Tortuosas obras públicas

En el caso de las obras públicas, la incertidumbre se agudiza de modo muy frecuente. En Arrecife aún están por rematar aspectos de la remodelación de Canalejas, iniciada a comienzos de 2023 con el otoño como periodo de remate, a lo sumo. En Gran Canaria al fin entran estos días en servicio los túneles de Faneque, con dos años de retraso. Y si nos ponemos a valorar, de seguro que sacamos decenas de actuaciones por Canarias con plazos incumplidos, con los consiguientes perjuicios para cualquier hijo de vecino.

Cuando los sufridos administrados hemos pedido explicaciones, rara vez han resultado satisfactorias, cuando se han dado. Por ende, el mero hecho de plantearse medidas para compensar parcialmente a los perjudicados es muy de considerar. Y aquí me detengo en el anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre la modificación del IBI, a bien de compensar a residentes y empresarios afectados por las obras públicas, siempre y cuando no sea demasiado farragosa y restrictiva la letra pequeña. Si se cumple la previsión, se aplicará en 2025 y durante los años sucesivos.

Si se hace con consenso e impregnada de buena fe administrativa, esta ordenanza puede servir para mucho. De un lado, para demostrar que no siempre las instituciones públicas son elefantes inamovibles. Además, para evidenciar que los ciudadanos somos más que números estadísticos. Y, sobre todo, puede ser un buen modelo para los 87 municipios restantes en las islas.