Bochorno y responsabilidades

La vuelta de Puigdemont y su posterior fuga, incumpliéndose la orden de detención del juez Llarena, precisa de explicaciones y de la depuración de responsabilidades políticas. Las que pueda haber en el ámbito judicial ya las decidirá el Supremo, que para eso ha pedido informes a los dos gobiernos.

La comparecencia del conseller de Interior y de los mandos de los Mossos solo sirve para aumentar el bochorno. No es de recibo que los jefes de un cuerpo policial admitan sin rubor que se fiaban de que Puigdemont actuase con la dignidad que corresponde a quien ha presidido la Generalitat. ¿Es que se olvidaron de su primera fuga? ¿Es que no tuvieron en cuenta que el proceso independentista fue un cúmulo de ilegalidades -amnistiadas, sí, pero los delitos y las condenas están ahí?

También el Gobierno de Pedro Sánchez debe comparecer con urgencia. Los Mossos pudieron ser responsables del desaguisado vivido en el exterior del Parlamento, pero todavía nadie ha contado por qué no hubo un seguimiento a Puigdemont desde Waterloo hasta la frontera española y desde ahí hasta Barcelona. Y ese silencio solo contribuye a alimentar las sospechas de una lamentable complicidad.

Pensar que todo esto se resuelve con la llegada de Salvador Illa a la Generalitat es de ingenuos. Sobre todo porque Junts sigue, con sus siete votos en el Congreso, siendo clave para la gobernabilidad del Estado. Y Junts, que ya hemos visto que actúa al dictado de Puigdemont, comparte con su líder que ese proceso de independencia «no se ha acabado». Así las cosas, es Pedro Sánchez quien debe comparecer, explicar su hoja de ruta -si es que la tiene- y decidir si aspira a mantenerse en el cargo gracias a un partido que jalea a su dirigente cuando burla sistemáticamente la ley o quiere anteponer la dignidad. Y eso pasa por someterse a la cuestión de confianza o acabar con esta agonía de una legislatura que a la inestabilidad suma esta semana el bochorno institucional.