Tasa verde, estafa madura

Hay tasas e impuestos que en su opacidad, son más transparentes. Me refiero a los tributos clasificados 'porque me lo llevo crudo y ni me molesto en dar explicaciones'. Un claro ejemplo son los impuestos medioambientales. Los principales son el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que grava los vehículos de motor; el Impuesto sobre el Dióxido de Carbono (CO2), que grava las emisiones de CO2 de los vehículos de motor; la tasa sobre la Electricidad, que grava el consumo de electricidad, el tributo sobre la Contaminación Atmosférica, que grava las emisiones de contaminantes atmosféricos; y el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, que grava las descargas de contaminantes en las aguas.

El principal problema de estos impuestos verdes es que su única finalidad es la recaudatoria. No modifican las conductas medioambientales de los ciudadanos, aunque suponen un enorme lastre para el tejido empresarial que pierde competitividad. Mientras España continúa perdiendo cuota de mercado en sus exportaciones y aumenta su dependencia energética, los países más contaminantes del mundo se parten de risa ante la 'eco resiliencia' impuesta por la Agenda 2030.

La estafa verde está perfectamente estructurada desde Bruselas. El mercado de derechos de emisión de la UE es una herramienta que regula las emisiones de las compañías aéreas desde el año 2005. Como el negocio les parecía pequeño, lo extendieron hacia otro tipo de instalaciones de elevado consumo energético como las plantas industriales o las centrales eléctricas. Las compañías aéreas deben comprar un permiso de emisión por cada tonelada de CO2 que arrojan a la atmósfera. Este lucrativo mercado de aire funciona a un promedio 2023 de 50 euros por tonelada, regulándose por un complejo sistema de subastas.

Para tener clara la envergadura del problema y del negocio de algunos, es necesario ponerle cifras al asunto. El Estado ha ingresado, según el Instituto Nacional de Estadística, 294.000 millones de euros desde 2008 hasta el ejercicio 2022. Las empresas pagan 136.000 millones y los hogares aportan el resto.

En Canarias, la tasa verde es un problema añadido al coste de la insularidad y la dependencia que tenemos con el sector turístico. Hasta el momento, el archipiélago había estado exento por su condición de región ultraperiférica pero a partir de ahora esta prerrogativa se limita a los trayectos entre islas y la península. Todos aquellos provenientes del resto de Estados Miembros de la UE comenzarán a tributar, para paliar la emergencia climática.

El presidente Clavijo considera que es un problema de primer orden y acaba de anunciar en el Parlamento de Canarias que la UE promete revisar en 2026 las repercusiones que la directiva de comercio nos va a aplicar dentro de poco más de un mes. O sea, que nos vamos a comer la tasa si o si. El presidente insiste en que esto va a ocasionar un daño al archipiélago pero agrega que ese quebranto podría ser compensado con la recaudación extraordinaria que efectúe a partir de ahora el Gobierno nacional, que podría estar entre los 5.000 y 6.000 millones de euros. Vamos, que nuestra fiesta ecológica la pague otro.

Casi todos los gobiernos del mundo son sumisos a las órdenes del Foro Económico Mundial (WEF), multiplicando sus mentiras a todos los niveles. Nos aterrorizan con la crisis climática y ahora aprovechan para empobrecernos cargando impuestos al CO2. Un terrible golpe a un sector tan estratégico como es el turismo para Canarias. Más pobreza para todos, para forzarnos a aceptar la renta básica en moneda digital o la eterna sumisión mediante el sistema de crédito social.

Pero esto no es lo que sucede últimamente en el ámbito de la investigación climática. La falsedad del consenso científico sobre la repercusión de los humanos en el cambio climático y sus consecuencias catastróficas es ya evidente. Cada vez son más, las valientes voces disidentes. En el foro científico Quantum Korea 2023 celebrado el pasado julio, eminentes científicos apostaron por la controversia y por el debate. La buena ciencia se basa en buenos experimentos y las buenas observaciones anulan las teorías especulativas. Por eso los buenos científicos repiten cuidadosamente los experimentos de los demás.

Son más de 1.500 especialistas y científicos, de gran nivel como el Premio Nobel de Física de 2022 John Clauser o Richard Lindzen profesor en Harvard y catedrático emérito de Física Atmosférica del MIT durante 30 años, quienes afirman categóricamente: «La supuesta crisis climática no es una cuestión científica, a pesar de los inmensos intentos de invocar la autoridad de la ciencia, sino una cuestión política».

En España, una de las personas más valientes en esta línea disidente es el economista Fernando del Pino Calvo-Sotelo, autor de inmejorables y documentados artículos. Nos lo deja claro: «el cambio climático es sólo un pretexto para un golpe de Estado en toda regla perpetrado por un pequeño grupo de megalómanos que pretenden transformar el modelo de sociedad basado en la libertad, el crecimiento poblacional y el progreso económico en una claustrofóbica tiranía caracterizada por el empobrecimiento masivo y la reducción coercitiva de la población».

Como aquí no tenemos a Milei, cada nuevo Gobierno que aterriza en España amplía sus ministerios para plegarse a los deseos de la Agenda 2030, destinando cuantiosos presupuestos para sus objetivos: Ministerio de Igualdad, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Transformación Digital, Derechos Sociales y Consumo... y ahora, por primera vez, Infancia y Juventud. Miedo me da. La experiencia demuestra que destrozan, denigran y violentan todo lo que pretenden defender. En estos últimos años lo han demostrado hasta la saciedad. Esto esta tan claro, como que esto de las tasas verdes, es una de sus más grandes estafas.