Engañar o recortar

Vayamos por partes. Con relación al nuevo organigrama gubernamental dado a conocer esta semana, hay que destacar que supone un importante aumento de cargos directivos, en torno al 32%, al pasar de 107 a 142. Tanto en consejeros, dos más -además de un comisionado y un portavoz-, como en viceconsejeros, que aumentan de 21 a 30, o directores generales, ahora 66 frente a los 47 que tenía el Ejecutivo del pacto de progreso.

Como si los problemas se resolvieran multiplicando los departamentos y ampliando significativamente los cargos directivos. Más paradójico e incoherente aún resulta que lo hagan quienes criticaban duramente lo que entendían como un «exceso de cargos» y un consiguiente «despilfarro» del Gobierno anterior. ¿Cómo calificarán al actual Gobierno? ¿De austero y ahorrador?

El nuevo Gobierno también ha tomado las primeras decisiones en materia fiscal. En Nueva Canarias-Bloque Canarista nunca nos hemos escondido respecto a la fiscalidad cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno. Ni caído en demagógicas solicitudes de bajadas de impuestos cuando gobernaban otros. Consideramos que la fiscalidad debe ser siempre progresiva y justa, respondiendo a las necesidades para garantizar los servicios que prestan las administraciones. Que deben pagar más quienes más tienen. Que hay que combatir contundentemente el fraude y los paraísos fiscales. Que hay que enfrentarse, con medios, a la economía sumergida.

En este ámbito, el de la fiscalidad, los primeros pasos del Gobierno canario de las dos derechas mezclan conservadurismo puro y duro -es decir, adopción de medidas para favorecer a los que tienen rentas más elevadas, a los más ricos-, con rápidos olvidos de lo que dijeron en la campaña electoral del pasado 28 de mayo e, incluso, graves desconocimientos sobre la situación de las reglas fiscales de la UE para el año 2024.

En primer lugar, han decidido reducir el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es importante recordar que se trata de un impuesto que estaba bonificado en un 99% a las herencias inferiores a 300.000 euros, que prácticamente no pagaban nada a Hacienda; estaba bonificado para el 95% de las herencias. Luego esta bonificación se va reduciendo a medida que crece el importe de la herencia recibida. Con la medida impulsada por el Gobierno de Clavijo las herencias millonarias no pagarán un euro por este impuesto. Igual hay que recordarles que la Constitución es bien clara en este aspecto en su artículo 31: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

Además, anuncian que eliminarán el impuesto de combustibles en las islas verdes, una medida que distintos expertos consideran absolutamente ineficiente, al considerar que el principal problema es el de falta de competencia entre empresas en el sector de la distribución en estas islas, de concentración casi monopolística; y que la bajada por la eliminación del impuesto terminará siendo absorbida en beneficio de las empresas existentes, no de los consumidores.

Luego está la anunciada reducción del IGIC, ahora postergada en el tiempo. Es preciso recordar que nuestro tipo general del IGIC es del 7%, un tercio del IVA estatal (21%). Además, la inmensa mayoría de los productos que integran la cesta de la compra -carnes y pescados, pan, leche, frutas, verduras, hortalizas, cereales, quesos, papas…- tiene en Canarias tipo cero, y en el Estado oscila entre el 4 y el 10%. Que también tienen tipo cero los medicamentos y los productos de higiene femenina (10 por ciento en el resto del Estado), los libros -incluyendo los electrónicos-, el transporte de viajeros o la electricidad del 96% de los consumidores. También es del 0% para el combustible, frente al 21% estatal. O el gas.

El anterior Gobierno, asimismo, impulsó ajustes fiscales puntuales y temporales. Con el IGIC cero y otras bonificaciones fiscales a todo lo vinculado a la reconstrucción de lo dañado por el volcán de La Palma. También respecto al material sanitario. Así como para los alimentos para la ganadería. También redujo el IRPF a rentas medias y bajas para paliar el impacto de la inflación, siendo Canarias de las comunidades que mayores deducciones implementó. Devolviendo, asimismo, el cien por cien del impuesto especial del combustible a los transportistas, ganaderos y agricultores.

Por tanto, su reducción del 7% al 5%, como aseguraron alegremente en campaña electoral y, de forma ya más matizada, en el discurso de investidura de Clavijo, no afecta a la cesta de la compra ni a los elementos sustanciales de la vida cotidiana de los canarios y las canarias. No supone más dinero para sus bolsillos, como alegan, y sí, con toda seguridad, menos recursos para los servicios públicos esenciales.

La reducción del IGIC, de aplicarse, supondría dejar de ingresar 536 millones de euros (que afectaría al Gobierno y a las corporaciones locales). Si la cumplen (ahora dicen que empezarán a implementarla a partir de 2024) estarán obligados a hacer importantes recortes en los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia…) y en la financiación de los ayuntamientos y de los cabildos. Si no lo hacen, habrán engañado a los ciudadanos y ciudadanas en los recientes comicios autonómicos.

Pero la situación es más dañina aún. El artículo 12.4 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala lo siguiente: «Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente». Por tanto, esa bajada de impuestos supondría detraer a la comunidad canaria no de 536 millones de euros, sino de un global de 1.072 millones. Un verdadero desastre.

Si graves resultan esas decisiones y/o incumplimientos, no lo es menos el absoluto desconocimiento de Manuel Domínguez, vicepresidente y responsable del área económica del Gobierno, sobre la activación de las reglas fiscales en la Unión Europea en 2024, de la que dice haberse enterado hace unos días. Es un asunto que, por su enorme trascendencia, fue abordado reiteradamente en el Parlamento de Canarias en la segunda mitad de la pasada legislatura y al que también hice referencia en los debates electorales. Está en la agenda política y en la preocupación de los responsables públicos en todo el Estado desde hace más de un año.

Además, el pasado mes de abril la Comisión Europea presentó su reforma de las normas fiscales, el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que pretende una reducción gradual de los niveles de deuda. Señalando que los estados cuyo déficit supere el 3 % del PIB tendrán que hacer ajustes anuales por valor del 0,5 % del PIB hasta que el déficit caiga por debajo de la marca y que el gasto neto debe mantenerse por debajo del crecimiento económico potencial, así como la reducción de la deuda pública en una «trayectoria plausible» hasta el 60%.

No se sostiene, por tanto, ese presunto desconocimiento en torno al retorno del rigor de las reglas fiscales y que el nuevo Ejecutivo canario utiliza ahora para intentar matizar la gran promesa electoral de CC y PP: la bajada del IGIC del 7% al 5%. Lo que les sitúa en la disyuntiva de recortar los servicios públicos y la financiación de las administraciones locales e insulares o incumplir con sus irresponsables y populistas promesas electorales. Recortar o engañar (o viceversa). Buen comienzo.