Contra los actos y las palabras propias

Con ello, Pedro Sánchez se asegura los votos de Ana Oramas y María Fernández, que no son imprescindibles en la matemática parlamentaria actual en el Congreso, pero que al parecer son relevantes para el Gobierno por cuanto le permiten presumir de unos apoyos que van más allá de lo que hicieron posible la investidura presidencial.

En cuanto a CC, nadie discute el derecho de ese partido a jugar sus cartas parlamentarias, como tampoco nada impide subrayar que estamos ante una nueva incoherencia: la misma Coalición Canaria que sacaba pecho argumentando que no ayudaría a un Gobierno sustentado en partidos que quieren quebrar la unidad de España, a las primeras de cambio se convierte en aliado de Sánchez en la ley más importante de cada año.

Estos vaivenes a seis meses de las elecciones de mayo de 2023 son significativos. Si el PSOE canario no se plantea lo ocurrido como un ensayo de una posible alianza de gobierno para el año entrante, hará bien en preguntar en Ferraz y en Moncloa si allí están abriendo el camino para ese pacto, en un intento de minimizar los daños electorales que se intuyen en las filas socialistas. Por el lado de los nacionalistas de CC, es evidente que, tras una legislatura en la oposición en las islas, ansían tocar poder a toda costa, ya sea actuando contra sus propios actos y sus palabras, o bien dejando en la estacada al Partido Popular, al que han hecho llegar que son su aliado preferente y del que se desmarcan a las primeras de cambio.

En cuanto al contenido de lo acordado, la improvisación en lo relativo al descuento del 100% en el transporte por carretera ha quedado en evidencia con la reacción de los cabildos y las empresas del sector. Se podrá discutir la conveniencia o no de la gratuidad de los bonos, pero sobre lo que no hay margen para el debate es el hecho de que esa medida obliga a una planificación para evitar el deterioro en la calidad del servicio y, finalmente, el colapso del mismo. Las empresas demandan más vehículos y más conductores, una solución que no se improvisa a mes y medio de la llegada de 2023, pero es que, además, la inversión precisa para ello se ve condicionada por la duda sobre la extensión temporal de esa gratuidad: ¿la va a mantener el Gobierno central cuando acabe el conflicto en Ucrania y se controle la inflación? ¿O la gratuidad al 100% será perpetua? A esto se añaden los efectos colaterales de otros sectores afectados que ya reclaman medidas compensatorias, como el del taxi, profesionales que, por su parte, se ven abocados a reclamar una subida de tarifas ante el aumento de los costes y que ahora temen perder clientela ante unos viajeros que podrán subirse a la guagua sin pagar con solo estar en posesión del bono correspondiente.

Respecto a la medida anunciada para La Palma, tampoco nadie discute la necesidad de ayudas a esa isla y de mayor agilidad en la tramitación de las mismas, pero tiene difícil defensa una rebaja generalizada en el IRPF que afecta por igual a los que sufrieron los estragos del volcán que a quienes, siendo residentes en la isla, no han tenido merma alguna en sus ingresos.

Estamos, en suma, ante el claro ejemplo del cortoplacismo preelectoral y, en paralelo, la estrategia postelectoral. Dos partidos que se dicen adversarios y que pactan contraviniendo sus propios postulados y pensando en que a mayo de 2023 se puede ir con las cartas marcadas.