Gobiernos y colaboradores necesarios
El debate del estado de la nacionalidad (DEN) 2018 finalizó con el análisis y votación de 756 propuestas de resolución sobre los más variados temas, desde la recuperación de los zapateriles cheques bebé al apoyo a la industria local, pasando por subvenciones al sector primario, la reforma electoral o la tasa turística. La mayoría, más del 90%, fueron aprobadas. Casi todas ellas serán guardadas en una gaveta y algunas, con suerte, rescatadas para el DEN 2019 que, por las fechas de celebración, será un acto genuinamente preelectoral.
Fue tanta la cantidad de propuestas que se armó un verdadero lío y CC terminó apoyando la reforma electoral y hasta la tasa turística; un esfuerzo mayor de la oposición, 150 propuestas más, y los de Clavijo votan a favor de abandonar el Gobierno. No hubiese importado. Se trata de una votación con alto grado de simbolismo y escasa aplicación práctica. De la que puede salir con amplios respaldos la generalización de la educación infantil 0-3 años, la inmediata mejora de la ley de la dependencia, más recursos para la sanidad o los más entusiastas compromisos a favor del territorio y del medio ambiente o de rechazo a las contaminantes, caras y dependientes energías fósiles.
De las casi 700 resoluciones aprobadas muy pocas se convertirán en realidades tangibles, como ha venido sucediendo en años anteriores. Sería mejor que los grupos redujeran su catarata de propuestas y que las que se aprueben tengan un puntual seguimiento y, sobre todo, cumplimiento.
Antes habíamos asistido al milagro de la pervivencia de un Gobierno al que solo apoyan 21 diputados y diputadas, 18 de CC –tercera fuerza política en votos- y tres de ASG, estos últimos logrados con apenas 5.000 papeletas mientas otra formación, Ciudadanos, con más de 53.000 se quedó fuera de la Cámara. Y esos tres votos del grupo de Casimiro Curbelo pueden servir, incluso, para evitar que el sistema electoral sea reformado. Manda tela.
Y, asimismo, pudimos comprobar que, pese a la bonanza económica, la multiplicación turística y la avalancha de recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, seguimos a la cola de muchas cosas, desde la sanidad a la aplicación de la Ley de la Dependencia (como acaba de ratificar el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales). Liderando, eso sí, la pobreza y la exclusión social.
nacionalismos. Reconociendo que, gracias a los nacionalismos, Canarias arrancó del Estado medidas muy interesantes –desde el 75% en los billetes aéreos y marítimos insulares, pasando por la eliminación del impuesto al sol y distintas ayudas al sector primario que no llega ya ni al 2% del PIB- considero que eso exige otros comportamientos aquí. No basta con haber aprovechado la coyuntura, la singular matemática parlamentaria, para revertir la alargada situación de maltrato por los gobiernos estatales.
Me refiero a la imprescindible buena gestión de los servicios públicos y de las inversiones en infraestructuras. A saber priorizar en beneficio de la mayoría. A corresponsabilizarse fiscalmente. A tener una visión más allá del cortoplacismo en el modelo de desarrollo, en las energías, en qué Archipiélago queremos para las actuales y las futuras generaciones. A pensar y actuar desde y para Canarias.
El informe del Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza de la Universidad de La Laguna (Cedesog), dado a conocer estos días, resulta una enmienda a la totalidad a la intervención del presidente del Gobierno en el DEN 2018. En él se confirma que, lejos de lo que afirma reiteradamente el líder del Ejecutivo, tenemos «una economía cada vez menos diversificada y dependiente cada vez más del turismo y el sector servicios». Se señala, igualmente que no se han recuperado los niveles de renta per cápita anteriores a la crisis económica iniciada en 2008 y que, lejos de acercarnos a España y Europa, continuamos en la senda de la divergencia.
Destaca, además, que las desigualdades se han acrecentado en las islas y que no se ha modificado la probabilidad de ascenso social, «al tiempo que el reparto de la renta y su acumulación en un número menor de manos se ha hecho más evidente, las probabilidades de que los hijos/as de la clase baja y media opten a escalar socialmente es aún reducida en las islas. El origen social de las personas sigue teniendo un peso muy importante en España y en Canarias».
Esa Canarias de reducidos salarios, pensiones por debajo de la media estatal, pobreza elevada y bajos niveles educativos y culturales, exige actuaciones más decididas por parte de sus gobernantes. Compromisos de los distintos sectores económicos y sociales, así como de la sociedad civil organizada.
No hacen nada por ella, por la positiva transformación de una situación de falta de equidad y de profunda desigualdad social, los que desde sus tribunas mediáticas ensalzan permanentemente al poder, maquillan sus actuaciones y justifican sus desmanes. El periodismo es otra cosa.
Ocurre con los que han aplaudido el modo y manera en que se pactaron los órganos que emanan del Parlamento: Diputado del Común, Audiencia de Cuentas o Consejo Consultivo. Cuando ha sido un auténtico reparto de prebendas y sillones, una verdadera agencia de colocación, sin atender a la cualificación ni a la paridad entre mujeres y hombres. O los que hasta hace bien poco exigían el apoyo a las candidatas al Consejo Rector de la RTVC como si el procedimiento no fuera igual de deleznable y partidista, al margen de la mayor o menor bondad de las candidatas que, por cierto, de menuda se han salvado.
cadena. Y no reconociendo, claro está, sus particulares intereses; que han recibido un varapalo al paralizar la mesa de contratación el proceso del concurso que pretendía adjudicar Negrín. Este ha contratacado con un negociado sin publicidad que suena muy mal. Es, con perdón, no suelo utilizar estos términos, para mear, no echar gota y tirar de la cadena.
Sucede también, en fin, con los que guardan silencio o mantienen ambiguas posiciones, para no molestar a CC, en un asunto, como la reforma electoral, esencial para mejorar una democracia adulterada por un sistema que no traslada al Parlamento lo que se vota en las urnas, con falta de pluralidad y una desproporción que no existe en ningún otro lugar.
Por supuesto que la mayor responsabilidad de lo que nos sucede corresponde al Gobierno y a sus apoyos parlamentarios, a sus decisiones presupuestarias y legislativas, al conjunto de sus actuaciones políticas. Pero los que lo aplauden y jalean tienen, también, su significativa cuota por complicidad manifiesta. En España y en Canarias.
