Segunda medida: inflar de nuevos cargos el Gobierno

Respecto a lo primero, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, medida que beneficia al 0,3% de la población, supondrá una reducción de ingresos en torno a 40 millones de euros, lo que, en aplicación de las reglas fiscales, implica que Canarias dispondrá de 80 millones menos en los próximos presupuestos de la Comunidad para 2024, el doble de lo que anunciaba su actual Gobierno. Aplicando medidas, además, que no sirven ni para rebajar la inflación ni para dar más recursos a las familias. Solo contribuyen a hacer más ricos a los más ricos.

Hay que insistir en la necesidad de conseguir una fiscalidad progresiva en la que aporten más los que más tienen y que contribuya de forma decisiva a consolidar una sociedad más equilibrada, equitativa y justa. Esta es, además, la única manera de contar con un estado fuerte, capaz de garantizar los servicios públicos fundamentales y las infraestructuras necesarias, así como de fortalecer la seguridad de las personas y sus bienes frente a los incendios o las inundaciones, desastres que, con la Crisis Climática, se ven incrementados en su frecuencia y en su poder devastador, como ya se viene observando en todo el mundo.

Con relación al segundo aspecto, podría pensarse que, en el camino, entre la anterior y la actual legislatura autonómica, se han producido cambios vertiginosos que obligaban a decisiones drásticas respecto a la composición del Gobierno. Y que han surgido nuevas tareas y ampliadas competencias que exigen incrementar de forma significativa las estructuras de dirección, sean consejerías, viceconsejerías, direcciones generales o asesorías en aras de una mayor eficiencia. Les puedo asegurar que nada de eso está ocurriendo, que son otras las auténticas motivaciones.

La explicación sobre esa considerable ampliación del Ejecutivo conservador canario resulta mucho más sencilla. No se encuentra vinculada con la operatividad en la gestión y con la capacidad para tratar de ofrecer una respuesta más adecuada a los distintos problemas que afectan a las Islas y a su ciudadanía. No es, tampoco, fruto de una profunda planificación tras un diagnóstico preciso en torno a las debilidades y fortalezas de la estructura gubernamental heredada.

Nada de eso. Se trata, lisa y llanamente, de un meditado proceso dirigido a ubicar a un número lo más amplio posible de personas de CC y del PP. Incluso generando para ello centros directivos sin apenas funciones ni competencias, como iremos viendo conforme avance la legislatura. Algunos colectivos, como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Canarias, ya han denunciado las duplicidades en la nueva estructura del Ejecutivo con relación al trabajo autónomo.

Hace unos días dirigentes del PP en la isla de La Palma acusaban a CC de convertir el Cabildo insular palmero en «una empresa de colocación», denunciando la ampliación, a su juicio completamente innecesaria, de directores/as insulares. Y señalando que esto incrementaba significativamente los costes salariales de una corporación insular en la que Coalición dispone de una mayoría absoluta, con once consejeros y consejeras en el grupo de gobierno.

La crítica de los populares palmeros -que aseguran que «el área de recursos humanos de CC» funciona a la perfección y «no para de incrementar el gasto público con contrataciones de personal afín a sus siglas absolutamente prescindible»- valdría perfectamente, eso sí, en mucha mayor dimensión, a lo que viene ocurriendo en el Gobierno de Canarias. Con la diferencia de que en el Ejecutivo canario en la «empresa de colocación» participan varios partidos, también el PP, y los costes son sustancialmente mayores.

Por supuesto que los gobiernos pueden ser reestructurados en función de las necesidades y las prioridades de la legislatura. Lo está haciendo el PP allá donde gobierna con Vox, eliminando los departamentos vinculados a la implementación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia machista; o los implicados en el combate contra la crisis climática. Y sustituyéndolos por otros de apoyo a la caza o de fomento de la tauromaquia.

Circunstancia bien distinta es que esas modificaciones departamentales en autonomías y corporaciones locales están ocasionando, sin duda, un profundo retroceso social, que constituyen una grave concesión a los que detestan los avances en los derechos de las mujeres o a los negacionistas del cambio climático y sus consecuencias para el planeta. Y que suponen un evidente plegamiento del PP a los postulados más reaccionarios de la extrema derecha española.

Pero volvamos a Canarias. Al comienzo de la anterior legislatura el Ejecutivo del que fui vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos realizó una reestructuración en distintas áreas para dar respuesta a las políticas centrales del Pacto de Progreso, sin incrementar el gasto del Ejecutivo y solo procediendo a los aumentos salariales a los que estábamos obligados por ley. No como ahora, en que se está produciendo

una desmesurada e injustificada ampliación, tanto en consejeros como en viceconsejeros, directores generales o comisionados, así como en plazas de asesores, como si los problemas se resolvieran multiplicando los departamentos y los cargos directivos.

Globalmente el Gobierno conservador crece un 21% respecto a su antecesor progresista. Se pasa de 114 a 140 altos cargos, un incremento de 26, sustentado en la creación de dos nuevas consejerías, un aumento de nueve viceconsejerías y otro aún mayor en direcciones generales y comisionados. Y se pasa de 108 a 130 eventuales (asesores). Con una media de 80.000 euros por plaza/año, supone un incremento que supera los 3,8 millones de euros respecto al anterior Ejecutivo, que, por cierto, también era cuatripartito, pero mucho más austero y menos clientelar.

Ya conocemos las primeras decisiones del Gobierno canario de las dos derechas: bajar impuestos a los más ricos y aumentar innecesariamente el número de altos cargos del Ejecutivo, dos medidas regresivas. Ahora tratan de escudarse en las habituales deviaciones presupuestarias que en todos los ejercicios se producen en servicios como la sanidad para justificar su intención de establecer recortes en educación, sanidad o dependencia. Recortes en consonancia plena con la doctrina neoliberal conservadora, sumisa frente a minoritarias élites y agresiva frente a los más vulnerables. Incapaz de apostar por lo que beneficia a la inmensa mayoría: avanzar hacia una sociedad más justa, equilibrada y con mayores niveles de equidad.