Miembros del operativo de emergencia ayudan a desembarcar a una mujer y su bebé tras recatarlos en Fuerteventura. / EFE

«El próximo niño que llegue en patera tendrá que quedarse en la comisaría»

El repunte de enero desestabiliza los recursos del archipiélago, que ya estaban al límite de su capacidad

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

No hay más recursos ni capacidad para atender a ni un solo menor que llegue en patera. Así de contundente ha sido la viceconsejera de Derechos Sociales Gemma Martínez sobre un problema que llevan anunciando durante los dos últimos años. «El Gobierno de Canarias ya no puede asumir a nadie si queremos seguir acogiendo a los niños y niñas con la dignidad que merecen», insiste.

Actualmente, la Comunidad Autónoma cuenta con algo más de 2.800 menores tutelados. Solo este mes han llegado alrededor de un centenar a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, lo que ha terminado por desestabilizar los «malabarismos» de la dirección general de Protección a la Infancia para distribuir las plazas.

«Lo que estábamos haciendo es que por cada menor que cumplía la mayoría entraba otro, pero esta última oleada ha roto ese precario equilibrio», cuenta Martínez.

La consejería tampoco contempla la reapertura de hoteles -que se cerraron no sin polémica- ni nuevos dispositivos de emergencia porque, afirma, no es sostenible. Hasta ahora hay abiertos 48 gestionados directamente por los cabildos, de los que tres están en Fuerteventura, 15 en Tenerife y 30 en Gran Canaria.

La consejería rechaza por el momento la reapertura de hoteles o el levantamiento de carpas

Como consecuencia, el próximo menor que llegue a las costas canarias deberá quedarse en las dependencias de la Comisaría pasadas incluso las 72 horas que rige el reglamento de Extranjería. «No es la imagen que queremos, pero de verdad estamos desesperadas y ya no sabemos qué más podemos hacer», afirma.

La opción más extrema sería recurrir, como en el caso de los adultos, al montaje de carpas. Sin embargo, la idea ha sido rechazada por la viceconsejera, no sólo porque impediría garantizar una atención adecuada sino porque asegura que no sería viable debido a la oposición de los ayuntamientos.

Si bien ha habido muchos alcaldes que les han facilitado ayuda, Martínez también señala a otros que solo les han puesto «palos en las ruedas».

Por otro lado, la viceconsejera reconoce las críticas que han recibido desde la Fiscalía de Menores, que reclama un máximo de 20 niños y niñas por centro para atenerse a la Ley del Menor.

No obstante, si se aplicara este cálculo al número actual de tutelados, Canarias tendría que mantener una red de 140 recursos. «Es inviable», indica Martínez lanzando un ultimátum: «O nos empezamos a tomar esto ya en serio o Canarias se planta. Si hemos llegado hasta aquí no es fruto de nuestra mala gestión».

En este sentido, desde Derechos Sociales critican que aunque el problema de los menores ha alcanzado su límite llevan dos años anunciando la excesiva tensión en el archipiélago. Aseguran que la consejería ha hecho «todo lo que está en su mano» para reclamar una solución de forma diplomática y «coherente».

Martínez recuerda, por ejemplo, el mutismo del ministro Escrivá para reunirse con las autoridades regionales o la negativa de Grande-Marlaska a la «innovadora» propuesta de Canarias para que las ONG pudieran participar en la filiación a pie de muelle y mejorar, así, el cribado de menores.

Esta es otra de las ramificaciones de la problemática: 1.282 personas en los centros siguen pendientes de las pruebas de determinación de la edad. Al optimizar esa primera identificación de los menores, la consejería pretendía reducir la presencia de adultos que están ocupando plazas que no les corresponden y, además, ponen en peligro la salvaguarda del resto.

De hecho, Martínez reconoce que las investigaciones abiertas por agresiones sexuales y abusos -el caso más sonado fue el de los apartamentos Porto Bello el pasado junio- ha sido por la convivencia entre menores y adultos. «Son cosas que no podemos permitir, pero ahí el Estado es quien tiene que agilizar los trámites», apunta.

Corresponsabilidad

No es la primera vez que Canarias alza la voz reclamando soluciones al Estado. Los únicos acuerdos a los que se ha llegado con el resto de comunidades autónomas para el reparto de menores se saldaron con la escasa cifra de 208 cuyo traslado concluyó hace apenas unos meses.

En este contexto, el episodio de Ceuta sigue resonando por agravio comparativo. «¿Por qué actuaron de forma tan rauda enviando fondos, moviendo personal y trasladando niños y aquí no?», se pregunta Martínez. «Creo que Canarias ha tenido mucha paciencia hasta ahora».

El atasco en las pruebas de edad continúa, con el consecuente atasco de plazas y poniendo en peligro la salvaguarda de los menores

Lo que reclama nuevamente la consejería es una revisión de competencias, ya que no entiende por qué si el Gobierno central asume la gestión de fronteras e integración se ha desligado a los menores del mismo fenómeno migratorio al que pertenecen los adultos.

«Cuando se hizo el Estatuto de Autonomía, sobre los años 80, se pensaba en los que estaban desamparados a nivel 'local', pero ese concepto ha quedado obsoleto porque no responde a la realidad», explica.

Así, desde Derechos Sociales apelan a la corresponsabilidad del Estado y la Unión Europea, a quien también han trasladado otra petición: q ue los próximos fondos de migraciones y asilo se regionalicen.

De esta manera, explica, las comunidades más afectadas podrían participar directamente sobre las decisiones en el reparto de esas partidas que ahora centraliza Madrid y que, cuenta, se está destinando solo a los migrantes adultos.

LAS CLAVES

  • Repunte. El balance del Ministerio del Interior recoge la llegada de 3.194 personas a bordo de 71 embarcaciones, de las que al menos un centenar eran menores, según los datos de la Consejería.

  • Reparto. Se ha repartido 208 menores entre Aragón (20), Asturias (16), Cantabria (20), CyL(25), C. La Mancha(6), Cataluña(43), Extremadura(25), Galicia(15), Madrid(5), Navarra(15), Valencia(18)

  • Tensión. La mayoría de menores llegan a Gran Canaria, además de Fuerteventura y Lanzarote, donde la escasez de recursos obliga a derivarlos a otras islas tras pasar una cuarentena obligatoria.