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La operación sólo es rentable si se financia a cuatro años o más. El usufructo del Estado tiene unos costes, y los beneficios se ingresan después de amortizar los gastos. Por eso, los tres meses de pachanga abocan a unas nuevas elecciones. Ahora o después. Es secundario el riesgo de que el PSOE obtenga rentas proporcionales al daño que cobra en sus rivales. Tampoco es novedoso el objetivo. La operación financiera iniciada con la moción de censura la explica el capital dominante en todas sus declaraciones recientes. Mejor elecciones que un gobierno izquierdista. Entiéndase por reciente todo lo que ha pasado en España desde el 15-M.

Esa obediencia de Pedro Sánchez viene incluida de serie en la cuota. España necesita un perfil de progresista obediente que se había distraído en aquel escenario de coletas y pancartas. La fallida investidura de julio retrató los dos rostros que se presumen de izquierda, puso el espejo para diferenciarlos. La simulación negociadora sirvió de contribución barata a la industria del entretenimiento. Con la ventaja obtenida en la feria, el obediente confía en fortalecerse. El retardo convierte la sentencia contra los separatistas catalanes en prólogo de campaña, evitando riesgos al (imposible) gobierno entrante. Con otro decorado más pálido de pactos y componendas en el escenario, se podrán armar otras alianzas. No tanto con rebajas al radicalismo irredento, sino por acercarse a las exigencias del avalista. Algo que reúna voces tanto en Cataluña como en la meseta. Menos arcoíris y más brocha. La palabra del Tribunal Supremo bastará para los cachorros de la nueva España, y ya verán cómo triunfa la moderación que reclaman los que reclaman moderación. El ritual de las urnas no paga los préstamos. Este no es país para desobedientes.

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