Otras mascarillas (o las mismas)
La Audiencia de Cuentas ya lo apuntó pero se dio la orden de taparlo
La rumorología se disparó en la mañana de este miércoles en Gran Canaria en cuanto saltó al mundo digital la noticia, adelantada en primicia por ' ... El Confidencial', de la detención del que fue asesor personal del entonces ministro José Luis Ábalos. En cuanto se supo que la investigación de la Audiencia Nacional, con la Fiscalía Anticorrupción por medio, apuntaba a presuntos delitos en la compra de material sanitario por varias administraciones, incluido el Gobierno canario, en pleno estallido de la pandemia, los nervios se desataron.
Balones al suelo porque, al menos hasta la fecha, no ha habido detenciones en las islas. Y ojalá no las haya, que bastante tenemos con lo que sigue pendiente de sustanciarse en sede judicial. Sabemos, eso sí, que la investigación, que sigue bajo secreto, coloca de nuevo el foco en algunos contratos del Servicio Canario de Salud (SCS) con empresas que no tenían experiencia alguna en el mundo sanitario y que recibieron cantidades millonarias por la compra de mascarillas o guantes que después se parecían muy poco a lo prometido o que sencillamente no llegaron.
A falta de que se levante el secreto del sumario y conozcamos los detalles, el Servicio Canario de Salud va camino de aparecer como víctima de una segunda estafa. Así, habría sido engañado en el llamado caso Mascarillas canario, esto es, los 4 millones de euros pagados a cambio de un material que nunca llegó. Y ahora se estarían investigando las operaciones realizadas con la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que es la que estaría vinculada al controvertido Koldo, la sombra de Ábalos en su etapa ministerial.
Esas dos empresas, y otras, aparecían en la propuesta de informe de la Audiencia de Cuentas que acabó camino del Tribunal de Cuentas pero que fue abortado a posteriori. Conviene recordarlo: en una actuación sin precedentes, la mayoría de miembros de la Audiencia decidieron no aprobar el trabajo de sus técnicos, ese en el que se advertía de que el SCS había actuado, cuando menos, con poca diligencia en varios contratos, incluyendo los ya referidos.
Los partidos políticos que descolgaron el teléfono para frenar aquella propuesta de dictamen y los consejeros de la Audiencia que se plegaron a la orden saben quiénes fueron. No solo ellos, pero allá cada uno con su conciencia.
Ahora lo que importa es que se llegue al fondo, pero de verdad. Por ejemplo: ¿tomará cartas el Parlamento canario? ¿O el PSOE es el primero en no querer hacerlo?
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