El imperio de la desigualdad

Sé que es muy complicado resolver la situación. Pero quiero pensar, también, que no estamos condenados a una sociedad en la que un sector, cada vez más amplio, esté condenado a la pobreza y a la exclusión social. No puedo aceptar que la riqueza generada solo da para satisfacer las necesidades de una parte y el resto debe ventilárselas como pueda, entre la caridad y la marginalidad absoluta.

No es tolerable un mundo sin la menor esperanza para los pobres y excluidos y para su descendencia: ¿qué expectativas educativas, culturales o de empleo tiene un niño o una niña sumidos en la pobreza, forjados en la cultura de la mera supervivencia? En un estudio sobre abandono y fracaso escolar dirigido por el profesor Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, se señala que «el atributo con más peso en el proceso de salida del sistema educativo es la clase social del alumno. Es un resultado constante a lo largo del tiempo, muy similar entre distintos países y resistente a los más valientes intentos de introducir criterios de igualdad en el sistema».

Añadiendo la referida investigación que el origen social influye decididamente no solo en los resultados sino también en las expectativas, «en las decisiones sobre los caminos escolares que se han de seguir. La probabilidad de acceso a la educación superior es seis veces mayor para los hijos de las clases medias que para los de las clases trabajadoras».

renta. La realidad, en Canarias y en España, resulta bastante desoladora. Eso sí, con notables diferencias entre las comunidades autónomas, como confirma el informe Foessa. En el caso de las Islas, algunos de los elementos definidores de la última década, según dicho estudio, son alto crecimiento poblacional (el segundo, tras el que experimenta Baleares), índice de envejecimiento más reducido en comparación al conjunto de las comunidades autónomas, tasa de fecundidad mucho más baja que la media estatal, elevada atracción de población inmigrante (también la segunda tras Baleares), menor PIB per cápita y tasas de desempleo y de pobreza más elevadas.

Y, con relación a la desigualdad de renta, aunque es similar a la que se produce en otras nacionalidades y regiones, tiene la peculiaridad de haberse incrementado en los últimos diez años. El informe indica que, en ese mismo periodo, entre 2008 y 2018, la renta media de la población canaria ha disminuido un 1,9%. Pero de forma muy desigual: en el grupo poblacional con menos ingresos se ha reducido un 16,8%, mientras que entre el 20% con mayores ingresos su renta se ha incrementado un 8,3%. Robin Hood, pero al revés, trasvase de renta de los más pobres hacia los más ricos.

Otro dato significativo: el 40,1% de los hombres y mujeres de Canarias se encuentra en una situación de integración plena, el 30,8% precaria, el 13,3% en exclusión moderada y el 15,7% en exclusión severa. En lo positivo, ha aumentado desde el 26,1% de 2013 al 40,1% actual las personas situadas en integración plena. En lo negativo, no se ha reducido el ámbito de la exclusión (que supera ligeramente el 29%) y la de carácter severo ha subido en ese periodo del 10,7% al 15,7%. Mientras, paradójicamente, mantenemos un gasto en protección social más bajo que la media española.

Y, en fin, algo que me pareció muy significativo: de las tres comunidades con peores datos en pobreza y exclusión social, una es Extremadura y las otras dos son las comunidades turísticas por excelencia: Canarias y Baleares, lo que indica las consecuencias de un modelo de dependencia, precariedad, baja cualificación y peores salarios. En otra ocasión me detendré más detenidamente en este asunto.

A esa realidad tiene que hacer frente el Gobierno de Canarias. Y le va a tocar hacerlo no precisamente en las mejores condiciones, por las turbulencias económicas internacionales, la guerra arancelaria de Donald Trump, la ausencia de presupuestos estatales por la incapacidad de acuerdo entre los grandes partidos españoles de izquierdas y derechas y, asimismo, las alegrías fiscales de sus antecesores en el Ejecutivo.

progresiva. Pero, priorizando, de forma escalonada y progresiva, considero que pueden tomarse decisiones a desarrollar a lo largo de la legislatura que comiencen a cambiar ese panorama de profunda desigualdad. Mejorando los servicios públicos, que tanto contribuyen a la equidad. Desarrollando esa renta de ciudadanía que recoge nuestro Estatuto aprobado en 2018. Impulsando planes que faciliten el acceso a una vivienda digna. Modificando, como ha anunciado el presidente, los destinos y la filosofía del Fdcan, como algunos reclamamos en su momento. Exigiendo al Estado el estricto cumplimiento de sus compromisos con Canarias.

Y, claro está, poniendo en marcha una política fiscal progresiva y justa; en estos momentos no lo es ni la canaria ni la española, que cargan sobre clases medias y trabajadoras y escasamente sobre grandes fortunas y consumos de lujo. Ninguna tarea es abordable si las administraciones no disponen de suficientes recursos para afrontar la dependencia, reducir las listas de espera sanitarias, incrementar la oferta pública de educación infantil cero-tres años o impulsar un parque público de viviendas. Si no son capaces de andar en esa dirección se juegan su prestigio los actuales responsables del Ejecutivo canario. Pero eso, estarán de acuerdo, es completamente secundario. Lo importante es lo que se juega esta sociedad que precisa avanzar para superar sus actuales déficits, sin que, como ahora sucede, más de un tercio de la ciudadanía se quede al margen. Resignarse («Siempre habrá pobres») no es de recibo.