Auténtica porquería

Compartimos lo dicho el viernes por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el sentido de que ahora hay que dejar que los tribunales actúen y que el peso de la ley se deje sentir sobre los responsables con la máxima severidad. Es acertado el «caiga quien caiga» del jefe del Ejecutivo, como también se entiende que defienda su honor ante las palabras lanzadas por uno de los implicados, Marco Antonio Navarro, precisamente el 'mediador' que da nombre a la trama.

Pero ese ejercicio de dejar caer quienes se lo merezcan obliga a una profunda reflexión del Partido Socialista y del Gobierno: ¿cómo fue posible que fallasen los mecanismos de control? ¿Cómo se explica que Taishet Fuentes no mereciera seguir como director general de Ganadería en junio pero sí para que su agrupación local socialista lo presentase como candidato a alcalde de Antigua en las elecciones de mayo? ¿Cómo se justifica que alguien como Marco Antonio Navarro, cuyo historial no es un secreto y que era bien conocido en el PSOE precisamente por eso, entrase en los despachos de varias consejerías como si fuera un alto cargo, accediera a expedientes administrativos e intercambiase información reservada con dirigentes de otros departamentos?

Todo eso lleva, por desgracia, a una sensación que acrecienta la preocupación: si no llega a ser por la denuncia de un cargo público -también socialista- que dijo sentirse estafado por Navarro -cuando era cómplice del mercadeo, como acreditan dos fallos judiciales- hoy el mediador seguiría entrando y saliendo de los despachos, Taishet Fuentes continuaría con su vida disoluta justo cuando más apoyo precisaban los ganaderos, Juan Bernardo Fuentes estaría invitando a más empresarios a visitar el Congreso para luego acabar en clubes de alterne con ellos pagando las facturas, y nada menos que un general de la Guardia Civil seguiría exigiendo supuestos pagos en sobres porque así no quedaba huella de la especie de pensión suplementaria que buscaba para su jubilación.

Lo único bueno, por tanto, de este caso es que afloró y que la jueza, la Policía Nacional y la Guardia Civil llevan meses de concienzudo trabajo. Mantener la presunción de inocencia es una exigencia democrática incuestionable; como también lo es exigir a quienes asumen funciones públicas la presunción de ser vigilantes sobre lo que sucede a su alrededor.

Canarias no se merece este bochorno de escala nacional y el daño está hecho. Pero es que estamos, como advierten, los investigadores a la jueza, «ante la punta del iceberg» de una trama que mina la «credibilidad democrática» por la relevancia de los personajes implicados. Por eso mismo, ojalá el iceberg se derrita pronto y la porquería (presunta) salga a flote. Porque estamos hablando de auténtica porquería.