El debate está servido:¿caben más turistas en Canarias? Y con el debate, la polémica. Con manifestaciones incluidas, con unos diciendo que hay que poner ... límites y otros advirtiendo del impacto negativo de esos mensajes en nuestra imagen exterior, que es la gallina de los huevos de oro de la economía regional (y así lleva siendo, nos guste o no, medio siglo).
Es un debate recurrente y que, cual Guadiana, aparece y desaparece en otros destinos. Le ha pasado a Barcelona y Baleares, le está sucediendo a París y Nueva York, y, evidentemente, un destino de primer orden como Canarias no iba a librarse del virus de esta polémica. Claro está que la discusión se solapa e incluso opaca otro debate que se planteó en la pasada legislatura y que el Parlamento ha retomado en la actual:¿cuántas personas caben en Canarias? ¿Ponemos límite al crecimiento poblacional? Máxime cuando, mirando los estudios demográficos, queda puesto en manifiesto que ese crecimiento en población no es fruto de una alta natalidad y una bajísima mortalidad, sino básicamente porque nuestro modelo productivo sigue encontrando hueco para mano de obra foránea, mientras que la tasa de paro baja demasiado lentamente en comparación con la velocidad con que se ha reactivado el negocio turístico. Esto último hay que meterlo en la coctelera del debate turístico, porque sigue sin ser de recibo en una sociedad madura que normalicemos que los empresarios del sector turístico y de los servicios se quejen de que no encuentran mano de obra local y por eso acuden a la foránea.
Pero en lugar de criminalizar al negocio turístico y de incomodar al visitante que llega en avión o en crucero, deberíamos mirar hacia dentro, hacia ayuntamientos, cabildos y Gobierno canario. Si los servicios públicos no están a la altura de las circunstancias, si los precios de las viviendas y de los alquileres se disparan, si el territorio es fagocitado por el cemento para el turismo... es mayoritariamente porque desde las administraciones no se han dado las soluciones. Lo digo pensando en esas corporaciones que han optado por seguir sin planes generales, o en esos cabildos que no cumplen sus planeamientos insulares, porque así el inversor de turno tiene, en primer lugar, que pasar por el despacho del alcalde, el presidente insular o el propio Gobierno, y segundo, porque así la discrecionalidad es mayúscula.
Y todo eso se examina cada cuatro años en las urnas. Si tenemos lo que tenemos, somos corresponsables. El culpable no es el que se baja del avión.
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