Elites de pícaros

El modo en el que gente con influencia en la política española ha obtenido su titulación universitaria, los grados, másteres y doctorados son un insulto grave para los millones de ciudadanos que han dedicado gran parte de su juventud a estudiar y formarse. Visto lo visto, y lo conocido, los hechos que han rodeado a la Universidad Juan Carlos I y a una serie de personajes de la vida pública sólo son la punta del iceberg de prácticas que faltan a la ética universitaria y profesional. Que alguien con influencia política o de otro tipo pueda acceder a una titulación para trabajar o engordar su currículum dice mucho de la flexibilidad ética y moral a la hora de obtener beneficios del sistema. Desgraciadamente, al final, digan lo que digan los jueces, sólo queda la imagen de que esta España sigue siendo la de los enchufados, la de los chanchullos y los pícaros, también en las elites, que ha recorrido la historia del país y que recoge la literatura de varias épocas.

El «caso Casado» no es aislado. Se produce en medio de una cascada de hechos de la misma naturaleza y en la misma universidad que le impiden despejar del todo las sospechas. No es sólo su caso, es, de los conocidos hasta ahora, el de varios alumnos recomendados que están siendo investigados, el de la ex presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el de la exministra de Sanidad, Carmen Montón. El informe emitido por la Fiscalía y el de la Universidad Rey Juan Carlos no detecta irregularidades en su licenciatura de Administración y Dirección de Empresas (ADE) pero la Fiscalía advierte también, abriendo la brecha de la sospecha, que el delito de cohecho sí pudo ser cometido, pero no se investiga por estar prescrito y por un concurso con el de prevaricación, que queda descartado.

Lo cierto es el Casado, aunque la decisión final depende del Tribunal Supremo, está a las puertas de ser exonerado mientras que sus compañeras de universidad, por no estar aforadas, continúan siendo investigadas para determinar el modo en el que obtuvieron sus licenciaturas en tiempos récords y con múltiples facilidades, como la de hacer trabajos para convalidar asignaturas.

No habrá suficientes elementos técnicos desde el punto de vista jurídico para encausar a Casado, lo que supone un alivio para su liderazgo, pero sí suficientes sospechas para seguir dudando del modo tan fácil en el que obtuvo su licenciatura en una universidad tan poco fiable en la que miles de alumnos se esfuerzan cada día para obtener sus calificaciones y que contemplan cómo se derrumba su prestigio académico y profesional en todo el mundo.

La fiesta del PP con la posición del fiscal que pide el archivo de la causa abierta a Casado es comprensible, pero contrasta con la apertura de diligencias contra la ex ministra Montón, acusada de plagiar parte de su máster. Las reglas del juego, que son las judiciales, permitirán a Casado levantar la cabeza en este asunto, liderar el PP y ejercer en la oposición. Lo que no tengo tan claro es que tenga suficiente capacidad ética para atacar al presidente del Gobierno y echarle en cara el plagio de su tesis doctoral, otro de los turbios asuntos académicos que van más allá del griterío y de la oportunidad política. El PP empuja a Casado a la confrontación con el presidente en este asunto, pero son algunas las debilidades que deja su caso a pesar de que sea archivado por la justicia. Afortunadamente para los españoles el listón de las exigencias democráticas ya sobrepasan a las legales y se instalan en el terreno de la honorabilidad y la ética.

En la opinión pública pesan mucho las ideas en bruto, pero no por ello dejan de ser razonables. Desbrozar asunto por asunto en el caso del fraude de las titulaciones es una tarea compleja que queda para los propios implicados y los expertos. Desafortunadamente lo que queda, y con gran parte de razón, es que algunos políticos han gozado de privilegios que la justicia no logra codificar para castigar y que, de un partido o de otro, con una causa o con otra, todos son iguales.