La ley de residuos pretende desincentivar el depósito de basura en los vertederos. / Arcadio suárez

Los alcaldes piden que la nueva tasa de residuos se retrase tres años

La Fecam ha aprobado un plan de acciones encaminado a que la aplicación de la ley de residuos sea lo menos lesiva posible para los ayuntamientos

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

Los alcaldes canarios piden a los grupos políticos del Congreso de los Diputados que modifiquen la ley de residuos para que el nuevo impuesto sobre el depósito de basura en vertedero se retrase tres años.

El objetivo es que no entre en vigor hasta 2026. Esta nueva tasa está recogida en la norma 7/2022, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular cuyo objetivo es desincentivar el traslado de basura al depósito.

Aún estando de acuerdo con la filosofía de la norma, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) critica que los ayuntamientos deben empezar a cobrar este impuesto desde el uno de enero, mientras que «se da un plazo de tres años para definir una estrategia y establecer los mecanismos necesarios para mejorar la situación y reducir el volumen de residuos a tratar».

Los alcaldes entienden que, hasta que no estén fijados estos criterios, no se debería implantar la nueva tasa y algunos gobiernos locales han presentado mociones en este sentido.

Según explican, esta figura impositiva incrementará de manera importante el coste económico que le supone a los ayuntamientos la gestión de los residuos de su competencia, por lo que se verán «obligados» a repercutirlo en la ciudadanía.

Al respecto, consideran que el actual contexto socioeconómico, caracterizado por un fuerte impacto de la inflación, el incremento del gasto energético o la subida de los tipos de interés, genera una pérdida del poder adquisitivo que se vería perjudicado además con este nuevo impuesto.

Coste

De igual manera, si no se trasladara su coste a la ciudadanía, la medida sería «grave», ya que los ayuntamientos también deben soportar el impacto de la inflación y el sobrecoste de las obras y proyectos en ejecución y a licitar, sin obviar el incremento de los gastos municipales y las inversiones para cumplir con la nueva Ley, que se encuentra en vigor desde enero de este año, explica la Fecam.

Según una primera estimación realizada por los ayuntamientos del archipiélago, el coste para los 88 municipios de las islas estaría en torno a 40 millones de euros el próximo año, mientras que a nivel estatal la cifra se acerca a los 800 millones.

Esta norma introduce la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa, diferenciada y específica de los servicios que prestan en relación con los residuos de su competencia.

El plazo para su introducción es de tres años, por lo que los ayuntamientos tienen de margen hasta 2025 para su aprobación. Por este motivo, los alcaldes plantean como solución aplazar de manera temporal, o acompasar la entrada en vigor, el impuesto los tres años que determina la ley para que las entidades locales lo establezcan.

En este sentido, el comité ejecutivo de la Fecam dio por buenos estos argumentos que ya habían sido aprobados por las comisiones de Economía y Hacienda y la Insular de Gran Canaria de la Federación, a la vez que aprobó un paquete de acciones tendentes a garantizar que esta ley sea lo menos lesiva posible para las corporaciones locales.

Vigente

Este tipo de tasa sobre los residuos destinados al depósito o la incineración se encontraba ya vigente en algunas comunidades, pero no en Canarias.

El Estado lo aprobó como un impuesto estatal, si bien se prevé la cesión del mismo a las autonomías, lo que les permitiría incrementar la financiación destinada a medidas de mejora de la gestión de residuos que refuercen las opciones prioritarias frente a las menos sostenibles.

La aplicación de este impuesto ha sido muy discutida entre los alcaldes, que -insisten- no se niegan a aplicarlo, pero entienden que su cobro desde enero de 2023, en el actual contexto económico, tendría un impacto negativo.

Reclaman por ello que se retrase tres años hasta que se defina la estrategia para la reducción del volumen de residuos que se genera. Asimismo, los alcaldes del archipiélago entienden que es preciso que se ofrezca también la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ofrecer alternativas, porque -afirman- son los primeros interesados en la sostenibilidad y la economía circular».