Vox en las islas

A pesar de la enorme inestabilidad política, nunca pudieron imaginar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que la abstención de Vox salvaría al Gobierno de coalición de izquierdas de una crisis. Es lo que ha ocurrido esta semana a cuenta de la convalidación del decreto ley del manejo de los fondos comunitarios. Un salvavidas por inacción que, a buen seguro, ya en Vox estarán arrepentidos de haberlo brindado mientras el PP aprovecha este inesperado roto en el bloque ideológico de su bancada. La realidad es que la ultraderecha en España es la tercera fuerza en la Cámara: 52 diputados. Y las encuestas apuntan que se mantiene o incluso sube. Los días de Ciudadanos estarían contados, máxime tras el 14F, y la derecha sería cosa de dos siglas. Cuando irrumpen las recesiones económicas y se cuestionan los cimientos del sistema capitalista, surge la extrema derecha como antídoto fomentado por una burguesía asustada que lo acepta como mal menor. Es lo que sucedió tras el crac de 1929 y la aparición del nazismo y fascismo. Y lo que se aviva ahora al calor del declive de la Segunda Restauración borbónica. Santiago Abascal y Matteo Salvini personifican los 'trumpismos' del sur de Europa.

Este fenómeno aún no ha entrado en los órganos de representación e instituciones de gobierno en Canarias. Pero va camino de ello. Que el 10N Vox cosechase 2 escaños, uno por cada provincia, los que arrebató a Ciudadanos que había logrado el 28A, es el síntoma de que la ultraderecha está a un paso de asomarse a la primera línea de la política en las islas. Es cuestión de tiempo. Y el caldo de cultivo social (ese cóctel en el que se mezcla desempleo, 'cero turístico', pobreza e inmigración irregular) se desata al alimón del estropicio que ha provocado la Delegación del Gobierno.

Antes de que culmine 2021 el Parlamento canario debe ejecutar la reforma de la normativa electoral (que exige mayoría de tres quintos: 42 actas sobre 70) que cumpla con el deber que dispuso el poder estatuyente. Ninguna arquitectura electoral es ajena a valores y principios constitucionales que se desean preservar. En Alemania este debate ya lo ha habido. Y en España hemos visto cómo Vox ha hecho gala en la campaña electoral del 10N de su intención de ilegalizar a otros partidos, por ejemplo el PNV.

¿Es voluntad de la Cámara elevar el tope electoral autonómico al 5% o, más bien, retomar el 6%? Ambos han sido avalados por la justicia constitucional (STC 225/1998) y el legislador debe dar respuesta a esta pregunta en sede parlamentaria. En principio, en un cálculo aritmético, a nadie le interesa que la ultraderecha alcanzase el hemiciclo, sea en 2023 o antes si Ángel Víctor Torres decidiese disolver y convocar elecciones. A los socios integrantes del Pacto de las Flores, por descontado. Al PP tampoco porque así se evitaría un competidor. Y CC se ahorraría el disgusto de tener que contar obligatoriamente con Vox para pretender conformar un Gabinete de derechas, una fotografía que para Ana Oramas como potencial candidata puede ocasionarle un daño considerable de cara a la opinión pública. La modificación estatutaria de 1996 conllevó, en esta materia, y fuese justa o no, una barrera insular del 30% para dificultar a los insularismos (Lanzarote) que no se sumaron a CC. En la actualidad se concitan más razones que entonces para calibrar las consecuencias que implicaría la materialización de la ultraderecha en el archipiélago, el menoscabo de Vox al autogobierno canario.