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Prisión, ¿permanente?

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Justicia o una maniobra de oportunismo con tintes electorales? La aplicación el 30 de marzo de 2015, fecha en la que se aprobó la Ley Orgánica 1/2015 que modificó el Código Penal, de la prisión permanente revisable ha traído más polémica que resultados. Una medida que llevó adelante el Partido Popular aprovechando que, por aquel entonces, contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Por ello, prescindió de un debate previo en profundidad y consenso con el resto de formaciones políticas para así poder justificar de manera democrática el endurecimiento penal.

«¿Y la máxima de que la prisión debe de cumplir una función de reinserción?»

Y lo hizo a pesar de las numerosa advertencias realizadas desde el propio Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y otros órganos relacionados con el ámbito legal.

La prisión permanente revisable no es otra cosa que una especie de cadena perpetua encubierta. Una medida que conlleva al cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo que oscila entre los 25 y los 35 años, dependiendo de que la condena sea por uno o varios delitos, o de que se trate de delitos terroristas. Tras haber superado este periodo de tiempo, el condenado tiene derecho a que su pena sea revisada cada dos años. Ahora, a la espera de que el Constitucional resuelva el recurso planteado en su momento por el PSOE y con la petición de derogación interpuesta en el Congreso por el PNV, el Ejecutivo de Rajoy va a más y no solo desoye las voces críticas, sino que se empeña en endurecer la medida y todo ello haciendo la vista gorda a las estadísticas. Números que concluyen que España es uno de los países más seguros de la Unión Europea pero, a pesar de esto, cuenta con una de las mayores tasas de población reclusa. Todo ello aderezado con que es uno de los países más duros en la aplicación de la pena permanente, solo superada en Europa por el Reino Unido.

¿Dónde queda esa máxima de que la prisión debe de cumplir una función de reinserción y no de venganza y castigo máximo? La medida debe debatirse y que se escuchen las voces tanto críticas como favorables, pero jamás en un estado de derecho es admisible la imposición y menos en cuestiones capitales como esta. Y si me tiran de la lengua, me parece lamentable el uso político de familias de víctimas como el hecho por Rajoy con familiares de Sandra Palo y de Marta del Castillo o de Núñez Feijóo acompañando al padre de Diana Quer y al de la niña Mari Luz.