Corrupción y hastío social
La corrupción provoca hastío y zozobra a quien se conduce de forma honrada en la sociedad. La última algarada a cuenta de la Operación Lezo y el hecho de que el presidente del Gobierno haya sido llamado a declarar como testigo en el Caso Gürtel ha ocasionado otra enorme sacudida a la sociedad Española y a la imagen de nuestro país. Los matices en asuntos como estos son importantes, pero no determinan la opinión pública y el hecho de que el partido que gobierna España esté sumido en una continua congoja por la corrupción interna provoca que el foco de los países que nos rodean se centre en estos factores. Es poco comprensible que el presidente que se presenta ante la Unión Europea como el máximo representante de la recuperación económica, el que lleva camino de convertir a España en una de las locomotoras europeas, sea, a su vez, el presidente de un partido carcomido por la corrupción. En este sentido la imagen del país a nivel interno e internacional sufre constantes revolcones en manos del PP.
A los ciudadanos nos preocupa la imagen externa, pero mucho más la impotencia de estar ante situaciones inevitables, como el hecho de que el partido más corrupto sea el más fuerte, el único con capacidad para gobernar. Esa es la triste realidad del triunfo del PP frente a un PSOE que se desangra y que poco o nada tiene que aportar a la sociedad, a las opciones populistas que representa Podemos, a las vías minoritarias, como la de Ciudadanos, o a los nacionalismos radicalizados en posturas separatistas o cumpliendo con sus visiones egoístas en un país que no termina de ser de todos.
En contra de este desasosiego hay que hacer valer otra perspectiva. La corrupción la conocemos porque el Estado de Derecho Funciona. La sensación que padecemos, de desánimo o desaliento, la que podemos estar sufriendo, la produce la propia salud renqueante de la democracia. En unos casos porque el sistema de contrapoderes se activa, como ha ocurrido en el Caso Lezo, en el que el viejo PP de Madrid, el de Esperanza Aguirre, es combatido por el nuevo de Cifuentes. En otros casos porque el poder político no logra traspasar al poder judicial, y en última instancia es este el que se impone. Rajoy, su Gobierno y su partido tienen un inmenso poder en España, pero está limitado por muchos frentes, por su debilidad en el Parlamento, por los intereses contrapuestos, políticos y económicos, y por el sistema judicial al que no ha podido penetrar a pesar de intentarlo por todos los medios.
Un claro síntoma de ese intento es la presión a la que se ha sometido al Ministerio Fiscal para evitar sus actuaciones en asuntos de corrupción, una práctica que se ha llevado por delante a los dos últimos fiscales generales. La actualidad nos habla siempre de esos intentos, en este último caso en la Operación Lezo, en la que el fiscal Anticorrupción trató de evitar las detenciones y los registros. A ello hay que añadir recientemente la presión para evitar la acusación al dimitido presidente de Murcia, o los intentos de manipulación de jueces a través de polémicos nombramientos. Lo cierto es que, a pesar del poder del PP y de sus intentos de presión a jueces y fiscales, muchos casos de corrupción ilustran la guagua de Podemos porque el sistema los ha investigado y los ha encausado.
Esto no significa que el sistema esté perfectamente engrasado, ni que la Justicia sea el baluarte de valores que santifican la democracia. Basta una mirada somera a nuestro alrededor para que casos como el del juez Alba nos revuelva el estómago. El sistema judicial español está excesivamente contaminado por la política. Los jueces que legítimamente quieren progresar en su carrera se ven atrapados por un sistema que los lleva a los despachos de los políticos, en los que casi tienen que hacer actos de vasallaje para ser nombrados simples presidentes de audiencias provinciales. España lleva treinta años buscando una salida a esta situación, con la resistencia de los propios partidos políticos que no quieren renunciar al privilegio de tener en nómina a sus propios jueces. A pesar de todo hay muchos elementos del sistema que funcionan, y eso debe impulsarnos a ver el vaso medio lleno en estas circunstancias en las que el peso de los hechos acaba con el ánimo de los más optimistas. Seguir reivindicando la calidad democrática en todos los ámbitos de la vida pública española es lo único que nos queda a los que seguimos creyendo en la democracia como mejor sistema para la convivencia. Calidad democrática que debemos cuidar en un momento delicado, en el que quien ostenta el poder tiene la tentación de obviar los procedimientos que garantizan la legalidad y engañar a los ciudadanos.
