Editorial

Los riesgos del ‘brexit’ en Canarias

17/03/2019

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sigue envuelta en las incógnitas que derivan de la evidencia de que ni el Gobierno de Theresa May ni el Parlamento británico tienen claro qué hacer, como tampoco con qué apoyos legislativos en la cámara legislativa. Mientras, la Comisión Europea se aferra a no reabrir una negociación que tanto costó cerrar. Así, esas dos posiciones hacen que pasen los días sin avance alguno y que se extienda el temor al llamado brexit duro, esto es, una salida abrupta acompañada de un retorno de fronteras con un coste político y económico altísimo.

Los riesgos para España son igualmente elevados. La condición de destino turístico de referencia para los británicos, el peso de las relaciones comerciales entre los dos países y la presencia relevante de compañías españolas en el mercado británico obligan a activar las alarmas ante las consecuencias para nuestra economía.

La definición del ‘brexit’ coincide con España con la vorágine de las elecciones

Frente a eso, la definición del brexit coincide en España con la vorágine electoral de dos procesos electorales simultáneos. Y, por si fuera poco, con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, a punto de hacer las maletas para irse como candidato socialista al Parlamento Europeo. El Gobierno de Pedro Sánchez debe activar los mecanismos para seguir al detalle la definición del brexit y contar con planes alternativos ante cualquier cambio: desde la salida sin acuerdo a una renegociación que pueda perjudicar precisamente a los países con mayores relaciones con el Reino Unido.

Lo ocurrido esta semana con el sector tomatero canario, que descubrió cómo en Madrid nadie había tenido en cuenta las incidencias del brexit para las exportaciones hortofrutícolas, es el ejemplo perfecto de lo que no debe suceder. Solo se explica porque las prioridades en Madrid están en las urnas pero eso desde luego no sirve como excusa.

El equipo del consejero de Economía del Gobierno canario, Pedro Ortega, ha actuado con rapidez de reflejos desde que los británicos tomaron la decisión del brexit con celeridad a la hora de advertir a Madrid de los peligros de ese proceso, reclamando al Ejecutivo central información en tiempo y forma. Pero el margen de reacción de Canarias es limitado, de manera que es la administración central quien debe estar vigilante y contar con los gobiernos regionales y los agentes económicos de las autonomías.

Porque si los británicos tomaron una decisión errónea -legítima y respetable pero, como se ve ahora, sin medir sus consecuencias-, lo que no sería de recibo es que Europa y, sobre todo, Madrid no estén preparados y no defiendan los intereses de sus ciudadanos.