La operación con nombre de cocina

Una operación con nombre de cocina tiene al Partido Popular de los nervios. No es para menos. Aunque es verdad que los populares llevan viviendo en el alambre demasiado tiempo, de manera que supongo que se levantan cada mañana temerosos de ver en la prensa las novedades sobre lo que sucedió cuando gobernaban, ya fuera en comunidades autónomas o en el propio Gobierno central.

A tenor de lo que aparece en la instrucción judicial, la operación Kitchen supuso poner el Estado al servicio del interés de un partido político concreto. Y no precisamente para una acción benévola. Lo que se buscaba era saber qué información tenía Luis Bárcenas y, en la medida de lo posible, cortocircuitar el flujo de noticias molestas y destruir pruebas que pudieran poner en un brete al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

No hablamos de un tema menor, por muy chapucera que fuera la operación. Y no parece que fuese un comportamiento excepcional. Conviene recordar que bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior también se creó una llamada 'policía patriótica' que confundía nuevamente las siglas del partido con los deberes del Estado.

En Kitchen se dispuso de fondos reservados para convencer al chófer de la familia Bárcenas, luego reconvertido en policía nacional. O sea, que el dinero que se habilita, entre otros fines, para conseguir soplos en la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo se distrajo en una operación de intento de blindaje del Partido Popular.

¿Merece el asunto una comisión de investigación parlamentaria? Habida cuenta que el caso está judicializado, y habida cuenta la pésima experiencia de ese tipo de comisiones en el Congreso, me incluyo entre los que piensa que estamos ante un circo que no tendrá efecto real alguno. Sobre todo porque quienes comparezcan y sean sabedores de que pueden ser llamados en sede judicial, se preocuparán más por esta segunda que por la primera. ¿Servirá al menos para que no vuelvan a repetirse acontecimientos como los que presuntamente llevaron a la operación Kitchen? Ojalá fuese ese el resultado, pero en realidad se trata tan solo de cumplir la ley. Y la ley no permite poner el aparato del Estado al servicio de unas siglas políticas, incluso si esas son las de quien Gobierno. Y tampoco vale si es para proteger a quien preside el Ejecutivo.

Acabo: todo lo anterior vale igual para todos los partidos. Incluido Podemos y su financiación, si es que ese caso llega a algún sitio.