Teodoro Sosa, marinero de luces

La empresa agraciada fue EC Enterteinment Group SL, antigua Entree Ticket Brand (la misma que gestiona a través de entrée.es la venta de entradas en instituciones culturales del Cabildo como por ejemplo la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria o el Teatro Cuyás, y que adeuda más de 180.000 euros que ya han sido reclamados en vía judicial), con la excusa de convertir la tournée de la cantante en un gran escaparate de promoción turística y cultural para la isla de Gran Canaria.

A principios de 2024 saltó a nivel nacional en todos los programas y tertulias de televisión la noticia de que una institución como el Cabildo de Gran Canaria patrocinaba con fondos públicos esta gira por distintas ciudades de España. Desde entonces, todo lo que rodea a este contrato de patrocinio ha sido una chapuza, un verdadero despropósito, que empezó mal y, estamos seguros, terminará aún peor.

El primer concierto fue el 26 de agosto de 2023 en Gran Canaria, en el Arena, con un aforo de unas 6000 personas, y el siguiente en Sevilla, el 23 de septiembre. Y ya aquí se produce la primera anomalía, pues estos dos conciertos se celebraron sin haber suscrito todavía el contrato de patrocinio y, por tanto, sin establecer unas cláusulas de obligado cumplimiento para ambas partes.

Con fecha 22 de agosto de 2023, cuatro días antes del primer concierto y estando de vacaciones el consejero Teodoro Sosa, su compañera Inés Miranda firma el informe de necesidad y ordena el inicio del expediente de contratación de este patrocinio publicitario a la mercantil Entrees Ticket Brand SL, que poseía los derechos de exclusividad para la organización de la gira.

Este informe establece que la gira tendría un recorrido de hasta 17 conciertos en grandes capitales de la Península, y que se rodaría un documental en el Sur de Gran Canaria para su emisión en el especial de TVE a finales de año con imágenes del concierto ofrecido en nuestra Isla.

Pero nada de esto sucedió. Ni se realizaron los 17 conciertos ni las actuaciones finalmente celebradas se programaron en grandes capitales, siendo sustituidas por localidades mucho más pequeñas como Illescas, San Pedro del Pinatar (a 91 km de Murcia), Albacete o Mérida. A día de hoy todavía está pendiente el concierto de Tarragona previsto para julio de 2025. Y, por supuesto, ni nadie ha visto el especial de TVE en el que se iban a mostrar 'los encantos y bondades de nuestra tierra'.

Una gira que ha estado envuelta en continuas polémicas por cancelaciones, suspensiones o la denuncia del promotor local del concierto de Valladolid por las pérdidas económicas, asuntos que tuvieron amplio eco en todos los medios de comunicación nacionales. Informaciones retransmitidas a diario en programas de televisión por ser Isabel Pantoja una artista muy mediática que no han favorecido en nada a la imagen de nuestra isla y a la marca Gran Canaria.

Una de las claves principales de este fallido patrocinio a dedo fue que el consejero Teodoro Sosa estableció el precio del contrato conforme al estudio económico aportado por la propia empresa, que de manera unilateral cuantificó la repercusión mediática, el retorno publicitario de toda la gira, en 1.357.522 euros.

Y esto ya es muy llamativo porque, ¿quién y bajo qué criterios técnicos decidió dar por buena esta importante cifra propuesta por la propia promotora de la gira?

En apariencia, el Cabildo hacía un buen negocio, pues abonaba 160.500 euros y el retorno publicitario -si la gira se hubiese realizado en las capitales inicialmente previstas, sin cancelaciones ni suspensiones- alcanzaría los 1,3 millones de euros, por lo que apenas se pagaría un 11% del retorno total.

Pero realidad es que nada de esto se ha cumplido, todo fue una gran vendida de moto.

El consejero Teodoro Sosa lleva más de un año defendiendo lo indefendible, pues no se han cumplido las cláusulas que establecía el acuerdo, y es más que evidente que el binomio Isabel Pantoja- La Isla de mi vida (eslogan elegido para la promoción de Gran Canaria) ha sido un rotundo fracaso. Ni promoción de la cultura, ni estímulo económico-turístico ni generación de empleo ni exposición internacional se han conseguido con este chapucero contrato.

Para más inri, el responsable de este patrocinio no es un técnico de la casa (que sería lo lógico), sino un cargo de confianza sin conocimientos en la materia, el señor Marino Aldúan, director del Gabinete del presidente Antonio Morales. Un alto cargo político (que no sé si está con Morales o con Román) no puede ser el máximo responsable del cumplimiento de un contrato que no hay por dónde cogerlo.

El gobierno insular ha intentado por todos los medios dificultar nuestra labor de fiscalización y pasar de puntillas sobre el asunto tanto en Comisión como en Pleno. Tuvimos que acudir a la Comisionada de Transparencia de Canarias para poder conocer el expediente completo (a sabiendas de que teníamos derecho) con el único objetivo de dilatar lo más posible el acceso del Grupo Popular a toda la documentación.

