Una agresión cada 14 horas: funcionarios de prisiones en Canarias piden el estatus de autoridad para protegerse
También exigen más personal para que la RPT se ajuste al número de internos. En Las Palmas II se ha pasado de los 600 presos a rozar los mil
El funcionariado de prisiones en Canarias denunció este martes una «falta brutal» de medios personales y físicos, que «hace muy complicado» desempeñar sus labores, lo que a su juicio tiene consecuencias directas en la reinserción de los reos y en la sociedad. Por este motivo, reclamó más personal y que se les reconozca como agentes de autoridad para una mayor protección judicial ante las agresiones. «Ahora mismo la estimación en España es que hay una agresión a funcionarios de prisiones cada 14 horas».
Así lo manifestó el funcionario de prisiones y delegado del sindicato Tu abandono me puede matar, Jacobo López, tras reunirse con la coordinadora de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria, María Fernández, y la diputada nacionalista Vidina Espino, quienes se comprometieron a reproducir sus exigencias en el Parlamento de Canarias y en el Congreso de los Diputados.
López se detuvo especialmente en la situación del Centro Penitenciario Las Palmas II, donde trabaja, que inició su andadura en 2011 con capacidad para 600 presos. Ahora, aseguró, ronda los mil, pero «la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) es la misma, los trabajadores son los mismos».
«Nosotros consideramos que si el número de internos se ha incrementado un 48%, pues al menos la RPT debería revisarse para que la ratio de funcionarios por interno se siga manteniendo como en el momento inicial», ahondó.
También se refirió a la carencia de personal sanitario que sufre Las Palmas II, donde la RPT es de siete y «desde hace mucho tiempo» solo operan tres. «No cubrimos ni el 50%», lamentó, lo que hace que «la carga de los servicios sanitarios, tanto médicos como enfermeros y auxiliares, sea brutal, con turnos bestiales y guardias de 24 horas continuas».
Vaticinó, así, que el centro penitenciario se quedará sin médicos «de aquí a dos meses», debido a bajas y jubilaciones, con sus respectivas consecuencias: que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se destinen a los traslados a Urgencias de los reos y en la prisión se desaten más altercados. Ante la falta de médicos en las prisiones, reparó en que las competencias sanitarias, por ley, «deberían ser cubiertas por las autonomías en toda España», algo que no se está cumpliendo aún.
Soluciones por 0 euros
Por último, María Fernández enfatizó que las competencias para revertir esta situación radican en el Estado y que las medidas iniciales que propone su partido «no conllevan la inversión de un solo euro», que son: reorganización, protocolos (recalcó la ausencia de uno para agresiones sexuales a las funcionarias), protección y otorgar carácter de autoridad a los funcionarios, como ya ocurre en el resto de Europa. «Después vienen reclamos obvios, como es la subida de la RPT», indicó.
