La vejez de un canario y la triple paridad
Canarias envejece a pasos agigantados. Estamos ante un grave problema económico y social que requiere soluciones serias, honestas e imaginativas para paliar el envejecimiento y para la atención social de uno de los colectivos más importantes y más débiles a largo plazo. El pasado viernes la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, presentó la estrategia Compromisos, con la que el Gobierno de Canarias quiere mejorar la atención de los mayores, una de las vertientes importantes del problema, la otra, la económica, está por llegar incluso para los países más desarrollados en Europa.
El análisis estadístico y prospectivo del Gobierno solo puede conducir a un ambicioso plan para la atención de los mayores de 65 años. Canarias cuenta en este momento con 326.487 personas mayores de 65 años, y según las previsiones en 2032 seremos 523.509, es decir un 60% más. Grave. El 25% de la población canaria estará 15 años por encima de los 65 años, habrá envejecido, se jubilará y necesitará todo tipo de atenciones sanitarias y sociales. Canarias no ha sido una comunidad puntera en la atención social, especialmente en la de los mayores. Cualquier familia con ancianos a su cargo se debe someter a largas listas de espera para recibir atención completa, una plaza, en centros públicos. La situación se agrava mucho si los ancianos son dependientes. Según el último estudio sobre recursos sociosanitarios, la cobertura de los servicios para mayores está muy por debajo de la demanda. Como media solo se atiende a dos ancianos de cada diez de los que precisan ayuda. Según este informe, Canarias posee sólo el 50% de la demanda de plazas en residencias, y la mayor parte de ellas pertenecen al sector privado y a la Iglesia.
Plantearse ampliar la red de atención a los ancianos debe ser un objetivo prioritario del Gobierno, en coordinación con cabildos y ayuntamientos, y hacerlo en varios frentes, comenzando por paliar las situaciones más lastimeras, como la de la dependencia, aumentando los recursos públicos para que la familia, con ayuda externa, pueda atender a un anciano en su entorno. Así lo ha entendido el Gobierno, que se «compromete» a aumentar las partidas para la dependencia y a fortalecer la red de centros residenciales y de día para mayores.
Es difícil discutir estas prioridades y líneas de trabajo ante un problema que no se ha atendido con diligencia y que crecerá exponencialmente con el paso del tiempo. Donde vuelve a equivocarse el Gobierno, en este caso la consejera Cristina Valido, es en el análisis de las necesidades y las prioridades. Una vez más, y como viene siendo habitual, se impone una enmascarada triple paridad para repartir los fondos que son de todos los canarios, los del Gobierno. Cristina Valido propone gastar en la reforma y construcción de residencias para mayores, unos trescientos millones de euros en tres anualidades repartidas anualmente al 50% para las islas menores y el otro cincuenta a las dos islas mayores. Esto es, aproximadamente, diez millones anuales para las cinco islas menores y cincuenta millones para Gran Canaria y Tenerife, a los que habría que añadir lo que pongan los dos cabildos que se pretende sea la otra mitad del plan.
La cuestión parece inocente, pero no lo es tanto si nos adentramos en datos concretos. Por ejemplo, La Gomera, con 21.952 habitantes recibirá de este plan 455 euros por habitante. Si concretamos un poco más, es decir, si nos centramos en la población a la que van dirigidos estos recursos, a los mayores de 65 años, la isla de Casimiro Curbelo, según los propios datos del Gobierno, cuenta con 5.390 ancianos, el 21% de su población, que recibirá para este plan un total de 1.855 euros por anciano. Si contabilizamos con el mismo mecanismo de cálculo en El Hierro cada anciano contará con 3.810 euros de este plan, mientras islas como Gran Canaria, con 125.756 personas mayores de 65 años, sólo recibirá 318 euros para su atención. Más grave es en Tenerife que con 133.489 mayores de 65 años, recibirá 299 euros por anciano para desarrollar sus planes.
Una vez más se repite el mismo mecanismo de reparto, el más próximo a la triple paridad, una tremenda injusticia, concretada en el reparto del dinero público y que tiene como único objetivo mantener un sistema de supervivencia política bastante clientelar. La cuestión nuclear es si para algunas islas es excesivo el desembolso, en algunos casos inasumible, y para otras, como las dos capitalinas es, claramente, insuficiente. El reparto del dinero público, el de todos los canarios, no puede estar sujeto a estos criterios. La valoración de la situación social de una isla no puede estar sujeta al valor del voto, o en este caso, al sacrificio a favor de un sistema de compensaciones políticas en función de la representación en el Parlamento. Y el problema no es solo de quien plantea el reparto, sino también de de quien lo acepta con toda normalidad, los cabildos más afectados, como el de Gran Canaria o Tenerife, que piensan que más vale pájaro en mano que ciento volando, pero que no podrán hacer frente adecuadamente a la demanda asistencial si además no aportan recursos propios.
Hay islas que tienen más necesidades que otras, en las que se concentran mayores bolsas de pobreza o dependientes a los que hay que atender con equidad, con justicia. La ecuación voto-dinero debe desterrarse de la política, especialmente de las políticas sociales en la que siempre debe imperar el criterio de más protección para el que menos tiene. Según el criterio del la Consejería de Cristina Valido, como el voto de un herreño vale cuarenta mil veces más que el de un grancanario o que el de un tinerfeño, los recursos públicos que hay que destinar a ese ciudadano también deben tener más valor. No es un criterio que pueda sostener ningún gobierno, ni nadie con un poco de inteligencia, con identidad democrática y con vocación de defensa de la equidad y la justicia. Solo es sostenible por quien algo tiene que ganar, más allá del interés general.
