Franquis: «Ahora tenemos financiación, pero no proyectos para ejecutarla»

03/08/2019

Planificar es la palabra que más repite el nuevo consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.

— ¿Se ha encontrado con alguna sorpresa en la Consejería?

—Lo que hemos encontrado es la poca planificación que ha existido en la Consejería. Durante estos años atrás se ha hablado mucho de carreteras, se ha hecho mucha política con este asunto y hemos discutido mucho sobre el convenio con el Estado, pero también se tenía que haber hecho el trabajo previo, planificar las carreteras que se tenían que llevar a cabo, tener programado lo que se quería hacer y tener encargados los proyectos para cuando llegara la financiación. Hoy vemos que se ha planificado poco y se ha gestionado igual de poco.

—Pero existe un convenio para el que se ha tenido que planificar.

—El convenio es una relación de obras que se tienen que desarrollar, pero solo eso, un enunciado de obras. No se han encargado los proyectos ni se han concretado. Y cuando venga el dinero, que ahora tenemos financiación, tenemos un déficit de proyectos para licitar.

—¿Pero eso es achacable a la gestión política o a la falta de personal técnico de la Consejería?

—Los grandes proyectos se están licitando fuera casi todos. Ahora hay que sentarse con los cabildos y ver, de las obras que están pactadas, cuales son las más importantes y qué proyectos hay que encargar. También es cierto que la Consejería tiene dificultades de personal, estamos a un 67% de lo que establece la RPT. Es un déficit serio. La Consejería no está a la altura en términos humanos y técnicos de la firma de un convenio de 1.200 millones. Pero además ha faltado es planificar al mismo tiempo que negociaba con Madrid. Con el enunciado de las obras, se debió hacer una coordinación con los cabildos y programar, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora y ver qué priorizamos para licitar y sacar a concurso, porque los procedimientos en la administración pública no son cortos. Además, tenemos una dificultad añadida y es que este año casi no se ha certificado obra y de la anualidad de 101 millones certificaremos en torno a 40 millones. Si no lo arreglamos, esa partida se puede perder. Se debió negociar consciente de que era difícil ejecutar todo el dinero. Ahora se debe pactar para incorporarlo el año que viene.

—¿Cuáles son las prioridades?

— Hay que planificar, ordenar e informar, coordinados con los cabildos. Entre las obras nuevas, hay algunas que están en marcha, como La Aldea. Ya hemos trasladado la información al Cabildo y ayuntamientos sobre la previsión de inicio y queremos trabajar de manera coordinada, porque es una obra muy compleja y puede tener problemas en el desarrollo. Si fuera así, debemos tener el plan de contingencia previsto. Se hará también con Tenerife. La semana que viene me reuniré con el Cabildo para informarle sobre las obras en marcha, especialmente las dificultades con el anillo insular, y también queremos pactar las obras prioritarias para encargar los proyectos y que el año que viene se puedan licitar. Queremos trabajar con absoluta transparencia, compartir toda la información y planificar de manera conjunta. Lo que más nos preocupa ahora es tener proyectos acordados con los cabildos para encargarlos y sacar antes de fin de año un paquete de proyectos importantes y que en 2020 podamos estar a la altura de la financiación prevista y no perder recursos. Ahora contamos con un nivel de financiación importante, pero con déficit de proyectos, no tenemos proyectos -sólo un listado de obras- y hay que encargarlos. Es decir, hay exceso de financiación, dinero que no vamos a poder gastar por dificultades en la programación que había.

—¿Exceso?

— Sí, hay un convenio de 1.200 millones para los próximos ocho años y tenemos dificultades a la hora de certificar ese volumen de dinero. Las carreteras han centrado el debate político en Canarias, sobre todo después de los recortes, pero no se hizo el trabajo de planificar y encargar los proyectos para licitarlos cuando llegara el dinero.

— En esa politización de las carreteras, las dificultades para firmar el convenio fueron en paralelo a los problemas para recuperar la deuda. ¿Ya ha hablado con Fomento para solventar este asunto?

—El presidente se reunió con Fomento la semana pasada y previamente ya habíamos hablado en profundidad con el ministro (José Luis Ábalos). Él insiste en que hay espacio para el acuerdo y que se puede ratificar con Hacienda, que es la parte clave. Esta vía estaba cerrada -pagar la parte certificada sin perder la otra- pero finalmente no se firmó. Estamos pendientes de reiniciar los contactos.

—¿Con el Gobierno en funciones?

—Ese es el problema. En los grandes temas hay que esperar a un Gobierno permanente. Si hubiera habido Gobierno la semana pasada, ya tendríamos el calendario de encuentros, pero tenemos la esperanza de un acuerdo por esa deuda.

