No se juega con el descuento del residente

Inicialmente fue del 33%, después se elevó al 50% y desde 2018 -con José Luis Ábalos como ministro y gracias 'al diputado 176'- se llegó al 75% , de forma que los isleños abonan solo el 25% del precio de los billetes. Con este porcentaje de pago por parte del Estado se ha disparado la conectividad de las islas gracias a compañías como Binter, que hoy conectan a los canarios con unas 20 ciudades españolas, con numerosas frecuencias diarias y semanales.

Esto permite que hoy viajar a la península sea fácil, cómodo y rápido, casi como si se cogiera una guagua. De esta forma, ha crecido de forma abultada la movilidad de los canarios, que nunca antes habían viajado tanto a la península.

Sin embargo, esta alegría puede durar poco si el Estado sigue incumpliendo con los canarios y menospreciando el descuento al residente, que como dije antes, es en mi opinión la principal herramienta del REF para equiparar en derechos a los ciudadanos canarios con los peninsulares, minimizando los inconvenientes que tiene vivir en islas alejadas del continente.

El Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley de Navegación Aérea que incluye una partida de 319 millones de euros para pagar parte de la deuda que el Estado tiene con las aerolíneas a cuenta del descuento al residente. Un dinero que es insuficiente si se tiene en cuenta que actualmente la deuda son unos 1.200 millones -425 a cuenta de 2024 más lo generado desde enero y hasta ahora de 2025-. Además esos 319 millones deben seguir aún un trámite en el Senado, con lo que se estima que no llegarán hasta pasado el verano. Poco dinero y además llegará tarde.

Las compañías aéreas adelantan ese 75% que con meses de retraso les paga el Estado. Hasta hace poco ese dinero se abonaba en dos o tres meses pero de un tiempo para esta parte y con los presupuestos prorrogados la partida, de 560 millones al año, se agota antes y el Estado empieza a acumular deuda con las aerolíneas que no paga. Se estima que cada año se necesitan 1.500 millones de euros frente a los 560 que recogen los presupuestos, lo que supone un déficit de casi 1.000 millones al año.

Las aerolíneas han lanzado un SOS y advertido de que o el Gobierno les paga o se verán obligadas a suspender frecuencias y rutas ante la asfixia financiera que les está generando esta situación.

La solución a priori sería sencilla -al igual que lo ha sido para elevar en 12.000 millones el gasto de Defensa-, ya que con un crédito extraordinario en los presupuestos el Estado podría pagar sobre la marcha a las aerolíneas y acabar con la incertidumbre. El PP propuso esta misma semana elevar hasta 1.200 millones esa partida de 319 millones del proyecto de ley pero el Gobierno vetó la propuesta.

Llegar hasta aquí ha costado muchos años y no se puede jugar con los derechos de los canarios aunque desde Madrid no se entienda.