Una mujer baja con un hijo de la embarcación de Salvamento Marítimo tras su rescate al sur de Gran Canaria. / EFE

El acuerdo para el reparto de menores continúa bloqueado y sin alternativas

La entrada de 60 decretos que certifican mayorías de edad ha permitido al Gobierno liberar plazas para las últimas llegadas

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

No hay ningún menor actualmente esperando en las dependencias de las comisarías de policía. Así lo ha afirmado la Consejería de Derechos Sociales, que gestiona la acogida y tutelaje de los niños y niñas que llegan desamparados en patera a Canarias después de que la directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, lanzara un grito de socorro al asegurar que el archipiélago no puede asumir ni uno más.

Sin embargo, el motivo de que la situación, de por sí dramática, no haya escalado al siguiente nivel ha sido casual. La entrada de un conjunto de decretos de determinación de la edad en los últimos días certificando la mayoría de 60 personas ha permitido liberar plazas en los centros de menores y, con ello, el Gobierno ha vuelto a hacer «malabarismos» para recolocar a los llegados durante el fin de semana en una patera localizada en Lanzarote.

En este «encaje de bolillos» con el que la Comunidad Autónoma lleva dos años tratando de ajustar sus cuentas hay que señalar que no todos los menores de la embarcación venían sin acompañamiento, pero insisten en que la situación no ha cambiado. La presión que sufre Canarias no permitirá dar garantías a los menores que vengan y a pesar de las distintas declaraciones institucionales aún no se ha presentado ninguna solución.

En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reaccionaba a esta llamada de atención reconociendo la necesidad de consensuar un protocolo de distribución entre el resto de las autonomías copiando el modelo de los adultos. Unas declaraciones en las que también se desmarcaba de estas competencias, limitándose a afirmar que trabajaría con las comunidades.

Sin fecha

Queda pendiente la fecha para la reunión que Derechos Sociales ha solicitado hasta en dos ocasiones con el ministro para abordar el tema, así como la comisión bilateral y otra mixta que se prevé celebrar este mes entre el Estado y el Ejecutivo regional.

Por otro lado, los grupos parlamentarios cuestionan hoy en sesión plenaria la problemática a la que se enfrenta la dirección general y los mecanismos legales que se están arbitrando tanto por parte del Gobierno central como de la Unión Europea.

Según los últimos datos aportados por la Consejería, la Comunidad Autónoma cuenta con algo más de 2.800 menores distribuidos entre los 48 dispositivos de emergencia del archipiélago. Desde el inicio de la crisis migratoria, el Estado solo se ha hecho cargo de manera solidaria de 208.

A fecha de finales de enero quedaban 1.282 personas pendientes de las pruebas de determinación de la edad. Un trámite obligatorio para todo aquel que entra en un recurso de menores y cuyo retraso -ampliamente señalado por varias instituciones y organizaciones no gubernamentales- no solo bloquea plazas sino que obliga a convivir a menores y adultos, poniéndolos en riesgo.

Sobre este asunto, el Estado se negó a la propuesta de que las ONG intervinieran en las filiaciones a pie de muelle para optimizar la primera identificación de los menores, lo que permitiría reducir la presencia de adultos.