal», y fuertes críticas de Aragón, que ha tildado de «inconstitucional» el decreto-ley que permite el reparto. Así mismo, otras comunidades del PP, como Baleares, Cantabria, Andalucía y Valencia, han anunciado recursos ante el TC.

Por otro lado, 1.221 de estos menores, el 21,8%, han pedido asilo político o su solicitud está en trámite. De estos, según el Tribunal Supremo (TS), se tiene que hacer cargo directamente el Estado incluyéndolos en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Pero el Gobierno de España respondió por escrito al TS que no tiene recursos disponibles para hacerlo. Todos, los 5.600, son menores migrantes no acompañados, pero sus realidades son distintas.

Hace más de año y medio que el Gobierno regional elevó la voz de alarma ante el «hacinamiento» de los centros de acogida en el archipiélago, una situación constatada después por el Supremo. Pero el alivio a este sobreesfuerzo de atención que ha hecho Canarias tiene caminos diferentes.

La mayoría de los menores extranjeros no acompañados que tutela Canarias tiene entre 15 y 17 años. Unos 1.600 están por debajo de esa edad. El 99% de los menores de 16 años está escolarizado, asegura la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez. Más de 500 de estos niños y adolescentes está federados en algún club de fútbol de las islas. Otros 200 practican otros deportes de forma también federada. Y varios centenares están en acogida familiar. Aún así, hay centros que atienden a más de 300 menores. Todos los recursos están por encima de su capacidad de acogida y han tenido que convertir zonas comunes en dormitorios.

Diez meses después del rechazo en el Congreso de la reforma de la Ley de Extranjería volvía a entrar en la Cámara un decreto-ley que reformaba el artículo 35 el pasado 10 de abril y se lograba convalidar pese al voto en contra del PP y Vox (170) frente a 179 a favor y la abstención de UPN. Con este cambio se trata de garantizar un reparto solidario entre las comunidades cuando alguna declare situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, como lo hizo ya el archipiélago el pasado 28 de marzo. Esta situación se declara cuando la ocupación de los recursos para atender a estos niños, niñas y adolescentes exceda tres veces la capacidad ordinaria de una región. Las islas en ese momento no sabían cuál era su «capacidad ordinaria», dijo en rueda de prensa el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, pero sí sabían que la región «está muy por encima de sus capacidades de acogida reales».

Por otro lado, antes de que se convalidara el cambio en la normativa, el Gobierno de Canarias recurrió al TS entendiendo que los menores que habían pedido asilo político debían ser tutelados por el Estado. El 26 de marzo el Supremo emitió un auto como medida cautelar positiva que garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de esos menores. La sala dio diez días a Canarias y al Estado para que informaran de lo que iban a hacer. El archipiélago respondió con las cifras y expedientes de los 1.221 menores asilados. El Estado reconoció al Alto Tribunal que no tiene recursos propios para hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección.

El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, explicó a este periódico que la acogida a refugiados está pensada para población adulta. Es un sistema acompañamiento limitado en el tiempo hasta que las personas logran independizarse. En estos momentos, señaló, no hay mecanismos ni recursos para atender a las particularidades de los menores refugiados, a los que se les tiene que tutelar durante años.

De momento no hay fecha para la audiencia pública en la que el Supremo valorará tanto la respuesta de Canarias como la información que remitió el Estado sobre los menores que han pedido asilo.

Antes de la convalidación del decreto ley el Gobierno solicitó a las comunidades la situación de sus centros de acogida. Aragón no envió los datos y el resto, salvo Cantabria, que reconoció que tenía a 22 menores extranjeros no acompañados en acogida y 14 plazas libres, dijeron que sus recursos estaban ya saturados. Comunidades como Madrid, además, mezclaron menores extranjeros con menores nacionales tutelados. El Gobierno canario respondió que las islas no tenían recursos y tuvieron que abrir plazas pasando de 20 centros a 86 para hacer frente a la llegada de estos niños, niñas y adolescentes.

El decreto ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería deja en manos de la Conferencia Sectorial de Infancia el establecimiento de los requisitos para declarar un territorio en situación de contingencia migratoria extraordinaria y la respuesta a esa situación, estableciendo los requisitos para el reparto. Lo cual debe aprobarse por «unanimidad». De no ser así, se aplicarán los criterios de reparto que recoge el propio texto de la norma que establece también el número de plazas con las que se debe contar en función de la población de cada territorio.

Tres meses es el tiempo que tiene el Gobierno para establecer un plan de contingencia una vez se aprobado el decreto, lo que nos lleva al mes de julio. Y en base a ese plan, se establece una periodo máximo de un año para concretar las reubicaciones necesarias.

Es lo que se estima que ha invertido Canarias en estos menores cada año para poder atenderlos. El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha anunciado que se reclamará al Estado esa cantidad especialmente por los menores asilados a los que debe acoger directamente el Gobierno central.

Los menores extranjeros no acompañado que han llegado tras la convalidación del decreto son los primeros que saldrán de Canarias hacia otras regiones. El resto, según coinciden el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente canario, Fernando Clavijo, se estudiará «caso a caso» porque muchos de ellos se han arraigado.

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