La financiación es de todos

El sistema de financiación de las autonomías lleva diez años esperando por su revisión. No lo hizo Mariano Rajoy y tampoco Pedro Sánchez, y ni uno ni otro acometieron la actualización porque, para empezar, no había unidad de criterio dentro de sus propios partidos. La mezcla de autonomías muy pobladas con otras que siguen perdiendo habitantes, con el añadido de las que soportan la presión adicional de una población turística flotante -como Canarias-, y la diferente cartera de servicios de la España autonómica, hace que atender todas las demandas sea complicado. Por eso se fue aparcando este asunto, que se ha consolidado como una asignatura pendiente.

A día de hoy, casi ninguna autonomía está contenta con el funcionamiento del sistema de reparto de fondos, pero tampoco se han ofrecido alternativas. Ahora lo que el PSOE ha deslizado es incluir ese asunto en el diálogo con ERC y Junts, en un intento de articular un frente común del nacionalismo catalán que le haga más fácil conseguir el apoyo del partido de Puigdemont.

Se trata de un planteamiento equivocado e inaceptable: la propuesta socialista, si es que la hay, para reformar el sistema debe ser llevada primero a las Cortes y después ha de ser dialogada con las autonomías, representadas por sus gobiernos. Eso es lo que corresponde en esta España autonómica consagrada en la Constitución de 1978. Si el PSOE quiere avanzar en aquel 'federalismo asimétrico' que se planteó en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba, está en su derecho como partido, pero no es de recibo articular soluciones al gusto de unos partidos a cambio de la investidura.

La financiación autonómica es una 'tarta común' que no puede acabar en el plato de un solo comensal servida por Pedro Sánchez como peaje por su continuidad en el cargo.