A Canarias le corresponden 4.400 millones

Ante la enorme complejidad y relevancia de este asunto, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) propusimos inicialmente el establecimiento de una mesa de trabajo específica en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Con el objetivo de buscar un mecanismo riguroso, objetivable, medible y justo para la condonación que, ayudando a las comunidades autónomas con elevada deuda, tenga en cuenta también a las que no hemos llegado a esos niveles ajustando gasto, como se hizo en Canarias entre los años 2012 y 2014, o aumentando impuestos, como ocurrió en las Islas el año 2012. Resulta curioso constatar que este asunto de la condonación de la deuda, de enorme trascendencia, no merezca ni una sola línea en el acuerdo de investidura entre PSOE y CC, pese a que en ese momento ya estaba en el máximo nivel de atención política y mediática.

Las administraciones públicas se financian con impuestos, transferencias de otras administraciones y deuda pública. Esta última es un mecanismo adecuado para solventar los problemas en etapas de crisis, en las que se produce una gran caída de los ingresos, pero hay que seguir manteniendo los servicios públicos, la Seguridad Social y el funcionamiento general del Estado. En la etapa de Rajoy, en la anterior crisis financiera, se incrementó la deuda estatal entre 2012 y 2018 un 30%, unos 300.000 millones. Hizo lo propio Sánchez para afrontar los retos de la pandemia de la Covid 19 (ERTES, Fondo Covid, ayudas a autónomos y empresas…). Con Rajoy la deuda pasó del 90% al 100,4% del PIB; con Sánchez alcanzó el 109,9% el pasado mes de septiembre, según datos del Banco de España, situándose en 1,57 billones de euros, con un incremento del endeudamiento similar al de la etapa de Rajoy.

Canarias tiene un reducido nivel de endeudamiento. Es la comunidad con endeudamiento más bajo por habitante (2.873 euros frente a la media española de unos 6.000) y la tercera más baja en cuanto a PIB per cápita, con un 13,8% frente la media al 23,6 % de la media de las comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2022. En ese momento la Comunidad Canaria tenía 6.474 millones de deuda con la siguiente estructura: en préstamos con entidades financieras privadas 4.436 millones (68%); en valores 750 millones (12,0%) y en Fondo de Financiación de las comunidades 1.288 millones (20,0%).

En mi etapa al frente de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, desde la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, sacamos a los mercados 4.800 millones de euros que teníamos de deuda con el Estado. El disponer de la máxima calificación crediticia nos permitió abaratar la deuda y aplanar los periodos de amortización; una gestión modélica que no puede ser castigada mientras se beneficia a los que incumplieron o hicieron mal las cosas.

Según un estudio elaborado por el Observatorio de Derecho Público de la Universitat de Barcelona, basado en datos del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentado recientemente en el Senado, las comunidades con mayor deuda per cápita son Cataluña (10.981 euros por habitante), Comunidad de Valencia (10.810), Baleares (7.530), Región de Murcia (7.571) y Castilla La Mancha (7.528). Las menos endeudadas, en una lista que encabeza Canarias, la única situada por debajo de los 3.000 euros/habitante, son Asturias (4.199), Andalucía (4.433), Galicia (4.477), Navarra (4.796) Extremadura (4.877) y Euskadi (4.988). La media de las comunidades alcanzaría los 6.091 euros per cápita.

Si se aplicara la 'quita' del 20% exclusivamente sobre la deuda con el Estado, como se planteó inicialmente, a Canarias solo se le reduciría la deuda en 256 millones (un 20% de 1.288). Pero si se tiene en cuenta el global de la misma y en la condonación se aplica el mismo criterio que a Cataluña, una reducción de 1.980 euros por habitante, la Comunidad Canaria, con algo más de 2,24 millones de habitantes en el año 2021, le correspondería una quita de 4.385 millones, como hemos venido reclamando desde NC-bc y como concluye el estudio de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) recientemente publicado.

Este informe (El contenido económico de los pactos de investidura, realizado por el economista Ángel de la Fuente) destaca que los mayores montantes de condonación corresponderían a Andalucía (16.437 millones de euros), Cataluña (15.000 millones), Madrid (12.927) y Comunidad de Valencia (9.750). Con un global de todas las comunidades cercano a los 88.000 millones de euros. Fedea añade que los intereses de la deuda suponen a las comunidades más de 3.600 millones al año.

Respecto a esta condonación se ha pronunciado el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que valora la posibilidad de llevar a cabo esta quita y apunta que es, en todo caso, una solución «parcial e incompleta», asegurando que es fundamental inicial el proceso de cambio del actual modelo de financiación autonómica, caducado hace una década.

Desde NC-bc hemos destacado la importancia de ese debate en el que se aborda uno de los ejes de un estado plurinacional, como es su financiación y la distribución de esta. No compartimos que se resuelva este relevante tema mediante una salida parcial, como la condonación, que es una especie de financiación a la carta para resolver los problemas de algunas comunidades, porque distorsiona el sistema y no es una solución equitativa ni justa.

Planteamos la necesidad de avanzar hacia un sistema que debe ser pactado entre todos, y que debe ser transparente, equitativo y justo; además de respetuoso con la separación de los recursos fiscales del REF, como señala nuestro Estatuto de 2018. Nuestra posición actual en la financiación autonómica es positiva, después de haber conseguido gracias a los votos decisivos de NC y CC en los Presupuestos del Estado de 2017 esa separación; con ello se superó el quebranto -una pérdida media de 600 millones de euros anuales- causado por el apoyo a la financiación de 2009 por parte de CC, PSOE y PP.

Hay que recordar que la financiación de las comunidades de régimen común se realiza, fundamental pero no exclusivamente, sobre población ajustada, incluyendo parámetros como superficie, dispersión o insularidad. Considero que en la financiación de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales) la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada. Las comunidades autónomas con menor nivel de renta tienen una mayor presión en los servicios públicos.

Además, un parámetro esencial para nuestra tierra es la insularidad. Ni su ponderación ni la porción que corresponde a nuestra Comunidad pueden sufrir una disminución en una futura reforma. La participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad debe incrementarse, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos que se prestan en los ocho territorios canarios poblados.

Pero soy consciente de que en el actual marco de polarización política no va a resultar nada fácil sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica. Si no lo logró Rajoy disponiendo de una sólida mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, en el actual contexto, con el PP controlando doce de las quince comunidades autónomas de régimen común, así como el Senado, y estando plenamente dispuesto a ejercer una oposición bronca y sin concesiones, parece casi utópico un acuerdo sobre la nueva financiación de las nacionalidades y regiones. Considero una situación lamentable que las Cortes generales no puedan avanzar en un parámetro tan vital como es la estructura de financiación de las comunidades autónomas. Pero también opino que la fórmula de la quita no es la mejor solución, convirtiéndose en un parche, no siendo además equitativa, cuando lo que se precisa es un sistema estable, equilibrado y justo.