Primera plana

Santa Cruz y la corrupción

29/11/2019

Patricia Hernández ha llegado a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en un momento decisivo: entre la herencia institucional de tener que gestionar el retorno del dinero perdido tras el fallo judicial en el caso Las Teresitas y el hacer frente al caso Juan Luis Guerra aún en ciernes y pendiente de que la Fiscalía Anticorrupción decida abrir las diligencias oportunas, que es lo que a fin de cuentas determinará el alcance en vía judicial de los 501.194,33 euros de marras que alcanzó el conciertazo y su posterior reparto. Esto, y no tanto la investigación interna que ha activado el consistorio, es lo que le dará forma al caso Juan Luis Guerra si finalmente la Fiscalía Anticorrupción da luz verde.

En semejante tesitura no es de extrañar que las presiones lluevan sobre la alcaldesa Hernández. Para empezar, Antonio Plasencia y el recientemente fallecido Ignacio González han sido dos actores de primer orden en la vida económica de Tenerife. Pero Hernández no se achantará a la hora de intentar recuperar el montante que es de toda la ciudadanía, ni se amilanará en los otros frentes. Ella sabe, de largo, lo que es resistir.

No hace tanto tiempo le sobrevoló la sombra de la acusación, ventilada mediáticamente en el momento procesal oportuno, de que había sido la presunta diputada que rompió la disciplina parlamentaria (ni que fuese un delito o un drama en la vida del Parlamento) a cuenta de la designación de dos candidatas a entrar en el Consejo Rector de Radio Televisión Canaria (RTVC). Aquellas sucesivas rondas de votaciones secretas, a la que algunos obligaron a diferenciar rotuladores cuando vieron que no salía el resultado deseado para RTVC, ¿para qué la democracia?, estuvieron nutridas por una elevada expectación que enseguida se enzarzó sin contemplaciones contra la socialista Hernández. Un entrenamiento idóneo para que ahora ella sepa templar esas sugerencias de que mire hacia otro lado que le vienen tanto de fuera como de un sector del PSOE. Por otra parte, no es nada nuevo: es el mismo marco que distinguió los comienzos del caso Las Teresitas. De poco valdrán en cuanto que Hernández ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera por excelencia de regeneración democrática en la vertiente municipalista. Si renuncia a esta vitola y se atrinchera en la gestión cotidiana, si fuese el caso de que quedase presa de terceros, cuestión a dudar dado su perfil aguerrido, su proyección política quedaría truncada a todos los efectos. La llegada del PSOE a dicho ayuntamiento se ha producido, a todas luces, en una pugna constante ante todo aquello relacionado con las corruptelas.

Que se haya embargado precisamente el edificio de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en Santa Cruz (más otro al que se le pretendió darle un uso sociosanitario) retrata la dimensión del constructor Plasencia en el universo de la corrupción y los conseguidores. Esa propiedad, sede gubernamental, delata el entramado de favoritismos próximos entre el ámbito político y el de los negocios justo en una isla y desplegado durante décadas. Es en este frente, y no otro, en el que Hernández tiene su principal batalla política a librar: combatir la corrupción, sin amedrentarse ni ceder a las presiones.