Aena y la cuadratura del círculo

Pero no todo es excelente en los aeropuertos nacionales, la Autoridad Aeronáutica de España continúa de forma casi obsesiva con el intento de cuadrar un círculo, cuando mantiene su singular interpretación de gestión eficaz de los aeropuertos en red, mientras impide que las insulares cumplan con la obligación de atender los intereses aeroespaciales de su entorno. Si la fragmentación y lejanía de su territorio fue durante siglos la losa que impedía el desarrollo y la convivencia estable en las islas, la aparición del modo aéreo representó la solución a su problema estructural, que solo la irrupción de Aena y la indolencia canaria han cortocircuitado

En cualquier caso, hay que reconocer y encomiar la circunstancia de conocer por primera vez en mucho tiempo, las ideas que maneja la organización, aunque haya sido través de declaraciones a la prensa de un portavoz técnico de limitada capacidad de decisión. Lo que se debate en las islas en materia aeroespacial tiene suficiente trascendencia en el desarrollo y el crecimiento de la Comunidad como para que hubiera sido su presidente, el director general de Aviación Civil o el propio ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, los que les dijeran a los canarios lo que piensan sobre el gobierno de los aeropuertos canarios.

Para el Observatorio de Transporte Aéreo de Canarias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que ha sido crítico en intervenciones y foros públicos con la gestión de los aeropuertos que realiza Aena SME SA, es obligado contrastar las ideas expresadas en la entrevista aludida, publicada en CANARIAS7, el 11.02.24.

Es necesario empezar por admitir el hecho de que el potencial de los aeropuertos canarios no se ha completado, para inmediatamente añadir que, probablemente antes de llegar a este punto se alcance la carga turística sostenible de las islas. Ese esquema es suficiente para replantear esa fantasía de 'tercera pista' del Plan Director del aeropuerto grancanario y revisar su 'máximo desarrollo', que ha significado la paralización del progreso del territorio 'sine die' e interpretar que se puede estar cometiendo un abuso de derecho. La propia OACI recomienda la revisión anual de estos planes y siempre antes de los cinco años de su redacción, por lo que mantenerlo inamovible durante 23 años, frente a la incertidumbre de la población afectada, la paralización del desarrollo territorial de la zona e ignorando la iniciativa de actividad y empleo pretendida con el Parque Aeroportuario, es un serio desplante a los intereses canarios.

Por otra parte, la referencia al 'interés general' de los aeropuertos canarios no puede sino considerarse una provocación. Fue el propio Gobierno Autónomo quién reclamó ante los Tribunales gestionar los aeropuertos canarios cuando dejara de hacerlo el Estado, en virtud del art 33 (hoy 161) del Estatuto de Autonomía de Canarias, lo que ocurrió en febrero de 2014 al asumir el capital privado el 49% de la entidad. Si cabe calificar de escandaloso el proceso que lo materializó, hay que añadir el despropósito de considerar confidenciales las cuentas analíticas de los aeropuertos canarios, cuando son recursos generados en las islas los que se comercializan a espaldas de los representantes legítimos de la región. Sería como retirar dinero de un monedero público e impedir que otros lo abran para conocer lo que ha disminuido. Es igual, con datos oficiales cabe estimar en más de 400 millones de euros lo que sale del monedero cada año.

Hay otras referencias que contrastar, aunque sean más circunstanciales que estructurales, como la aclaración de que el incremento de las tasas aeroportuarias no afectará las cifras de tráfico, por lo que se cuenta con margen para seguir subiendo, aunque superen los gastos ocasionados por el uso privado del bien público. O la consideración de estar por debajo de la media europea, lo cual es razonable si los salarios medios del país son también inferiores, pero que a nivel interno no se aplica, cuando los canarios permanecemos siempre por debajo de cualquier parámetro económico medio. Es indudable que el concepto de 'negocio regulado' se presta a confusión, que se incrementa al manifestarse al lado de las compañías aéreas, en el proceso de externalización de los servicios de tránsito aéreo de aeródromo, cuando quien va a decidir, Enaire, posee el 51% de los aeropuertos, incompatible con la provisión del servicio público de navegación aérea que ejerce como 'monopolio natural'.

Pero no todo va a ser negativo. Hay que celebrar la decisión de reactivar al 'Comité de Usuarios' para cada aeropuerto, lo que pomposamente Aena SME SA, llama 'Comité de Coordinación Aeroportuario'. Es necesario darle voz a los que hacen uso de las instalaciones y canalizar sus inquietudes, que van desde la higiene de sus aseos, al orden y limpieza de sus jardines o las colas en las paradas de los taxis, y este Comité, aun siendo un órgano consultivo, facilitará las decisiones de alcance que adopte el Consejo de Administración. Esperemos que esta vez participen también los Cabildos Insulares para no dejar fuera a la mayoría de los potenciales usuarios.

En el conjunto de reflexiones apuntado, cabe una conclusión elemental. Es la consideración de que la red de aeropuertos sea, posiblemente, el instrumento del Estado que mayores obstáculos sitúa en el camino del crecimiento económico de Canarias, al manejar un volumen significativo de negocio público creado en las islas, fuera de la capacidad de gestión de los representantes de la Comunidad Canaria.