Legislar e inspeccionar

Se trata de un intento de poner una tirita ante una hemorragia que no se para. En estos últimos meses, gobiernos regionales y locales que tienen poco de comunistas o bolivarianos han anunciado un frenazo en seco al alquiler vacacional. Lo han hecho, por ejemplo, el alcalde de Madrid y el presidente de la Comunidad Valenciana, que son del Partido Popular, y el argumento en ambos casos es el mismo: se ha producido un incremento exponencial de esa figura de alquiler que ha escapado a su control.

Pero ahora conviene detenerse en una reflexión: ¿hay normativas que regulaban esa figura? Sí. ¿Se habían establecido protocolos sancionadores para quienes los incumpliesen? También sí. ¿Qué ha fallado entonces? Pues simple y llanamente que desde el ámbito municipal y regional se optó por mirar para otro lado, porque fiscalizar y sancionar siempre conlleva enfadarse con alguien y se ve que la prioridad era presumir de cifras turísticas y no querer saber si se alojaban en lugares sujetos a la normativa vigente. Se entiende así el enfado de muchos hoteleros:a ellos se les hace cumplir con la letra pequeña de las condiciones y con otros todo ha sido manga ancha.

Pero estamos ante un comportamiento que va más allá del fenómeno del alquiler vacacional. En un país tan burocratizado como es España -gobierne quien gobierne-, se ha generalizado eso de que para legislar sí se es puntilloso, pero para fiscalizar se es excesivamente indulgente. No hay más que preguntar cuántos inspectores en materia turística, sanitaria, educativa o de consumo tienen las autonomías, cabildos y ayuntamientos. Y más aún:también debería regularse que sean inspectores alejados de la tentación del corporativismo. Lo digo porque si ponemos a inspeccionar una actividad a quien la ha estado desempeñando hasta ayer mismo o puede volver a ella pasado mañana, la tentación de mirar para otro lado es más que evidente e incluso razonable.