Geursa y otros casos
Es un secreto a voces la incomodidad del grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria con el estallido del caso Valka. Y es ... comprensible: supongo que a ningún gobernante le hace gracia saber que un buen día se presentan unos agentes del orden con el mandato judicial por delante a recabar expedientes, ordenadores, correos electrónicos y demás documentación con motivo de una investigación que trata de dilucidar si se cometieron delitos encuadrados dentro de lo que se conoce como corrupción.
Mayor aún es la incomodidad cuando está viva la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción -en realidad, una primera denuncia y luego otra ampliada- del Partido Popular por presuntos actos ilícitos en la Sociedad de Promoción, de titularidad municipal.
Como siempre en todo esto, va por delante la presunción de inocencia, pero también hay que reconocer la presunción de profesionalidad del Ministerio Fiscal y del propio juez instructor. En el caso Valka no estamos ante diligencias preprocesales de un fiscal, sino de una denuncia del ministerio público que ha derivado en una instrucción, todo ello con un año de investigación y más de un registro en dependencias municipales.
Al margen de que las diferencias entre la Sociedad de Promoción y Geursa son muchas, sí hay un denominador común que precisa de una serie reflexión: las empresas públicas suelen acabar convertidas en reinos de taifas. De hecho, los gerentes de ambas sociedades tuvieron, a efectos prácticos, tanto o más poder que los concejales de turno, algo que no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista del sentido común. Quizás ha llegado el momento de que los grandes ayuntamientos, como es el caso del capitalino, se replanteen si es necesario contar con esas sociedades que nacen supuestamente para agilizar procedimientos, que no es otra cosa que admitir que la administración pública es lenta e ineficiente por naturaleza. ¿Para qué entonces las concejalías de Urbanismo y de Cultura, con estructuras de personal y medios no precisamente escasos, cuando el día a día lo llevan empresas que funcionan casi como agentes externos? Sociedades que, además, son fiscalizadas con auditorías externas, cuando lo cierto es que hay mecanismos de intervención públicos que están para eso mismo en el ámbito estrictamente municipal.
Son formas de gestionar que pudieron tener su razón de ser en algún momento pero que, visto el resultado, hay que repensar. Y si el precio a pagar es algo más de lentitud administrativa, pero con la garantía de que se reduce la posibilidad de cometer un ilícito, pues creo que sería un peaje más que razonable.
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