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Un total de 7.592 personas aspiran a obtener una de las plazas que la Administración Pública ha ofertado en hasta 24 procesos selectivos que se desarrollan desde la semana pasada.
Con ello pone fin a las convocatorias pendientes de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2017 y avanza en la puesta al día con un problema que el archipiélago viene lastrando desde hace varios años para nutrir a las administraciones del personal fijo necesario.
En concreto, ya se han celebrado nueve de las OPE, a las que estaban llamados auxiliares o ingenieros industriales. Acudieron 416 opositores entre las dos islas para sendos exámenes, aunque ninguno fue registrado para la convocatoria del proceso selectivo de los inspectores médicos, que estaba previsto para el pasado jueves, según datos de la Consejería de Función Pública.
Distinto fue el caso del cuerpo general de Administradores, que asistieron a dos convocatorias en la escala de Administradores Generales y la escala de Gestión General. Los primeros exámenes se realizaron el viernes en sendas sedes capitalinas del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), a las que se presentaron 130 personas.
Los segundos tuvieron lugar el domingo en el aulario del campus de Guajara, en la Universidad de La Laguna y el campus de Tafira de la ULPGC, con un total de 1.188 y 1.210 aspirantes, respectivamente.
Es decir, más de 2.500 personas para las 21 plazas de la OPE de Administradores Generales y las siete de la escala de Gestión, según las cifras publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 19 de noviembre.
En los próximos días se irá dando cumplimiento del resto de las convocatorias del resto de especialidades. Entre hoy y el jueves se celebran los exámenes del cuerpo superior de investigadores, en las especialidades de analítica agroalimentaria, química, analítica agrícola, agricultura ecológica, fisiología de la producción vegetal, producción animal, recursos fitogenéticos y control biológico y de plagas. En conjunto, se espera la asistencia de 131 aspirantes.
Les seguirán los del cuerpo superior factultativo, en concreto, las escalas de letrados, arquitectos, archiveros y bibliotecarios, para los que se han inscrito 371.
Los más numerosos, sin embargo, han sido los de la agrupación profesional de subalternos y el cuerpo de auxiliares técnicos de bibliotecas: 2.898 y 1.248 aspirantes respectivamente para 11plazas en cada OPE.
Una vez finalizados los exámenes, el Gobierno de Canarias deberá hacer públicas las listas para cubrir las 145 plazas de los distintos cuerpos y escalas, en las que se podrán comprobar los resultados y la posición de cada participante. Del total, 94 plazas corresponden a ingresos por el sistema de acceso libre y 51 por promoción interna.
La relación de puestos ofertados en esta modalidad se concentran principalmente en el Cuerpo Administrativo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, que cuenta con 23 plazas. Le sigue el Cuerpo Superior de la Administración con cinco plazas para administradores y siete para el Cuerpo de Gestión de la Administración, en la escala de gestión general.
El resto de plazas de promoción interna se distribuyen de la siguiente manera: seis para el Cuerpo Superior Facultativo, la mayoría, cuatro, en la especialidad de ingenieros industriales, una para la especialidad de inspectores médicos y una para la de letrados; y otras diez plazas para el Cuerpo Auxiliar.
Si bien estas cifras cumplen con el mínimo del 25% que establece la Ley de Función Pública -de hecho, alcanzan el 35%-, algunos sindicatos han criticado que por lo general son «insuficientes» y que supone un estancamiento de los trabajadores.
En relación a este asunto, CSIF había señalado que la OPE de 2020 no se ajustaba al requisito de la Ley y la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón al ordenar aumentar el número de plazas de promoción interna de la oferta pública.
Según publicó el Gobierno de Canarias, se ofertaba solo 78 plazas de promoción interna de un total de 373, es decir, un 20%. Esto obligaría a ampliar la oferta a 99 plazas, como mínimo.
Los procesos selectivos regulares avanzan paralelamente al de las convocatorias extraordinarias para dar estabilidad y consolidar al personal en fraude de ley.
En este sentido, la gestión de los exámenes pendientes ha ocupado casi todo el tiempo de los trabajadores de la Administración en los últimos meses, poniendo en pausa otro asunto relevante en la gestión del conflicto: la bolsa de empleo complementaria, cuya publicación se prevé al menos para mediados del mes de mayo.
La directora general de Función Pública, Monserrat García, ha asegurado a este periódico que pese a que los esfuerzos se han centrado en las OPE, un pequeño grupo ha seguido avanzando con las listas, ordenando y revisando solicitudes, subsanando algunas incidencias que se produjeron durante su presentación o con las reclamaciones que son habituales.
Alrededor de 50.000 personas se inscribieron entre el 12 de enero y el 1 de febrero exclusivamente por vía telemática, algo «novedoso», a juicio del Gobierno, ya que permite agilizar los trámites y, además, no requiere evaluar toda lista de inscritos «de un tirón» sino que se ajustarán a los llamamientos, según agoten las vías normales.
Es decir, al contrario que las bolsas ordinarias, no depende de ningún proceso selectivo: el solicitante acredita la documentación pertinente y se ordena en la lista. Luego, en función de las plazas que se vayan convocando , se irá validando: si todo es correcto, pasará el filtro, si no, se revaluará a la persona.
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