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¿Debería estar siendo investigado Clavijo?

¿Debería estar siendo investigado Clavijo?

Jueves, 1 de enero 1970

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La justicia justa debe serlo para el encausado, primer interesado en salir de un conflicto que suele coger la vida, pero también debe serlo para la sociedad a la que se debe satisfacer con una condena y una reparación de daños. Cuando es un político el que está en el punto de mira judicial, la responsabilidad social de los tribunales debe afinarse un poco más, entre otras cosas porque votantes y ciudadanos, debemos tener, meridianamente claras con todas las garantías, las responsabilidades de los que manejan nuestro dinero y toman decisiones de alcance para nuestras vidas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, entró, con el caso Grúas, en esa espiral de la sospecha sobre su gestión como alcalde de La Laguna, desde donde saltó a la Presidencia. La excusa de fábrica que utiliza el presidente del Gobierno es que «se trata de una denuncia política», no excusa a los tribunales de justicia de su obligación de investigar a fondo y dar una respuesta a la sociedad canaria sobre los hechos denunciados en los distintos escalones de la investigación. Todas las denuncias en los tribunales tienen una razón de parte, que no cuestiona ni invalida la misma. Lo que sí cuestiona profundamente a la Justicia es el retraso y los escrúpulos de los tribunales a la hora de meter mano a un asunto en el que está implicado un político, o, como en este caso, el presidente de un gobierno.

Los reparos de la justicia a la hora de investigar, o simplemente llamar a declarar como testigo a un presidente, los hemos vivido a lo largo de la historia. Con Felipe González, al que por todos los medios el tribunal Supremo quiso evitarle el paseíllo por el Salón de los Pasos Perdidos; y más recientemente con Mariano Rajoy, al que intentaron excusar para que no declarara en la trama Gürtel. Pasó también con la familia real española, a la que se trató de proteger por todos los medios.

Las motivaciones escritas siempre han sido legales, pero, en el fondo, lo que ha movido a los jueces ha sido evitar poner en la picota a una institución como la Corona o la Presidencia del Gobierno. Absurdo en un estado de derecho en el que se proclama la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La realidad jurídica no ha tenido tanto peso en estas decisiones como la mediática. A muchos jueces les produce escalofríos poner delante de los periodistas a los titulares de las instituciones, quizás porque dependen de esos políticos para ascender en sus carreras, una de las mayores lacras del sistema judicial español.

En el caso Grúas hay fundadas sospechas de que, el ahora presidente del Gobierno, favoreciera a amigos con la privatización del servicio municipal de grúas, sospechas que deben ser despejadas lo antes posible. Según la denuncia, hasta 2005 las grúas municipales eran un servicio público prestado directamente por el Ayuntamiento, con seis empleados públicos y dos grúas. En 2003 Fernando Clavijo, entonces concejal de Seguridad Ciudadana, apuesta por privatizar el servicio municipal de grúas con un informe que cifra el número de retiradas anuales en una cantidad a la que nunca se llegó.

El coste, al privatizar el servicio, fue de 150.000 euros anuales más de lo que suponía el servicio 100% público. Entre 2004 y 2005 se adjudica este servicio a la empresa de José Padilla, quien pide autorización para gestionarlo mediante Grúas Poli S.L., empresa de su propiedad. Padilla insistió, tanto en sede judicial como en la Comisión del caso Grúas, en que el servicio fue utilizado para colocar a afines políticos de Coalición, en buena parte puestos de trabajo creados ex profeso.

En 2011 la empresa se vende a una serie de empleados que son señalados por varias fuentes como vinculados a Clavijo y que así lo ratifican ante la instructora. Estos empleados utilizan la dirección de la antigua empresa de Clavijo como el lugar donde ser notificados desde el juzgado. Entre 2011 y 2015 el servicio de grúas vive una auténtica convulsión: incumplimientos constantes del pliego de condiciones, carencia de tarjeta de transporte e ITV de varios vehículos, más de 300.000 euros de deudas con la seguridad social y Hacienda e impagos de nóminas a sus empleados. Estos presentan multitud de escritos denunciando las irregularidades del servicio entre 2011 y 2014. Desde 2011 hay abierto un proceso judicial por el robo sistemático de piezas de vehículos del depósito municipal de Camino La Villa, un informe de la policía local de La Laguna habla de más de 103 vehículos modificados. Además desde el Ayuntamiento se le prestan a Grúas Poli, 120.000 euros para prorrogar el servicio en agosto de 2014, en contra de los informes de los técnicos municipales, con documentos de los directores del servicio advirtiendo de faltas «muy graves o gravísimas».

Es la Audiencia Provincial de Tenerife la que obliga a la jueza, María Celia Blanco Redondo, (la misma que archivó el caso Corredor, en el que también estaba implicado el presidente del Gobierno) a reabrir el caso al existir indicios sobre posibles irregularidades que obligan a escuchar la declaración como imputado del presidente del Gobierno. La jueza, a regañadientes y con un evidente y supino cabreo, copia y pega los argumentos de la Audiencia Provincial y eleva el tema al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, paralizando el procedimiento, y sin argumentar la necesidad de llamar a declarar al presidente del Gobierno.

Con toda la lógica jurídica, la instructora del caso, la magistrada Carla Bellini, remite de nuevo el asunto a la jueza de La Laguna y la obliga a completar el expediente, a razonar objetivamente la remisión del caso al TSJC.

De ese trámite hace tres meses y nadie ha despejado las sospechas. El presidente del Gobierno, el de todos los canarios, sigue en la picota, pendiente de decisiones judiciales que se retrasan, inexplicablemente, en un juzgado de La Laguna sobre el que ningún superior jerárquico tiene ascendencia alguna mientras no exista una respuesta de la magistrada.

Nadie puede marcar el paso a la jueza, pero los autos de la Audiencia Provincial y los recursos de los denunciantes, deberían ser suficientes motivos para que el juzgado señalara el futuro del asunto. Eso si la jueza no atiende a razones sociales, es decir, a la responsabilidad de satisfacer al denunciado y a los ciudadanos que dependemos de él, y a los que también nos asiste el derecho a conocer qué futuro judicial le espera al presidente, que lo es, de todos los canarios.

Tienen razón los denunciantes cuando insisten en que ya debería estar siendo investigado el presidente del Gobierno, es más, ya tendrían que estar despejadas las dudas, razonablemente argumentadas por los acusadores, sobre la gestión del exalcalde de La Laguna.

Manuel Mederos

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