Pensiones, otro espacio de desigualdad

En efecto, no solo de brecha salarial durante la etapa laboral se sostiene la actual desigualdad económica entre las mujeres y los hombres. Esta se repite con similar gravedad en el caso de las pensiones. La pensión media global –incluyendo las de jubilación, viudedad y otras, como la incapacidad permanente- alcanza en el conjunto de España los 728,33 euros para las mujeres y los 1.151,49 para los hombres. Es decir, ellas perciben un 36,74% menos.

La negativa circunstancia se confirma cuando hablamos de las pensiones de jubilación. Como han denunciado reiteradamente los sindicatos y las organizaciones feministas. Del total de pensionistas por jubilación, casi 5,9 millones en marzo de 2018, el 37,8% son mujeres frente al 62,2% de hombres. La pensión media es en estos momentos de 1.079,16 euros. Pero con notables diferencias de género. La de las mujeres se sitúa en 799,51 euros, unos 450 euros por debajo de la de los hombres (1.249,14).

Por comunidades las mayores brechas se producen en Asturias (765,03 euros a favor de los hombres, vinculado a las pensiones incluidas en el régimen especial de la minería del carbón), Euskadi (660,64), Navarra (564,02) y Madrid (483,72). Las menores en Extremadura (206,02), Castilla La Mancha (259,85) y Canarias (260,38), no porque sean muy igualitarias, sino por su penosa estructura salarial global.

precariedad. Esta situación es fruto de lo que las mujeres han padecido durante su vida laboral: mayor precariedad que los hombres, más trabajos a tiempo parcial y de carácter temporal. En fin, peores condiciones laborales y salariales. Que ahogan su presente y, asimismo, condicionan gravemente su futuro cuando les llega la hora de la jubilación.

Las mujeres son, por otra parte, la inmensa mayoría del colectivo que cobra pensiones de viudedad. El 92,3% frente al 7,7% de hombres. Estas pensiones son notablemente inferiores. Con una media de 652,80 euros. En Canarias se queda en 626,97 euros de media para sus 79.555 beneficiarios y beneficiarias de esta modalidad, nueve de cada diez, como decíamos, mujeres.

Corregir esa brecha en las pensiones no es fácil. Ni siquiera a largo plazo mientras persistan las actuales diferencias, la mayor presencia de mujeres en trabajos peor remunerados o en tareas a tiempo parcial. Esas injustas situaciones se proyectarán en el tiempo y alumbran, como en otros ámbitos, no solo un mal presente sino un peor futuro para las mujeres en relación con los hombres.

renta básica. ¿Pueden establecerse fórmulas correctoras para acercar las pensiones de hombres y mujeres? Pueden y deben. Considero que esta es una de las funciones que puede cumplir una renta básica, una medida que se aplica en algunas comunidades y que estudian otras, máxime con los efectos demoledores que ha dejado la crisis económica y las perspectivas futuras de un mundo robotizado en el que pueden desaparecer muchos puestos de trabajo.

La renta básica suele estar dirigida a beneficiar a personas sin ingresos o con ingresos muy bajos, con o sin trabajo. Y en el perfil de las personas en esta situación suele haber mayoría de mujeres. Y pensionistas, claro.

En España la comunidad más avanzada en este terreno es el País Vasco, donde ya llevan una trayectoria consolidada en la aplicación de la denominada Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que fue aprobada en 2008. Se trata de una «prestación periódica y de derecho subjetivo de naturaleza económica, dirigida a las personas integradas en una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión laboral o social».

Pueden acogerse a la misma personas sin recursos o que no disponen de los suficientes para dar respuesta a sus necesidades básicas. Desde desempleados que no cobran percepciones a empleados con muy bajos salarios o pensionistas con prestaciones de reducida cuantía. En el artículo 3 de su ley reguladora (Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social) señala, entre sus objetivos, el siguiente: «Integración de la perspectiva de género. El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social contribuirá, en coherencia con el conjunto de las políticas públicas vascas, al objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres y, en particular, de prevenir y paliar la mayor incidencia de la pobreza en la población femenina».

El País Vasco dedica más de 450 millones de euros anuales a la Renta de Garantía de Ingresos. Según los últimos datos ofrecidos por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, correspondientes al pasado mes de febrero, se benefician actualmente de la RGI un total de 59.206 residentes en el País Vasco. El 57,47% (34.027) son mujeres. De ellas, el 24% son mujeres mayores de 65 años, en buena parte viudas con ingresos muy reducidos. Una cuarta parte de los perceptores de la RGI son pensionistas pobres; de ellos el 67% son mujeres.

Tengo la impresión de que en el interesante e imprescindible debate que se ha abierto sobre las pensiones y su cuantía actual hay algunos asuntos que sobresalen, que son absolutamente prioritarios. En mi opinión estos serían la sostenibilidad del sistema, garantizando su financiación presente y futura (es decir, definir cómo lograr más ingresos), el incremento de las pensiones más bajas, que condenan a sus perceptores a situaciones de empobrecimiento, y la superación de la enorme brecha que actualmente existe entre mujeres y hombres.

«La renta básica suele estar dirigida a beneficiar a personas sin ingresos o con ingresos muy bajos, con o sin trabajo. Y en el perfil de las personas en esta situación suele haber mayoría de mujeres. Y pensionistas, claro».

Periodista

Enrique Bethencourt