Tribuna libre

Grúas en suelo rústico

Es cierto que los datos respecto a la vivienda son preocupantes en nuestra tierra, tanto por el constante incremento del precio para comprar una casa en las Islas, sea de primera ocupación o usada, como por la enorme subida de los alquileres. Así como por las dificultades enormes para encontrar una en las zonas más tensionadas, tanto en las grandes ciudades como en las islas turísticas.

Influye, sin duda, el constante crecimiento poblacional, sobre todo por la llegada de personas procedentes del conjunto del Estado y de la Unión Europea (UE), así como de América Latina. En las últimas décadas, en el Archipiélago hemos crecido poblacionalmente de forma muy importante. Aumentando en medio millón de habitantes en los primeros veinte años de este siglo, un incremento superior al 30%, duplicando el aumento del conjunto del Estado. En el mismo periodo, el País Vasco aumentaba su población apenas un 5%. Las predicciones de los expertos señalan que Canarias podría tener en 2037 unos 2,6 millones de habitantes.

También se hace preciso analizar con rigor el impacto de fenómenos como el alquiler vacacional, al sacar, por el atractivo de su elevada rentabilidad, a miles de viviendas del mercado de alquiler residencial; somos contrarios a la proliferación de edificios de viviendas vacacionales que gentrifican nuestros barrios sin redistribuir renta ni generar empleo. Y, asimismo, planteamos establecer medidas restrictivas a la adquisición de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros no arraigados en las Islas y que tienen una finalidad puramente especulativa.

Paradójicamente, en las Islas hay un importante parque de viviendas no habitadas. Así, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre las ciudades de más de 200.000 habitantes, Santa Cruz de Tenerife aparece a la cabeza de viviendas vacías de todo el estado, con un 17,3%, y en el cuarto lugar se sitúa Las Palmas de Gran Canaria (14,3%), por detrás de Vigo (15,1%) y A Coruña (14,7%).

En el caso de los municipios mayores de 10.000 habitantes el listado de casas sin habitar lo encabeza Tías (48%), por delante de Mos (Pontevedra), con el 46,5%, Monforte de Lemos (Lugo), con un 40%, y Aller (Asturias), con un 38,9%; entre los veinte primeros también figuran otros cuatro del Archipiélago: Antigua (37,2%), Mogán (33,7%), Santiago del Teide (35,7%) y San Miguel de Abona (33,1%).

Sería interesante analizar las razones por las que estas casas no se encuentran en el mercado de alquiler y buscar alternativas que estimulen a que así ocurra, ayudando a ampliar significativamente la actual oferta, especialmente en las dos ciudades más pobladas del Archipiélago.

Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias han optado por una propuesta tan novedosa como sorprendente: abrir la posibilidad de que se puedan edificar nuevas viviendas en suelo rústico, luego matizada limitándola a vivienda de promoción pública. Aunque resulta bastante menos sorprendente cuando surge de los mismos partidos que sacaron adelante la Ley del Suelo de 2017, que acaba con el planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyectos, y que se ha confirmado como un completo fracaso. Más de lo mismo.

Una propuesta que rechazamos contundentemente desde el canarismo de progreso, al entender que se trata de una peligrosa ocurrencia ajena a cualquier modelo de desarrollo sostenible y equilibrado para las Islas. Se precisan más viviendas, sí, pero hay otras fórmulas para conseguirlas y dar respuesta justa a las necesidades ciudadanas, pero no atentando contra nuestro paisaje y arrasando todavía más nuestro frágil territorio.

Señalando, en primer lugar, el cumplimiento del vigente Plan Canario de Vivienda, que dispone de ficha financiera, más de 600 millones, definiendo casi 6.000 nuevas viviendas en suelo que ya es de la comunidad canaria o cedido por los ayuntamientos. Lo que hay que hacer es agilizar el desarrollo del Plan. Es cierto que la demanda no se cubre completamente con el Plan, y que se precisan otras actuaciones, pero los municipios disponen de suelo de uso residencial donde se pueden hacer viviendas públicas.

Si aun así se precisa de más suelo, hay otras alternativas más razonables que la construcción de nueva vivienda en suelo rústico. Existe, por ejemplo, una categoría de suelo urbano -el no consolidado- y otra de suelo urbanizable -ordenado y no ordenado- que no son directamente edificables, pero cuyas características resultan mucho más adecuadas a ese efecto que el rústico. Entiendo que tendría más sentido, en todo caso, plantear agilizar los procedimientos para poder edificar sobre estas categorías de suelo, antes que hablar de autorizar la ejecución de viviendas en rústico.

Reconozco que con la normativa vigente hay limitaciones, y por eso desde NC-bc hemos defendido desde los ayuntamientos que se dotara a estos de una herramienta jurídica que permita usar más suelo de uso residencial para vivienda pública, porque si se espera a hacerlo vía planeamiento local difícilmente se resuelve. Aunque esto podría verse favorecido por la nueva Ley de Vivienda estatal, habría que cambiar la Ley Canaria, lo que, en este caso, sí estaría más que justificado.

La demanda de viviendas se centra, principalmente, en las grandes ciudades y en las zonas turísticas, donde se concentra la inmensa mayoría del empleo. En cualquier caso, extender la construcción de nuevas edificaciones residenciales a las zonas rústicas, además de que implicaría una dispersión importante, añade todo lo que implica su urbanización. Es decir, hacer más carreteras, trasladar los problemas de movilidad y contaminación a entornos naturales, instalar los servicios de luz, agua, saneamiento, depuración e infraestructuras educativas y sanitarias.

Hay que recordar que, en febrero de 2016, cuando se discutía la ley del suelo, Fernando Clavijo aseguró que en Canarias había 54 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, estimando que sería suficiente para los próximos veinte años. Sin embargo, ahora tienen la ocurrencia de ocupar el suelo rústico con edificaciones, una medida depredadora del territorio que nos aparta del planeamiento y nos lleva a la ley de la jungla. Liberalismo en estado puro, como el de la burbuja inmobiliaria aznarista que tanto promocionó los pelotazos y la corrupción.

En definitiva, esta propuesta profundamente desarrollista del Gobierno conservador canario abre la puerta a la especulación urbanística de los entornos rurales de las islas y a la desaparición de una forma de vida tradicional del Archipiélago, así como de los valores medioambientales y paisajísticos, imprescindibles para la sostenibilidad y el futuro de Canarias. Por el bien de los hombres y mujeres canarias de hoy y de mañana, urge que rectifiquen y cesen en su empeño de llenar el suelo rústico con grúas para colonizarlo.