Marruecos: ni Sánchez ni Torres son el Estado

Sin que mediase un aviso previo, ni siquiera una llamada a los principales partidos o a las comunidades autónomas directamente vinculadas por su cercanía con Marruecos y concretamente con el Sáhara Occidental, Pedro Sánchez dio un giro de 180 grados a la política española respecto a la excolonia. El discurso de una neutralidad compatible con la amistad con Marruecos, Argelia y los saharauis partidarios de la independencia -con el Frente Polisario como representante-, quedó roto de repente al apostar por la fórmula planteada hace años por Rabat: una autonomía para el Sáhara, pero siempre bajo soberanía marroquí.

No son solo palabras; son hechos de gran alcance y que se producen con nocturnidad y alevosía. En esta materia, Sánchez ha creído que las políticas de Estado son patrimonio suyo y de su ministro de Asuntos Exteriores, pues es evidente que el asunto ni siquiera se debatió en el Consejo de Ministros. La reacción de los representantes de Podemos en el Gobierno refleja claramente que estamos ante una decisión exclusiva del presidente y su entorno, que tampoco llamó al principal partido de la oposición -PP- para conocer su posición. De igual manera, no consta que elevase consultas a Argelia, que ayer ya demostró su malestar llamando a su embajador. La decisión se toma, además, en el peor momento posible: con Europa inmersa en un conflicto bélico y con una crisis energética que se agrava precisamente por esa guerra. Razón de más para no mover el avispero gasístico que es el norte de África, con Argelia como país suministrador a España.

En clave canaria, sobran las razones para el malestar y la preocupación. No es suficiente con que el ministro Albares llamase al presidente Ángel Víctor Torres unos minutos antes de comparecer en la tarde de ayer, pues para entonces la decisión estaba más que tomada. El archipiélago, como región más próxima al Sáhara Occidental y con unos lazos históricos, comerciales e incluso emocionales con la excolonia y sus habitantes, queda expuesta a una situación de incertidumbre. Si el Frente Polisario redobla las acciones militares, nos encontraremos con una guerra sin cuartel a menos de cien kilómetros de distancia. Y también el Gobierno de Sánchez debe otra explicación a los canarios, pues cuando el ministro Albares señaló que con este reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara se pone fin a las reivindicaciones territoriales de manera unilateral sobre las zonas limítrofes, cabe interpretar que la españolidad de Canarias también ha estado en peligro. Justo lo que el propio Ejecutivo socialista había negado hasta ayer mismo.

Canarias sabe de la importancia de una relación armónica con Marruecos y ahí está el asunto migratorio como ejemplo palmario. Pero el archipiélago atesora una larga experiencia en unas relaciones donde Rabat ha ido ganando terreno y negocio gracias a las presiones a Madrid y también a Europa. Lo pueden corroborar los empresarios y trabajadores del sector del tomate, que se encontraron con una feroz competencia en precios desde Marruecos; lo puede atestiguar la cada vez más escasa industria pesquera, que ha visto cómo los acuerdos entre Rabat y Bruselas han obligado a incrementar las descargas en puertos marroquíes; y también ha sido testigo de ello toda Canarias con el empeño de Marruecos de eternizar la indefinición de la mediana, a sabiendas de que los fondos marinos atesoran seguramente yacimientos petrolíferos y un potencial minero todavía por concretar. Por todo ello, cabía esperar del presidente Torres mucho mas que la simple recepción de esa llamada tardía de Albares. En este asunto, Torres parece no tener claro que los intereses de Canarias están por encima de la obediencia al partido.

Las explicaciones deben llegar de manera urgente al Congreso. Sánchez no puede seguir tomando decisiones de Estado sin sus aliados en el Gobierno, sin la mayoría parlamentaria que lo sustenta, sin contar con las autonomías y generando problemas con otros países. Contentar a Marruecos a base de hurtar la toma de decisiones a su propio país no es la mejor receta democrática.