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El reciente fallo de un juzgado de Las Palmas condenando a la compañía Orange a indemnizar a un cliente tras haberle sometido durante meses a un acoso permanente, después de haberse dado de baja, hace por fin algo de justicia ante los abusos y el maltrato al que someten las compañías de telefonía móvil a los ciudadanos.
Sin embargo, resulta a todas luces insuficiente. El juez decidió imponer a la compañía una condena de 900 euros que para estos gigantes s es 'peccata minuta' frente a abusos que se extienden a miles de personas y que llegan a amargar la vida del ciudadano ante la incapacidad de poder hacer valer la verdad y acabar con los pagos indebidos.
El ciudadano rescinde el contrato y entrega los aparatos y así todo, la compañía sigue pasándole facturas por un servicio que ya no está prestando. Es increible. Cuando uno trata de hablar con ellos es imposible mientras en las tiendas no se hacen cargo de nada. Los ciudadanos quedan a su merced y sin posibilidad de hacer valer ningún tipo de derecho.
Muchos afectados, agobiados por la situación, optan por dejar de pagar lo que se les reclama y devolver los recibos pero ésta, desde luego, no es la solución. El ciudadano aparece en los ficheros de morosos -cuando no lo son- y pueden sufrir un rechazo si van a pedir un crédito, al tiempo que las compañías tienen la fórmula para perseguirte y cobrar aunque sea vía judicial lo que te reclaman. Es una situación realmente injusta y llama la atención la escada protección que la administración brinda al ciudadano frente a estos abusos.
El fallo es bienvenido pero lamentablemente no creo que vaya a haber un cambio sustancial en el 'modus operandi' de esta compañías.
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