— ¿Esperanzas son garantías?

— Lo que nos transmite el ministro es que entiende la situación y que quiere llegar a un acuerdo, que hay una diferencia que hay que arreglar. Evidentemente, hay que concretarlo y tener una estrategia común con Hacienda en las islas a la hora de pelear por estos recursos.

—¿Renuncia a la vía judicial?

— Si hay un acuerdo no es necesaria la vía judicial.

—Y si se resolviera, otro problema es que ese dinero iría a superávit

— Esa es la gran dificultad, que iría a superávit y, por tanto, a pagar deuda. Pretendemos que esos recursos no se destinen solo a eso, sino que una parte sea para financiar carreteras y otros déficits que tiene la comunidad. En cualquier caso, el presidente ya ha dicho que lo importante es desbloquear la situación y que el uso que se haga sea decidido por el Gobierno canario. Pero eso hay que negociarlo aún con el Gobierno central.

— Una de las prioridades del presidente en su debate de investidura fue la vivienda. El Gobierno saliente aprobó un plan muy criticado por el CES. ¿Hay que empezar de cero?

— El informe del CES es muy contundente y hay que revisar el plan a fondo para concretarlo y comprometer un número de viviendas. Es verdad que hay firmado un convenio con el Madrid, pero el objetivo es hacer la vivienda pública que no se ha hecho en siete años. Para eso hay que planificar el suelo que tenemos, plantearlo con los ayuntamientos más necesitados y ver la capacidad que tengamos de construir vivienda nueva. Tampoco renunciamos a destinar parte de los recursos a adquirir vivienda ya construida en el mercado privado si es rentable para el Gobierno. Con los ayuntamientos lo que estamos haciendo es analizar la bolsa real de necesidades de viviendas y ver qué suelo hay disponible.

—¿Y cuál es su compromiso en construcción de número de viviendas?

— Más que anunciar una cantidad, queremos que sea producto de la conversación con los ayuntamientos, de la capacidad de suelo disponible en cuatro años y de la capacidad del Gobierno de invertir.

—Uno de los objetivos del Gobierno es dar respuesta a los desahucios.

— Lo primero es que eso no ocurra en vivienda pública. Ya hemos tomado medidas para que eso no vuelva a suceder y tenemos comunicación directa con los ayuntamientos para que cuando haya un posible desahucio, podamos actuar desde Vivienda y desde los servicios sociales municipales.

—Se ha denunciado un posible sobrecoste en los billetes después de la aplicación del 75% de bonificación. ¿Eso como se controla?

— Al ministro de Fomento le planteamos esta preocupación, cada vez más extendida. El Observatorio de Precios del Ministerio realiza el análisis de la evolución de los precios y no percibe un incremento en el coste medio de los billetes. A nosotros nos preocupa sobre todo que se pueda producir en determinadas fechas, como navidades y verano, por lo que queremos que el Observatorio actualice los datos en estos periodos. En este sentido, tenemos una estrategia común con Baleares porque tenemos la misma preocupación. También hemos planteado la posibilidad de establecer precios máximos, pero este es un asunto que queda en manos de la UE y el ministro mantiene una posición pesimista respecto a que nos puedan autorizar. Puede ser una fórmula para controlar los precios.

—¿La bonificación está asegurada?

— No tenemos ninguna preocupación porque esta situación pueda cambiar o nos podamos encontrar con alguna dificultad. Pensamos que el 75% está consolidado.

—El PSOE se ha manifestado en contra del muelle de Agaete. ¿Ahora en el Gobierno mantendrá esa postura?

— La posición del PSOE es clara sobre el muelle de Agaete. No queríamos esa obra y eso no ha variado. Una vez en el Gobierno hemos solicitado los informes correspondientes, jurídicos y económicos, a través de Puertos Canarios -que es el ente que ha adjudicado el proyecto-, y vamos a sentarnos con el Ayuntamiento de Agaete, el Cabildo y los pescadores afectados por la especial sensibilidad que han mostrado a este proyecto.

—¿Le preocupa la estabilidad del pacto del Cabildo de Gran Canaria? ¿Luis Ibarra seguirá de vicepresidente en esa institución?

—Luis Ibarra seguirá en el Cabildo y asumirá la responsabilidad adquirida con el partido y la sociedad grancanaria. No será un elemento de inestabilidad. Tengo fe desde el primer momento en que este es un acuerdo duradero. Espero que el día a día ayude a que la confianza, que ha podido estar quebrada en algún momento, se recupere y nos centremos todos en resolver los problemas de la ciudadanía.

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