Una hora menos, sigan jugando

La mejora, junto a la anhelada recuperación de la democracia, también se ha producido en los espacios económicos y sociales, donde hemos ido superando nuestro secular subdesarrollo. Fue muy importante, por cierto, el esfuerzo que hicieron nuestros ayuntamientos democráticos para revertir una situación de enorme abandono.

Entonces éramos mucho más pobres, en nuestra economía tenía todavía un peso relativo importante el sector primario y presentábamos enormes carencias en casi todos los ámbitos, desde las infraestructuras básicas -distribución de agua potable, electricidad, alcantarillado...- a la educación o la sanidad. El centralismo nos pasaba una enorme factura que los canarios y canarias pagábamos con creces en forma de retraso sobre el resto del Estado español.

Nuestra realidad de aquella etapa era la de un pueblo con muy bajos niveles educativos y en el que persistía un elevado porcentaje de personas analfabetas. No disponíamos de una red de centros escolares, las plantillas docentes eran claramente insuficientes y la escolarización deficiente, con numerosos colegios desdoblados en horarios de mañana y tarde. La oferta universitaria era, asimismo, escasa y bastante centralizada en una isla, algo que corrigió años después la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Salud. Otro tanto sucedía en el ámbito de la salud. Primero con la sanidad universal que en España consagró, en 1986, la Ley de Sanidad impulsada por el añorado Ernest Lluch. Después, en el ámbito interno, hubo que esperar a las transferencias sanitarias, que se produjeron a finales de los noventa del pasado siglo, para disponer en pocos años de una potente red de centros de salud en todo el Archipiélago. Y para incrementar notablemente los espacios hospitalarios, con la incorporación de dimensionados hospitales en todos los territorios insulares.

Las infraestructuras experimentaron, asimismo, un vuelco espectacular: las carreteras, los puertos y aeropuertos o las obras hidráulicas. Recortamos, en ese sentido, el abismo que nos separaba de la media española. Y mejoramos la conectividad insular e interinsular. Disminuyeron notablemente, igualmente, las diferencias entre las islas, lo que benefició de manera relevante a las no capitalinas.

Pero, no podemos engañarnos, pese al avance, en el que tuvo mucho que ver la capacidad de autogobierno que habíamos alcanzado, las reclamaciones fundadas a los gobiernos del Estado y la aportación de fondos de la Unión Europea, seguimos padeciendo numerosos déficits que nos colocan a la cola estatal. Y, aunque en muchos momentos ha existido olvido y maltrato, falta de comprensión por los ejecutivos estatales de las especiales dificultades que supone para la economía y los servicios públicos un territorio alejado y fragmentado, no se pueden ni deben eludir las responsabilidades propias. No todo es, como algunos quieren hacernos ver, culpa de Madrid.

Ley canaria de educación. Esas responsabilidades propias de las que les hablo las ejemplifica el desarrollo y cumplimiento de la Ley Canaria de Educación no universitaria (LEC). Una normativa que surge de una iniciativa popular impulsada por docentes, asociaciones de padres y madres de alumnos y municipios, que el Parlamento canario aprobó de forma mayoritaria en 2014, tras las reticencias iniciales del Gobierno.

Una norma que deja claro que el eje vertebrador de la Educación en Canarias es su sistema público, que apuesta por la igualdad de oportunidades y plantea el establecimiento de medidas para actuar en los entornos sociales desfavorecidos, esos que están detrás de la mayor parte del fracaso y del abandono escolar. Que, además, muestra una visión inclusiva y un compromiso con la diversidad del alumnado que se encuentra en las aulas, defiende la participación en la vida de colegios e institutos, impulsa adecuadamente el imprescindible aprendizaje de idiomas o considera los servicios complementarios como esenciales al sistema educativo de las Islas.

Y que, asimismo, incluye relevantes compromisos económicos: en 2022 el sistema educativo de las Islas debe estar financiado, al menos, con el 5% del PIB, según señala su artículo 72.

Han pasado casi ocho años de la aprobación de la LCE y, más cerca de 2022, el objetivo parece bien lejos. Llegamos a estar por encima del 4% del PIB en materia educativa y hoy estamos en torno al 3,7%. Desde hace varios ejercicios se debió hacer un mayor esfuerzo en esta materia. Para cumplir con la Ley y, sobre todo, para generar las condiciones que posibiliten un sistema educativo de calidad y con altos niveles de equidad.

No es el único caso. Si en educación nos encontramos por debajo de la media estatal en casi todos los parámetros, también sucede en la sanidad, como confirman la opinión de sus usuarios y de sus profesionales, o en la aplicación de la ley de la dependencia. Otro tanto podríamos aplicar al empleo y a su calidad, con mucha precariedad y salarios bajos.

Hemos avanzado. Y, al tiempo, presentamos importantes déficits que afectan a la calidad de vida de la mayoría. Es justo que solicitemos al Estado que esta Comunidad cumplidora pueda utilizar el superávit de años anteriores para revertir los efectos de los recortes sobre los servicios públicos. Pero no es sostenible que el Gobierno juegue a la subasta populista de rebajas fiscales cuando mantenemos tantas carencias, cuando somos campeones de la pobreza y de la exclusión social. Cuando nuestra sociedad es profundamente desigual. Y mientras esto sucede da la impresión de que las principales preocupaciones del titular del Ejecutivo son la implantación del FIFA en los colegios y la numantina presidencial defensa de «una hora menos en Canarias». Me gustaría que mostraran el mismo entusiasmo, determinación y compromiso en la lucha por la equidad. En el rescate de la educación y la sanidad. En las adecuadas respuestas en la atención a las personas dependientes. En solventar los cada vez más graves problemas de acceso a una vivienda. En preservar el medio ambiente. Sigan jugando.