Protección y uso del océano

La propia dimensión del espacio, la limitación y dificultad de su conocimiento, unido a la complejidad de los medios necesarios para la aproximación eficiente a su realidad, tienen como consecuencia permanente una asimetría en el origen de las reflexiones y propuestas de acciones, que añaden mayor dificultad al proceso de la toma de decisiones a todos los niveles y a la posibilidad de alineamiento y convergencia hacia consensos aceptados y funcionales de carácter amplio.

Usaremos como ejemplo de esta reflexión la aproximación noruega (a partir de las últimas noticias producidas desde este país):

A finales de agosto la ministra de Pesca y Marina Marianne Sivertsen presentó «El plan industrial destinado a promover el desarrollo sostenible y garantizar una mejor coexistencia entre las distintas industrias marítimas en aguas noruegas» dirigido tanto a las actividades existentes como a las emergentes, con la condición de su sostenibilidad.

Se transcriben los diez principios generales en que se basa el Plan presentado, por lo que tienen de reflexión genérica, organizada y como planteamiento justificativo en un país socialmente muy 'marino':

-Facilitar el uso eficiente de las áreas marinas: Las áreas marinas deben utilizarse para maximizar el beneficio social, fomentando el uso múltiple del espacio y asegurando que no se asigne más área de la necesaria.

-Considerar la naturaleza marina: Los impactos ambientales del uso del área marina deben evaluarse, teniendo en cuenta la carga acumulativa sobre las especies y los ecosistemas marinos.

-Tener en cuenta la pesca: Al planificar nuevas actividades marítimas se deben tener en cuenta áreas importantes de desove, crianza y migración, así como zonas de pesca clave.

-Apoyar las industrias marítimas en todas las áreas marinas: Al considerar nuevas áreas para uso industrial, no se excluye ninguna región marina desde el principio, y se evalúan áreas potenciales en el Mar del Norte, el Mar de Noruega y el Mar de Barents.

-Basar las decisiones en conocimientos amplios y actualizados: Las decisiones sobre el uso de áreas marinas deben basarse en conocimientos actualizados sobre los ecosistemas marinos y los beneficios socioeconómicos de las actividades propuestas.

-Garantizar la resolución temprana de posibles conflictos en el área: Las autoridades pertinentes deben participar en las primeras etapas del proceso de toma de decisiones para identificar y abordar posibles conflictos sobre el uso del área marina.

-Involucrar a los intereses afectados en los procesos estatales: Las autoridades deben garantizar que todas las partes interesadas relevantes participen de manera transparente, coordinada y predecible.

-Promover la transición verde: El uso del área marina debe fomentar el desarrollo tecnológico y la transición verde, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la captura de carbono o la producción de energía renovable.

-Garantizar la recopilación y el intercambio de datos: Las empresas a las que se otorgan derechos sobre áreas marinas pueden estar obligadas a recopilar y compartir datos pertinentes, garantizando al mismo tiempo la seguridad nacional, la confidencialidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

-Considerar la coexistencia durante todo el ciclo de vida: La coexistencia con otras industrias y el mínimo impacto negativo en la naturaleza marina deben mantenerse durante todo el ciclo de vida de cualquier actividad. Una vez concluidas las actividades, las áreas deben restaurarse a su estado original tanto como sea posible.

La lectura del conjunto de los diez principios muestra claramente una posición nítida respecto del uso del océano, enfocado al máximo beneficio social y con el mínimo impacto negativo a la naturaleza marina durante la vida completa de las actividades, con una restauración al estado original a su finalización (tanto como sea posible).

Esta forma de entender la orientación de la actividad nacional concita evidentes discrepancias puntuales y coyunturales, pero sobre un amplio consenso nacional derivado de la riqueza obtenida repartida y gestionada al futuro (resultado de la administración de la producción de los combustibles fósiles en su ZEE), que ha hecho de Noruega uno de los países más ricos del mundo, dando a sus ciudadanos uno de los estándares de vida de mayor nivel internacional.

El impacto ambiental directo de la explotación offshore de oil&gas, se ha valorado más negativamente por la aportación a las emisiones de GEI (consecuencia de la producción en los lugares de uso de los combustibles generados) que por la propia explotación, dando soporte a una posición de Noruega en el ámbito internacional entre los países que tratan de liderar una economía sostenible del océano.

Noruega es fundadora y copreside el autodefinido Panel de Alto Nivel integrado por diecinueve países, que representan a más del 45% de las costas del océano mundial y de la correspondiente superficie de sus ZEE.

El histórico de éxito social y los recursos disponibles en Noruega (fruto de un estricto control nacional), les ha permitido, por ejemplo, autorizar en enero pasado la apertura de zonas en su ZEE para explorar el lecho marino con fines de explotación minera, iniciando la recogida de información sobre la cantidad de recursos metálicos disponibles y sobre los daños que podría causar la actividad minera a gran escala en el ecosistema marino general de su entorno.

Este ejemplo noruego es una referencia para tener en cuenta a la hora de hacer un enfoque nacional sobre el aprovechamiento y conservación del medio marino, que se trata en definitiva de un recurso y compromiso público nacional.

Como primera consideración se ha de valorar que el resultado de la explotación del recurso (con independencia de quién lo hiciera), ha repercutido directamente sobre la sociedad nacional noruega actual y futura (a través del Fondo Nacional Noruego).

La percepción directa del beneficio social por parte de los ciudadanos establece la base eficiente sobre la que fijar los alcances de conservación de las distintas posturas, asimismo, permite el establecimiento de requisitos importantes de conservación, que es posible sean seguidos y estudiados por la disponibilidad de recursos necesarios para hacerlo al nivel conveniente en cada caso.

Salvando todas las distancias, el modelo y la aproximación noruega son dignos de ser tenidos en cuenta cuando se trata de repartir aprovechamientos de recursos públicos comunes y de soportar y garantizar la conservación medioambiental, tanto en la repercusión directa como en el impacto global que corresponda.