A nuestras preguntas nos llegaron a contestar incluso que este contrato no es un todo, que se divide en partes, y que los tres pagos previstos por la prestación del servicio se podrían abonar independiente de que se cumplan o no todas las cláusulas del contrato. Y todo para poder justificar el único pago materializado hasta ahora, 53.500 euros por dos conciertos (Gran Canaria y Sevilla) que fueron abonados por el Cabildo en febrero de 2024 después de que el señor Alduán, con un escrito de apenas tres líneas diera por buena la memoria presentada por la promotora y ordenara el pago entendiendo que el acuerdo firmado se había cumplido con satisfacción.

Resulta asombroso que, antes de ordenar el pago, ningún técnico de esta casa supervisara y comprobara si la documentación aportada por el patrocinado era cierta, pues nos consta que en los primeros conciertos ni siquiera apareció el logo de 'La isla de mi vida' en las entradas, en la cartelería o en la publicidad de los conciertos, tal y como contemplaba el contrato.

Y peor aún: a día de hoy no existe en el Cabildo de Gran Canaria ningún informe jurídico que aclare si este contrato de patrocinio se cumplió a rajatabla. Y también llama poderosamente la atención que ningún técnico del área de Turismo realizara una valoración sobre el retorno previsto y la conveniencia de elegir a Isabel Pantoja, una persona condenada por la justicia por graves delitos, como imagen para la promoción de la Isla.

A pesar de todo este escándalo, Teodoro Sosa, llegó a afirmar en una radio local que si por él fuera empadronaría a Isabel Pantoja en Gáldar, una decisión que no sé si compartirían también sus vecinos.

Gran Canaria tiene la suerte de contar con artistas como Quevedo, o deportistas como Santi Aldama, que sin ningún contrato de patrocinio de por medio presumen y promocionan nuestra Isla con enorme éxito y repercusión. Y de manera gratuita.

Además, el señor Sosa nos mintió en la Comisión de julio 2024 al afirmar que el servicio de Presidencia le había retenido el pago de la segunda factura a la promotora, cuando la realidad es que el patrocinado nunca presentó ni la segunda ni la tercera factura. Luego nos enteramos que en agosto de 2024 comunicó al Cabildo que no iba a presentar las dos facturas pendientes para cobrar el importe total de los 160.500 euros.

En medio de este enorme enredo, en noviembre de 2024 se publica que la artista había decidido cambiar de productora y dejar en el aire los conciertos. Se trata de un hecho de enorme relevancia porque ya EC Enterteinment Group no tiene la exclusiva de esta 'Gira 50 años' y, por tanto, se incumplen las cláusulas del contrato y habría que resolverlo y comprobar si el Cabildo tiene derecho a que le devuelva el importe pagado de 53.500€, más los daños y perjuicios ocasionados a la imagen de Gran Canaria al patrocinar a una artista que no es de aquí y que llena páginas en revistas y espacios televisivos por los escándalos que salpican su vida privada.

Por último, cabe preguntarse por qué Teodoro Sosa, un año después de abonar los 53.500 euros de la primera factura conforme a la memoria aportada por el patrocinado sobre el retorno de los dos primeros conciertos celebrados en Gran Canaria y Sevilla, encarga de manera verbal un estudio a una empresa que tiene contratada el Cabildo para otros menesteres con el fin de volver a cuantificar el retorno publicitario obtenido.

Podríamos suponer que esta empresa recibe un encargo ad hoc para que el consejero se pueda cubrir las espaldas e intentar justificar la 'maravillosa' publicidad de Gran Canaria obtenida por este Cabildo, pero chirría que para cuantificar el retorno utilice los mismos datos aportados por la promotora un año antes.

En cualquier caso, este informe que se sacó de la manga el señor Sosa, y que cifra el retorno de los dos conciertos en 170.000 euros, 34.000 euros menos que el impacto calculado por la propia empresa adjudicataria, no tuvo trascendencia alguna pues la factura ya se había abonado sin ningún problema un año atrás.

En definitiva, las sombras y los visos de irregularidad de este patrocinio son innumerables, por lo que vamos a seguir encima de este expediente hasta que se firme una última resolución que ponga fin a esta chapuza de contrato. Y por mucho que el señor Sosa diga que no le vamos a marcar el paso desde la oposición, seguiremos denunciando todos los escándalos de este gobierno a costa de despilfarrar los recursos públicos.

No sería extraño que este 'Pantojagate' termine como otra subvención de 177.802 euros concedida a dedo en junio de 2020 a la Iglesia Evangelista, que casi cinco años después, tras la resolución firmada el pasado 7 de marzo para exigir el reintegro total de la misma, tendrá que devolver 205.558 euros al Cabildo de Gran Canaria, a todos los grancanarios.

Si comparamos esta subvención con el patrocinio de la tonadillera, es muy posible que acabe este mandato y el señor Sosa siga presumiendo de Isabel Pantoja y de no defender la pulcritud de los expedientes y los patrocinios a dedo. Por no hablar de las subvenciones nominativas que tanto le gusta conceder, y más ahora que está auspiciando una nueva operación política para aspirar a ser candidato al Cabildo de Gran Canaria y necesitará de multiplicar el clientelismo con el uso de recursos públicos, cuando lo honesto y coherente sería dimitir y dejar el cargo que consiguió como número dos de la lista de un partido político del que ahora reniega. Menos mal que en política, por mucho que uno se crea marinero de luces, el tiempo coloca a cada uno en su sitio.