A propósito del pacto
El artículo 20 de la Constitución española reconoce a la ciudadanía el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la ... palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» así como a la «producción y creación literaria, artística, científica y técnica». Esto incluye a las asociaciones profesionales o ciudadanas, plataformas, etc. Otra cuestión es sobre qué se pronuncia cada cual. Por ejemplo, la opinión de un particular sobre un tema, pongamos, científico, no deja de ser más que eso: una opinión. Mientras que, si se pronuncia una persona experta avalada por evidencias contrastadas, se tendrá por una opinión fundamentada y digna de tomar en consideración.
Esto viene al caso por la evidente avalancha de pronunciamientos que sufrimos estos días a propósito del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Unos partidos con representación política legítima ponen en común sus pretensiones para los próximos cuatro años. Partidos, además, que abarcan desde la izquierda «radical» (si es que tal unicornio existe) al conservadurismo nacionalista. Los acuerdos, obvio es decirlo, serán de mínimos, pero lo cierto es que hay un pacto que representa, en votos, a una mayoría de españoles y españolas.
En este contexto es inverosímil que asociaciones profesionales, ya sean de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como judiciales o del mundo de la cultura, manifiesten su acuerdo o desacuerdo. Que el juez Pepito o la agente Juanita expresen a título personal su opinión carece de interés general, más allá de los familiares y amigos de esos individuos. Pero que la asociación X o la plataforma Y lo hagan, asumiendo que ellos representan a la soberanía nacional, no deja de ser un intento de manipulación patética.
El PP sí está legitimado para hacerlo, porque su vocación es representar esa soberanía, y hoy llama a salir a la calle en contra de ese pacto. Nada se puede objetar, salvo que las elecciones ya se celebraron y dieron los resultados que ahora se expresan en una mayoría absoluta parlamentaria, por mucho que Cuca Gamarra se líe con los números.
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